Centroamérica, una fábrica de presidentes bajo sospecha

De 32 hombres y mujeres que gobernaron entre 1990 y 2010 en la región, hay 13 sospechosos de beneficiarse en el poder

El expresidente salvadoreño Francisco Flores, en 2005

El expresidente salvadoreño Francisco Flores Pérez unió su nombre a los de otros antiguos mandatarios constitucionales y gobernantes de facto de Centroamérica que fueron denunciados por supuestos actos de corrupción. De 32 hombres y mujeres que gobernaron en los seis países centroamericanos entre 1990 y 2010, hay 13 que están o estuvieron cuestionados por presuntos hechos irregulares y uno—el guatemalteco Alfonso Portillo Cabrera—ya fue extraditado a Estados Unidos y está preso por "lavado" de dinero y otros cargos.

El historial de los presidentes y dictadores en el istmo en los últimos 35 años es desigual. Hay políticos con prestigio y otros  desde el costarricense Oscar Arias Sánchez, que acumula títulos de honoris causa de universidades de América, Europa y Asia y es uno de los más prestigiosos del área, hasta el general guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio en su régimen despótico de 1982 y 1983, o el nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, heredero de una dictadura instalada en 1934, derrocado en 1979 y asesinado de un ataque con bazuca en Paraguay en 1980.

La crisis judicial con políticos o militares que llegaron al poder por vías legales o ilegales ha sido una constante en los últimos años y el más reciente caso es el de Flores, quien gobernó de 1999 a 2004. El pasado primero de mayo, y en el desenlace de más de de seis meses de tensiones judiciales, la Fiscalía General de El Salvador le acusó de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares y ordenó su captura. El 9 de mayo, la Policía Internacional (Interpol) lanzó una difusión roja para solicitar la detención de Flores en alguno de sus 190 países asociados y colocó la fotografía del ex –mandatario en su página en Internet.

En medio de versiones sin confirmar difundidas por medios regionales de que se esconde en República Dominicana o Panamá, Flores está en el centro de una tormenta que sacude a la política salvadoreña como implicado en la presunta manejo ilícito de más de 15 millones de dólares en donativos del Gobierno de Taiwán, primero como candidato presidencial del entonces gobernante (y ahora opositor) partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de El Salvador y luego como Presidente de esa nación, y que jamás ingresaron a los recursos públicos y quedaron en cuentas privadas. El Gobierno de Estados Unidos ha aportado documentación que confirma que operaciones sospechosas de Flores fueron detectadas en un banco estadounidense.

"La gente está con mucha expectación, a ver si de veras se va a actuar como tiene que ser o si será simplemente una cosa ilusoria", dijo el arzobispo de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chaves. "En otros países esto (aplicar la justicia) es totalmente normal y aquí es algo novedoso. Hay una cosa positiva, que es el esfuerzo por que la ley se vaya respetando", añadió.

Apellidos famosos

Acorralados en denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, "blanqueo" de capitales, venta de favores o contrabando de seres humanos, herederos de viejos e influyentes apellidos de la política regional han enfrentado escándalos que estremecieron a las frágiles estructuras institucionales del área.

Un caso que no llegó a tribunales fue el de Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua desde 2007 pero que primero ejerció de 1985 a 1990. Ortega asumió el poder como jefe de una junta en 1979, cuando la entonces guerrilla sandinista derrocó, vía armada, a la dictadura somocista, y lo perdió en 1990 en elecciones. Al salir del gobierno, en Nicaragua se destapó "La Piñata": antes de ceder el poder, jerarcas sandinistas se repartieron mansiones de lujo, tierras, empresas, cuentas bancarias, fincas, cooperativas, automóviles y emergieron como los nuevos millonarios de ese país.

A tribunales sí llegó Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de 1997 a 2002. En diciembre de 2002, Alemán fue condenado a 20 años de cárcel por "lavado" de dinero y otros delitos, como pagar alhajas y lujos para su esposa y parte de su luna de miel, en un paseo alrededor del mundo, con una tarjeta de crédito del gobierno de Nicaragua, en un caso por 100 millones de dólares. En un pacto Alemán-Ortega, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le sobreseyó en 2009.

Enrique Bolaños Geyer, presidente de Nicaragua de 2002 a 2007, también estuvo cuestionado por donaciones taiwanesas, por el uso de cuentas en el exterior para movilizar más de un millón de dólares en la campaña electoral de 2001 y acusado del tráfico de 159 inmigrantes chinos, pero por su condición de expresidente goza de inmunidad porque es diputado por ley ante la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Rafael Leonardo Callejas Romero, presidente de Honduras de 1990 a 1994, fue denunciado en 1994 y 1995 por presunto abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, porque un fondo para importar petróleo habría sido desviado hacia sus gastos personales, por supuesta complicidad en la venta ilegal de la nacionalidad hondureña a chinos y por fraude en un plan habitacional. A inicios de este siglo fue absuelto, cuando los procesos empezaban a prescribir.

José Manuel Zelaya Rosales, quien asumió la presidencia de Honduras en 2006, fue depuesto en 2009 y acusado en 2010 por el Ministerio Público de fraude y falsificación de documentos públicos, entre otros hechos de supuesta corrupción. Las denuncias fueron archivadas como parte del arreglo político que condujo en 2011 a su retorno a Honduras.

A partir de 2004, los presidentes costarricenses Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), José María Figueres Olsen (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) estuvieron en el corazón de escándalos por presuntos actos ilícitos. Calderón y Rodríguez permanecieron presos varios meses y aunque fueron condenados por diversos delitos, quedaron absueltos en instancias superiores, mientras que a Figueres nunca se le acusó, pero se autoexilió en Madrid de 2004 a 2011.

A Ernesto Pérez Balladares, quien gobernó Panamá de 1994 a 1999, el Ministerio Público de su país le abrió en 2009 un proceso por supuesto "blanqueo" de capitales, porque en 1996 habría recibido dinero de Lucky Games, empresa española de casinos que obtuvo una concesión para operar nueve salas de máquinas tragamonedas, entre otros negocios. En 2011 fue absuelto.

Mireya Moscoso Rodríguez, gobernante panameña de 1999 a 2004 y famosa por el lujo de su vestimenta y sus joyas, quedó atrapada en un lío al dejar el cargo. La poderosa mujer habría utilizado dinero público para pagar sus caprichos de ropa y alhajas y fue indagada por presunto uso irregular de 45 millones de dólares donados por Taiwán a Panamá y controlados por una fundación controlada por elementos de confianza de Moscoso. No obstante, la exmandataria ha logrado sortear las acusaciones por esos y otros cargos.

Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala de 1991 a 1993, está asilado en Panamá desde que fue depuesto en 1993 luego de que disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, y tiene una orden de captura en su contra, pues se le acusa en su país de peculado o malversación. En Panamá, y al amparo de gobiernos panameños, ha consolidado sus negocios, pero sin que se concrete su entrega a Guatemala.

Uno de los casos más impactantes es el del guatemalteco Portillo Cabrera, gobernante de Guatemala de 2000 a 2004, receptor de dineros de Taiwán y, al ser extraditado en 2013 a Estados Unidos bajo acusaciones de "blanqueo" de 70 millones de dólares, se convirtió en el primer ex–presidente de América Latina y el Caribe que es encarcelado en prisiones estadounidenses. En su gestión, según la Fiscalía de Nueva York, Portillo convirtió a la presidencia de Guatemala en su "cajero automático". Su práctica pareció ser emulada por algunos de sus colegas de la zona.