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El ministro de Energía de México, en la mira por un conflicto de interés

La izquierda plantea la dimisión de Pedro Joaquín Coldwell por su participación en estaciones de servicio de gasolina de Pemex

Sonia Corona
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell (izquierda) al lado del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell (izquierda) al lado del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.Álex Cruz (EFE)

La participación del ministro mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la propiedad de cuatro estaciones de servicio de gasolina y un depósito de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo han puesto en la mira de los senadores de izquierda que piden su dimisión, acusándolo de sostener un conflicto de interés con la industria energética del país.

Fue el pasado 21 de mayo cuando los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda) denunciaron públicamente que el titular de Energía, su padre, hijos y un sobrino son propietarios de estaciones de servicio de gasolina de Pemex en la isla de Cozumel (Estado de Quintana Roo, sureste del país) que tienen contratos vigentes con la petrolera estatal, al mismo tiempo que el funcionario encabeza el Consejo de Administración de Pemex.

La senadora Dolores Padierna manifestó entonces que Joaquín Coldwell podría emplear información de la petrolera estatal para beneficiar sus negocios familiares y que viola la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. “Los negocios del titular de la Secretaría de Energía provocan un serio conflicto de interés”, señaló la legisladora. El grupo parlamentario ha presentado una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para pedir que se investigue y sancione al secretario.

Joaquín Coldwell ha salido este jueves al paso de las acusaciones y aunque ha admitido que posee una participación accionaria en los negocios de su familia, ha negado que como secretario de Estado haya favorecido intereses particulares. En una rueda de prensa, el titular de Energía explicó que desde la década de los años 40 su familia ha participado en el negocio de la venta de gasolina en su natal Quintana Roo y que sus derechos al frente de estos fueron adquiridos en la década de los 90.

“Declaro enfáticamente, que ni yo, ni ningún miembro de mi familia hemos sido contratistas de servicio u obras de Pemex”, mencionó. Además, aseguró que los señalamientos de los legisladores de izquierda son una “campaña mediática de mentiras para desprestigiar la reforma constitucional energética”. Las dos cámaras del Congreso mexicano están por discutir la reglamentación de la reforma energética el próximo mes de junio.

El titular de Energía ha pedido a la Secretaría de la Función Pública desvelar sus declaraciones patrimoniales de los últimos dos años -- los que ha estado al frente del despacho-- para comprobar que no ha intervenido en decisiones que favorezcan los negocios de su familia. “No he intervenido en asuntos personales y familiares como consta en los 174 acuerdos del Consejo de Administración de Pemex Corporativo”, escribió el secretario en su cuenta de Twitter.

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El negocio de la gasolina, en el que Joaquín Coldwell y su familia participan, es uno de los principales temas de debate en la reforma energética. La propuesta del Ejecutivo, que se evalúa en el Congreso, propone que el único hidrocarburo que se abrirá gradualmente a la inversión privada será el de las gasolinas. “El único punto donde la apertura no va a ser total, sino va a ser gradual y la vamos a ir implementando en el tiempo, es la venta al público de las gasolinas", dijo el secretario el 30 de abril cuando se anunció la propuesta de Peña Nieto. Actualmente las estaciones de gasolina de todo el país son asignadas a particulares a través de contratos celebrados únicamente con Pemex donde se ofrecen los combustibles a precios fijados por el Estado.

El episodio recuerda cuando en 2008 el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue señalado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por tráfico de influencias por contar con participaciones accionarias de una empresa de transporte de combustible en el Estado de Campeche mientras se desempeñó como miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y subsecretario de Electricidad. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados lo liberó de las sospechas, pero ni él -que falleció en un accidente aéreo ese mismo año-- ni el Gobierno mexicano recuperaron la confianza de la opinión pública.

El texto vigente de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 47 y 88 estipulan que los funcionarios públicos deben abstenerse de participar en actividades que puedan representar conflicto de interés con el cargo al que fueron asignados. “[Deben] excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, se lee en la ley.

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Sobre la firma

Sonia Corona
Es la jefa de la redacción de EL PAÍS en México. Cubre temas de Política, Economía, Tecnología y Medio Ambiente. Fue enviada especial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU. Trabajó en Reforma y El Huffington Post. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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