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Venezuela reclama a Interpol la detención de otros tres opositores

La Fiscalía los acusa de participar en un presunto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro

Corina Machado, en una protesta el pasado 8 de junio.
Corina Machado, en una protesta el pasado 8 de junio.Carlos Garcia Rawlins (REUTERS)

El presunto plan para atentar contra la vida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el Gobierno viene desvelando por capítulos desde hace dos semanas, ha servido ya de excusa para llevar a cabo una redada entre dirigentes opositores. Además de la exdiputada María Corina Machado, quien prestará declaración el próximo lunes, la Fiscalía General ha anunciado una orden de captura contra otras tres personalidades opositoras que, según la versión del Gobierno, están vinculados con la conspiración.

Los solicitados son Diego Arria, Pedro Mario Burelli y Ricardo Koesling. Todos, junto a Machado, participan o se mencionan en los correos electrónicos que el Gobierno interceptó y presentó en público como única prueba de la conspiración, en estos se habla de “aniquilar al Maduro”, frase que podría entenderse como una metáfora de su derrocamiento político.

Luisa Ortega Díaz, titular del Ministerio Público y abierta seguidora del chavismo, dio a conocer la decisión durante una entrevista concedida al principal canal de televisión del Estado: “No podemos permitir que se atente contra la vida de funcionarios”. Asimismo aseguró que los planes conspirativos amenazan no solo al presidente, sino a otras autoridades.

Burelli —un empresario y cabildero que fue directivo de la petrolera estatal Pdvsa y reside desde hace años en Estados Unidos— estaba citado para declarar el pasado lunes, pero no se presentó. Con este antecedente y dado que la fiscal ha afirmado que existen indicios de que ni Arria ni Koesling atenderán a sus respectivas citaciones para esta semana, el Ministerio Público ha ordenado sus capturas. Además, el organismo judicial ha enviado un boletín a Interpol, la policía criminal internacional, por la sospecha de que se encuentran en el extranjero.

Diego Arria fue gobernador del Distrito Federal (Caracas), ministro de Turismo durante la primera administración (1974-79) del difunto presidente Carlos Andrés Pérez, embajador ante las Naciones Unidas (1989-1993) y presidente del Consejo de Seguridad. Le correspondió enfrentar la crisis de los Balcanes y condujo una misión especial en Bosnia. En las elecciones presidenciales de 1978 se presentó como candidato independiente, y también se postuló en las primarias opositoras de 2012, en las que salió designado Henrique Capriles Radonski para enfrentarse a Hugo Chávez.

Aunque integrado en el seno de la alianza opositora MUD (Mesa de Unidad Democrática), Arria es una voz representativa de la oposición maximalista que propugna vías para acabar con el régimen chavista. Fue expropiado por el Gobierno de Hugo Chávez de su principal predio de producción agropecuaria en el centro del país.

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Ricardo Koesling es un abogado penalista vinculado al anticastrismo y a la oposición radical.

Los ahora fugitivos no tardaron en reaccionar desde sus cuentas de Twitter. Burelli ironizó: “Chequeé mis followers y por ahora no veo a Interpol”. Arria se quejó de la medida desproporciona: “Me citan como testigo y 24 horas antes ordenan mi captura. Si me imputaba, la fiscal al servicio de Cuba ordenaba mi fusilamiento”.

Las solicitudes de detención marcan una nueva escalada en el asedio policial contra la oposición venezolana. Además de María Corina Machado —a quien de manera sumaria la directiva oficialista de la Asamblea Nacional despojó de su fuero de diputada en marzo pasado—, han sido llamados a declarar en los próximos días sobre el supuesto complot para asesinar a Maduro, los dirigentes juveniles Julio César Rivas y Gaby Arellano, así como la abogada y activista de Derechos Humanos Tamara Suju.

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