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Costa Rica reconoce que el narco se ha inflitrado en su sistema judicial

La detención de una juez por un presunto soborno desata una investigación para conocer la influencia real del crimen organizado

Las autoridades judiciales de Costa Rica han tenido que enfrentarse a un panorama que creían que les era ajeno: la sospecha de que una juez de la provincia caribeña de Limón cobró casi 40.000 dólares de un narcotraficante para dejarle libre. La implicada ha sido detenida. Y las instituciones judiciales de este país, que hasta ahora se creían fuertes – han visto cómo se evidenciaba que el crimen organizado se ha colado en el Poder Judicial y cómo ya ha llegado a gobiernos locales y policías.

La Corte Plena del Poder Judicial, el máximo órgano de una estructura que se considera aún sana en términos generales, ha activado la alerta. Para enfrentarse a la situación ha convocado una sesión extraordinaria que tiene como fin abrir una investigación que diagnostique si el caso de la juez limonense es un incidente aislado o la prueba de una corrupción enraizada en el sistema, algo que ahora prefieren descartar.

El narcotráfico ha empezado a filtrarse, pero no ha tomado al Poder Judicial; son casos aislados”

Fiscal general de Costa Rica

“En una dimensión que todavía se puede afrontar, el narcotráfico está penetrando en el Poder Judicial”, dijo a la prensa local el magistrado Paul Rueda, uno de los 22 miembros de la Corte Plena. El objetivo es tener en 30 días un informe útil para plantear reformas que ahuyenten al crimen organizado, en especial al narcotráfico que suele cruzar por este país centroamericano en su ruta desde el sur hacia Norteamérica.

“El narcotráfico ha empezado a filtrarse, pero no ha tomado al Poder Judicial; son casos aislados”, ha advertido el fiscal general de la República, Jorge Chavarría. El jurista ha propuesto algunas medidas que podrían impulsarse según los resultados del diagnóstico. Supuestamente, el impacto del crimen organizado en Costa Rica es menor que en el resto de países de la región.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aplaudió la semana pasada la investigación que han planteado los magistrados. “No hay ámbito alguno que esté exento de la posible intervención del crimen organizado y del narcotráfico. Tenemos la obligación de que esos flagelos no terminen degradando las instituciones fundamentales para la conducción de la República”, ha contestado Solís. El recién estrenado presidente ha prometido dar continuidad a las políticas de seguridad de su antecesora, Laura Chinchilla, que logró atenuar la preocupación popular sobre el crimen.

Algunas de las posibles soluciones planteadas por los magistrados pasan por crear jueces especializados en organizaciones criminales, hacer revisiones periódicas de los funcionarios, aumentar las rotaciones de sus cargos y extremar sus nombramientos. Mientras, en la prensa local circula la fotografía de la juez capturada, con la cabeza cubierta por un abrigo que le facilitaron los policías judiciales. Para algunas autoridades, su detención es la prueba de que funcionan los controles; para otros, el ejemplo de que la mano criminal de las organizaciones superó ya esos controles.

En los últimos cinco años se han conocido varios casos de funcionarios judiciales que alteraban pruebas en juicios contra miembros de bandas narcotraficantes de México y de Colombia. Fueron detectados en San José y en la zona sur del país, una de las regiones más golpeadas por los grupos criminales.

La juez 40.000 dólares a un hombre acusado de traficar con cocaína para que quedara en libertad antes de su juicio

La juez capturada la semana pasada habría cobrado 20 millones de colones (40.000 dólares) a un hombre acusado de traficar con cocaína para que quedara en libertad antes de su juicio, pero el sospechoso huyó del país. El detenido era uno de los narcotraficantes más reconocidos de Limón, según las pesquisas. La juez, de 62 años, estaba a punto de jubilarse. La provincia caribeña es el principal territorio de disputa de bandas criminales ligadas al tráfico de drogas. La cercanía con la porosa frontera sur (con Panamá) y con el mar Caribe, además de las condiciones de bajo desarrollo social - a pesar del empuje de la industria turística – convierte la zona en un lugar anhelado por el narco.

La tasa de homicidios en la provincia ronda los 18 por cada 100.000 habitantes, casi el doble del indicador nacional. Muchos de estos asesinatos son producto de venganzas entre grupos que se disputan territorios, rutas o alijos de cocaína. Esos mismos grupos pretenden infiltrase en las policías y el aparato judicial, ha explicado a este diario el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, quien se ha desempeñado como fiscal judicial en la provincia. “Hemos dejado espacios sociales que el crimen organizado aprovecha. Una vez que entra, intenta hacerlo también a las instituciones que le garanticen su permanencia o crecimiento”, ha explicado Gamboa sobre la provincia.

“No es la primera vez que se detiene a un juez, a un fiscal o a un policía. Tenemos la capacidad para detectar estos casos, pero necesitamos sentencias condenatorias que impacten en las redes criminales y que inhiban a cualquier funcionario de ser cómplice de ellas”. Las autoridades costarricenses no admiten la posibilidad de que el país pueda caer en los niveles de corrupción de Honduras u otros países de Centroamérica.