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Argentina amplía las facilidades para jubilarse

El Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para que 470.000 adultos reciban su pensión, pero restringe el beneficio a los de menores ingresos

Argentina es el segundo país latinoamericano con mayor cobertura del sistema de pensiones, después de Bolivia, y busca convertirse en el primero. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que enviará al Congreso un proyecto de ley que amplía el plan de facilidades de pago de deudas con la Seguridad Social para que mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65 puedan jubilarse. En el Parlamento el kirchnerismo domina ambas cámaras, pero además ya había proyectos de la oposición que reclamaban que la moratoria jubilatoria vigente desde 2005 se extendiera.

Hace nueve años, el entonces presidente de Argentina y esposo de Fernández, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), impulsó una ley por la que se podían jubilar aquellos que carecían de los 30 años necesarios de contribuciones a la Seguridad Social mediante una quita de la deuda anterior a 1993. Los beneficiarios pagaban lo que debían en cuotas fijas, pese a la inflación que en 2005 ya superaba el 10% y que a partir de 2007 se elevaría por encima del 20% anual. Es así que unos 2,8 millones de argentinos pudieron jubilarse. Hace nueve años, solo el 66% de los adultos en edad de retirarse tenía pensión. Ahora, el 93,8%, un nivel solo superado en la región por Bolivia (96%), donde el Gobierno de Evo Morales generalizó las pensiones aunque con una suma de dinero mucho menor que la de Argentina. En la tercera economía latinoamericana, la jubilación mínima asciende a 338 dólares mensuales y la cobran tres cuartos de los pensionistas. El objetivo de Fernández es que la cobertura alcance al 99%, es decir, que unas 470.000 personas se incorporen al beneficio.

El proyecto consiste en que los aspirantes a la pensión puedan recibir también una quita de las contribuciones impagas entre 1993 y 2003, periodo en el que el desempleo alcanzó niveles de entre el 10% y el 25%. La reducción de la deuda alcanzaría al 50% y los futuros jubilados podrían abonarla en 60 cuotas. La diferencia con el plan de 2005 es que ahora las cuotas se actualizarán en la misma medida que las pensiones, es decir, a un nivel parecido al de la inflación, que en la actualidad asciende al 33% anual. Fernández explicó que este cambio apunta a que “no se desfinancie el sistema” y “sea sustentable por sí mismo y que realimente el círculo virtuoso”. De este modo, la jefa de Estado intentó responder a las críticas sobre la presunta falta de sostenibilidad de la Seguridad Social argentina.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó este jueves que la nueva moratoria implicará un coste fiscal de 1.472 millones de dólares. También recordó que la Seguridad Social cuenta con un fondo de ahorro de 49.000 millones.

La nueva medida beneficiará solo a los sectores de menores ingresos. La anterior moratoria había sido aprovechada más por la clase media que por la baja, en parte quizá porque el trámite resulta engorroso y los adultos mayores suelen contratar gestores para hacerlo. El Ejecutivo se comprometió a facilitarlo. Entre el 10% de los más pobres la cobertura subió del 23% a un 51%. “Todavía falta mucho”, reconoció Fernández, que también respondió a las críticas de quienes se quejan de que se beneficia a los trabajadores que no contribuyeron a la Seguridad Social. "El proyecto de ley atenderá a los sectores de mayor vulnerabilidad social porque la anterior moratoria fue abierta y por allí tuvo la jubilación gente que por ahí hasta te critica. Está bien, no hay problema… No sería importante que te criticara, sino que pertenece a una familia que puede mantenerse. Pero tiene jubilación igualmente, porque todo el mundo tiene locura con tener una jubilación o una pensión o algo". El ministro Kicillof recordó que los que no contribuyeron a la Seguridad Social "no se guardaron la plata (dinero), sino que se vieron afectados por el desempleo o el trabajo precario”, es decir, eran o son empleados informales, flagelo que afecta aún a un tercio de los trabajadores en relación de dependencia. El Gobierno busca solo beneficiar con el nuevo plan a los adultos mayores que se encuentren entre el 30% de menores recursos de la sociedad. Para comprobar su condición, la Seguridad Social analizará sus ingresos y patrimonio declarados y sus gastos con tarjeta de crédito.

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