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Deportaciones de EEUU y México a Centroamérica: fin y reinicio del sueño

La masiva migración de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños a suelo estadounidense genera miles de millones de dólares a Honduras, Guatemala y El Salvador en remesas

Un grupo de hondureños deportados desde EE UU camina por la pista del aeropuerto de Tegucigalpa.
Un grupo de hondureños deportados desde EE UU camina por la pista del aeropuerto de Tegucigalpa. Cortesía del periódico La Tribuna, de Honduras

Largas filas de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños deportados desde Estados Unidos atiborran los aeropuertos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Una escena similar se registra en los puestos de la frontera entre México y Guatemala, donde el grito de cualquier transeúnte de que “¡viene la María Félix!”, rompe las rutinas cotidianas y anuncia que se acerca el autobús que transporta a los centroamericanos que son expulsados de suelo mexicano.

Aunque es el final de uno o de muchos intentos por cruzar México para instalarse, legal o ilegalmente, en Estados Unidos, la deportación también marca un reinicio de planes. Tras ser repatriados, gran número de centroamericanos se reorganizan para lanzarse, una vez más, a una peligrosa travesía terrestre por trillos mexicanos rumbo al ansiado territorio estadounidense, con el riesgo de caer atrapados en redes de delincuencia que les pueden hundir en trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, en narcotráfico o en otras modalidades del crimen organizado.

“La contención del flujo migratorio no se va a resolver con medidas draconianas, drásticas, de Estados Unidos. Eso es imposible”, advirtió el hondureño Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras, el más antiguo foro de análisis político de esa nación.

Meza explicó, en una entrevista con EL PAÍS, que un promedio de 250 hondureños emigra al día de Honduras y solo tres de cada 10 entran a Estados Unidos. “Si de 10 hondureños, tres logran entrar, los otros siete, o se quedan clandestinos en México esperando una oportunidad para volver a entrar, o son capturados por las autoridades mexicanas y devueltos a Honduras. Algunos logran evadir la repatriación y se quedan clandestinos en Guatemala para, de nuevo, reintentar el ingreso a México y luego a Estados Unidos. O sea, es un ir y venir”, narró.

“La única forma de manejar el problema de los grandes flujos es con una política migratoria de Estado, que no existe, y basada en el principio de que la migración no es un delito, es un derecho humano, y, por lo tanto, pertenece a la agenda del desarrollo y no a la agenda de la seguridad, que es como lo ven Estados Unidos, México y Centroamérica”, afirmó. Un segundo elemento, subrayó, es que la migración debe ser regulada y pactada entre el país emisor y el receptor.

Otros aspectos esenciales para detener los flujos, aseveró, son crear oportunidades de “vida digna” en los países y que parte de las remesas familiares que ingresan a diario a las economías de Honduras, Guatemala y El Salvador, principales generadoras de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos, sean reinvertidas en proyectos que generen empleo y reduzcan las corrientes migratorias.

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Dinero y migrantes

Colocados entre los más violentos del mundo, los tres países son grandes expulsores de ciudadanos que emigran por falta de opciones económicas o por la inseguridad. Pero los tres también alimentan otra ironía: sus economías dependen en gran parte del dinero que esos mismos ciudadanos arrinconados y obligados a emigrar, envían a sus parientes.

Las remesas aumentaron de 11.65 millones de dólares en 2012 en ese grupo de naciones conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica, a 12.299 millones de dólares, según cifras de los bancos centrales de los tres países. Guatemala es el principal receptor, al pasar de 4.782 millones de dólares en 2012 a 5.105 millones en 2013, seguida por El Salvador, que aumentó de 3.910 millones en 2012 a 3.969 millones al año siguiente. Honduras captó 2.958 millones en 2012 y 3.225 millones en 2013.

Los ingresos representan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, el 16% del PIB de El Salvador y cerca del 17% del PIB de Honduras.

Bajo este escenario, el trío de naciones considera urgente que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria o detenga las deportaciones. La promesa de reforma fue hecha desde 2007 por el entonces presidente George W. Bush y luego por su sucesor, Barack Obama, pero sigue en el rango de los planes, mientras prosiguen las deportaciones.

“Para muchos, la deportación es el fin de una inversión que se termina y aunque algunos lo volverán a intentar, también desanima, porque cada vez es más caro el paso a Estados Unidos y hay más problemas”, dijo a El País la guatemalteca Carmen Rosa Escribano de León, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.

Con la deportación, la ironía se prolonga: los que son repatriados regresan a una economía y a un sistema en el que tampoco van a encontrar como ubicarse. “Tampoco hay una inversión extraordinaria o cooperación de Estados Unidos para generar puestos de trabajo que podría ser una línea para evitar la masiva emigración. Los deportados producen una carga en la economía local”.

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