Los sindicatos franceses boicotean las reformas de Hollande y Valls

La izquierda francesa protagoniza un nuevo enfrentamiento fratricida a cuenta del histórico paquete de reformas lanzado por el presidente François Hollande y las últimas decisiones económicas avanzadas por el primer ministro, el socialista Manuel Valls. En una decisión sin precedentes, la Confederación General de Trabajadores (CGT), el principal sindicato, con más de 800.000 afiliados, anunció su boicot a la Gran Conferencia Social, la tercera en el mandato de Hollande, a la que el Ejecutivo había convocado a 300 sindicalistas y empresarios, así como a los ministros económicos. Fuerza Obrera (FO), el tercer sindicato, se sumó al boicot. El objetivo central de la cita es potenciar el empleo y la formación con medidas que benefician especialmente a las empresas.

El aldabonazo sindical se produce en los días clave para sacar adelante las profundas reformas que dividen al socialismo francés. Se trata de las dos polémicas leyes reformistas -la segunda y más importante se vota este martes en la Asamblea- que incluyen las bases del Pacto de Responsabilidad concebido por Hollande y ejecutado por Valls: un ajuste de 50.000 millones en tres años, que prevé casi 40.000 millones en ventajas fiscales y en cotizaciones para las empresas, frente a unos 5.000 millones de reducciones impositivas para los hogares. Para desarrollar tal programa, el Gobierno cree indispensable contar con un acuerdo global entre los agentes sociales, pero el desequilibrio del plan entre empresas y hogares está originando una creciente fractura en la izquierda de imprevisibles consecuencias.

Lo ocurrido ayer es un importante capítulo más en esa fractura. CGT y FO dejaron clara que la principal diana de su protesta es Valls, a quien acusan de hacer “nuevas cesiones” a la patronal. Por eso, asistieron al discurso de apertura de Hollande el lunes por la tarde y a una reunión previa de dos horas a puerta cerrada con el jefe del Estado, pero anularon su presencia en los debates del martes y, sobre todo, en el discurso de clausura de Valls.

Dos centrales se ausentan del diálogo social convocado por el presidente

Hollande dijo a los reunidos que Francia lleva una década en declive y que las reformas son necesarias. A los sindicatos les pidió que abandonen su actitud de “puja permanente”, y a la UE le exigió la mayor “flexibilidad” posible, sobre todo con países que acometen reformas. En los próximos días, anunció, presentará propuestas para que haya un mínimo impuesto común de sociedades en Europa y un salario mínimo europeo

El plantón de los dos sindicatos culmina una semana de pulsos planteados a Valls por empresarios y sindicatos, que hasta el momento se ha decantado a favor de los primeros. El 29 de junio, ocho patronales difundieron una carta conjunta en la que exponían sus condiciones para participar en el diálogo social. Además de exigir la rápida puesta en marcha de las dos leyes reformistas -la primera aprobada el pasado 1 de julio-, las organizaciones empresariales reclamaban el retraso en la aplicación de algunas ventajas para adelantar la jubilación de los empleados con trabajos penosos.

Tres días después, Manuel Valls anunció que esas ventajas entrarán en vigor a partir de enero de 2016, y no de 2015, que era lo pactado con los sindicatos. Debido a esa rectificación, varios cientos de trabajadores verán retrasado su paso al retiro. La patronal Medef (Movimiento de las Empresas de Francia), la más importante del país, anunció enseguida su presencia activa en la Conferencia Social, pero, para la CGT, esa cesión de Valls fue “una verdadera provocación” y “un desafío”, en palabras de su secretario general, Thierry Lepaon, porque el primer ministro la hizo a pocos días de la conferencia social y sin aviso previo a los sindicatos. Como respuesta, el principal sindicato francés advirtió que su participación en la conferencia quedaba en el aire.

La CGT daba así margen a Valls para rectificar, pero afirmó que “no había marcha atrás”. Por eso, el sindicato solicitó por carta la intermediación de Hollande, a quien le recordó la necesidad de mantener los pactos en un momento tan crispado. El jefe del Estado respondió con otra carta, desvelada por Le Monde, en la que afirmaba: “Mi concepción del diálogo social, al igual que la del primer ministro, se basa en el respeto al conjunto de los agentes sociales”.

Las reajustes del primer ministro son el principal objetivo de la protesta

“La respuesta de Hollande no nos tranquiliza”, contestó en público la CGT al anunciar su disposición a boicotear el diálogo social. Fuerza Obrera se sumó de inmediato. “Cuando el Gobierno habla sin cesar de diálogo social y, a la hora de la verdad, no dialoga con los sindicatos, deja clara su posición”, comentó el líder de FO, Jean-Claude Milly, horas antes de la conferencia. Su organización, añadió, no se sentirá comprometida con lo que acuerde la conferencia.

La patronal, entre tanto, observa expectante este nuevo desgarro en las filas socialistas a cuenta de las reformas y carga contra los sindicatos. “Nos acusan de rechazar el diálogo social y, a la vez, los sindicatos bloquean toda Francia con la huelga de ferroviarios o las conexiones con Córcega con la de los marineros”, argumentaba al comentar el boicot Jean-François Roubaud, el líder de Medef.

Pero el desaire de los sindicatos no es tanto contra la patronal, a quien oficialmente culpan en el Partido Socialista de lo ocurrido, sino contra Valls. El primer ministro, que cumple ahora cien días al frente del Gobierno, no está dispuesto a ceder lo más mínimo. Lo repitió el domingo en una comida campestre con socialistas en Vauver, al sureste del país. “El momento ha llegado”, les dijo. “Los franceses esperan que el Gobierno actúe sin dilación, aunque eso pueda perturbarles. Sí, la reforma puede crear desequilibrios, pero va a poner a este país en marcha”.

Mientras la izquierda sufre desgarro tras desgarro por las reformas, el principal partido de la oposición -la centrista Unión por un Movimiento Popular (UMP)- asiste en silencio al espectáculo. Bastantes problemas internos tiene ya el partido, acosado por los casos de corrupción, sin líder (lo dirige un triunvirato) y arruinado (a la espera de una auditoría, su deuda puede llegar a 80 millones). En las últimas horas, ha conocido dos nuevos reveses: la UMP pagó hasta 24.000 euros en billetes de avión de la esposa del anterior y dimitido líder, Jean-François Copé, y se investiga si la sanción de 363.000 euros que debió pagar Nicolas Sarkozy por superar los gastos de campaña en 2012 los aportó él o el partido.