El arresto de Sarkozy sacude Francia
El expresidente salió en libertad tras ser interrogado por la policía y un juez durante 18 horas
Francia vivió ayer una conmoción; una situación inédita: un expresidente de la República detenido durante horas por la policía para declarar sobre un caso que le compromete penal y políticamente.
A primera hora del martes, el expresidente del Estado Nicolas Sarkozy tuvo que acudir a la oficina de la policía judicial especializada en infracciones financieras y fiscales para testificar sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Apenas 24 horas antes, la misma policía había detenido a su abogado Thierry Herzog y dos magistrados del Tribunal Supremo en relación con la misma causa. Anoche Herzog pasó a la condición de imputado, al igual que uno de los magistrados, Gilbert Azibert.
El expresidente estuvo 15 horas detenido en comisaría ante el estupor general y la indignación de sus seguidores en su formación política, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP). Algunos no dudaron en tachar de “encarnizamiento” el trato que la justicia está deparando a su antiguo líder. Otro declaraba a Le Figaro su temor a que Sarkozy sufriera la humillación de tener que dormir en comisaría.
Su abogado y los dos magistrados del Supremo detenidos el día anterior ya llevaban 24 horas en las dependencias policiales de Nanterre (a las afueras de París) cuando llegó Sarkozy a bordo de un coche de cristales tintados. Entró directamente a un aparcamiento subterráneo. Sometido a la figura jurídica de “garde à vue”, el expresidente puede quedar retenido durante un máximo de 48 horas, plazo tras el cual puede quedar en libertad o ser llevado ante un juez. El mutismo ante la sede de la policía judicial fue total durante el día.
A pesar de que los casos de corrupción acorralan a Sarkozy desde que perdió la presidencia de la República en 2012, la noticia de su detención fue toda una sorpresa. Nunca un expresidente francés se había visto en una situación como esta, si bien ha habido condenas en firme, como la de Jacques Chirac, de dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza durante su época de alcalde de París.
El caso que ha llevado a Sarkozy a la comisaría se inscribe en la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2007 con fondos aportados por el entonces presidente libio Muamar el Gadafi. Gracias a la interceptación del teléfono de Sarkozy y de algunas personas de su entorno, la policía cree que el expresidente, a través de su abogado, que hacía de intermediario, estaba al tanto de los procesos judiciales por corrupción abiertos contra él. Los dos informantes del abogado Herzog serían, en este caso, los dos magistrados detenidos junto a él el lunes por la mañana: Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, que habrían violado el secreto de instrucción. Como contrapartida, el exmandatario francés podría haber intervenido en favor de sus informantes, promoviendo, por ejemplo, el nombramiento de Azibert al cargo al que aspiraba en Mónaco. El tráfico de influencias está penado en Francia con cinco años de prisión y una multa de 500.000 euros.
Además de verificar los presuntos delitos de violación de secretos y tráfico de influencias, la policía comprobó que Sarkozy utilizaba un teléfono móvil clandestino, a nombre de un tal Paul Bismuth, para hablar con su abogado Herzog, que también disponía de un teléfono clandestino.
El portavoz del Gobierno socialista y ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll, destacó ayer que la justicia debe llegar hasta el final y que Sarkozy “es un justiciable como los demás”. Entre los seguidores de Sarkozy, sin embargo, se empieza a considerar que el expresidente no está siendo tratado como el resto y recuerdan que incluso ha habido ministros perseguidos por la justicia a los que no se les aplicó la misma detención en el curso de investigaciones similares.
Hay, en efecto, una celeridad en las diligencias que ha sorprendido a parte de la opinión pública y que ha dado pie a hacer cábalas sobre la casualidad de las agendas judiciales con las políticas. Estas detenciones se producen justo cuando en la UMD hay un cierto clamor para que Sarkozy coja de nuevo las riendas del partido, sumido en una grave crisis por otro caso de financiación ilegal. En esta ocasión se trata del presunto uso de facturas falsas para poder gastar más de lo permitido en la campaña de las elecciones de 2012 que Sarkozy perdió frente a François Hollande. Es el llamado caso Bygmalion, que ha obligado a dimitir de la presidencia, hace solo dos meses, a Jean-François Copé.
Los dos candidatos que aspiran ahora al puesto son François Fillon, ex primer ministro, y Alain Juppé, exministro de Exteriores. Sarkozy podría dejarles fuera de la carrera si decidiera finalmente volver a primera línea de la política, algo que las instrucciones de los casos de corrupción que le acorralan y, muy especialmente, este tropiezo judicial, ponen en peligro. Ambos, en cualquier caso, guardan silencio sobre este asunto.
Una maraña atrapa al ex jefe de Estado
La justicia acorrala a Nicolas Sarkozy y los casos se entrecruzan formando un amasijo, a veces complejo, que ofrece una inquietante imagen corrupta del que fuera presidente de la República francesa entre 2007 y 2012. La mayoría de los casos están relacionados con la financiación irregular de las campañas presidenciales en las que ha estado inmerso, pero no solo. El caso Tapie, por ejemplo, pone en cuestión la indemnización de 403 millones de euros del erario público que el entonces jefe del Estado y su ministra de Economía, la ahora directora del FMI, Christine Lagarde, adjudicaron al empresario Bernard Tapie por el litigio mantenido con el Crédit Lyonnais. En el caso Tapie,los jueces sospechan que el Gobierno de Sarkozy organizó un "simulacro de arbitraje" para favorecer al empresario francés.
El proceso que más preocupaba a Sarkozy, el caso Bettencourt, que indicaba una presunta financiación ilegal a través de aportaciones de la heredera del imperio L'Oréal, quedó archivado por los jueces. Las indagaciones sobre este asunto han conducido, sin embargo, a otros asuntos que la justicia mantiene abiertos.
Es justamente la necesidad de seguir el caso Bettencourt el que le ha valido ahora la detención a Sarkozy, si bien la policía ha llegado a este presunto tráfico de influencias y revelación de secretos judiciales a través de otro asunto de financiación irregular con aportaciones del entonces dictador libio Muamar el Gadafi. El dinero habría sido enviado para colaborar con la campaña presidencial de Sarkozy en 2007, de la que salió victorioso frente a la socialista Ségolène Royal.
El caso Bygmalion es el más reciente. Los jueces investigan si, durante la campaña de 2012, en la que Sarkozy perdió frente a Hollande, se hicieron facturas falsas para poder gastar más de lo debido. Ese caso le ha costado la presidencia de la UMP, el partido de Sarkozy, a Jean-François Copé, que entonces era el jefe de la campaña electoral.
Casos menores son los contratos que el Elíseo suscribió con nueve institutos de opinión durante su mandato sin concurso de licitación, y la investigación sobre los fondos presuntamente irregulares con los que se financió un mitin de Sarkozy en Toulon.
