Con sus chivas a otra parte

Vive en Medina, barrio de los más violentos de San Pedro de Sula en Honduras, una de las ciudades con la mayor tasa de homicidios en el mundo. A sus 16 años, a JJM le llegó la noche con la presión de la mara Salvatrucha. En un caso más de reclutamiento forzoso, lo intimaban a él y sus hermanos a pasar a la acción. De resistirse o denunciar el hecho, el precio a pagar sería su propia vida y la de su familia. JJM, su madre y su hermano (de 14 años), optaron, entonces, por mudarse a otra zona —también pobre— de la ciudad, lejos de ese peligroso rincón de Medina, en la esperanza de alejarse de la garra mortal de los Salvatrucha.

Estos son algunos de los nuevos acentos en las corrientes migratorias desde el ojo de la tormenta, el llamado Triángulo norte de los países centroamericanos (Honduras, El Salvador y Guatemala). Allí la cosa está que arde por el aumento del crimen organizado y el pandillaje de las maras. Esto está gatillando desplazamientos de jóvenes dentro de su propio país o al extranjero para escapar de una violencia criminal sin precedentes.

La impresionante ola de niños migrantes hacia EE UU en los últimos meses —estimulada por traficantes de personas cuyos negocios andaban de capa caída— que llama tanto la atención es, sin embargo, sólo la punta del iceberg, sólo un árbol de un bosque con tres ingredientes. Primero, el aumento sostenido de las solicitudes de asilo de personas del Triángulo norte: un 130% más en los últimos cinco años. El contexto: el crecimiento exponencial del crimen organizado y la violencia. En lo que va del año, en El Salvador han sido asesinados ya más de mil jóvenes de menos de 23 años (en un país de sólo ocho millones de habitantes). Mientras las cifras de emigración casi no se movían en Nicaragua, el país notablemente más pobre de la región, la gente salía de países con un PBI per cápita mucho más alto pero alta criminalidad: El Salvador (un 137% más); Guatemala (un 59% más) y Honduras (un 27% más).

Segundo, la apertura en el abanico de países de destino. EE UU sigue siendo el principal de los que salen del Triángulo, pero en el último lustro se ha multiplicado por siete el número de quienes buscan asilo en México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Tema, pues, que impacta en toda la región.

De continuar los desplazamientos internos a ese ritmo, en El Salvador, en 10 años el 20% de la población estará en esa condición, algo inédito en América Latina

Tercero, desplazamientos internos en proporciones ni siquiera comparables a los conflictos internos de fines del siglo pasado. En El Salvador, por ejemplo, las proporciones en los desplazamientos del último año es en dimensiones muy superiores a los peores momentos de la violencia del conflicto interno en Colombia. Se estima que en el último año el número de desplazados salvadoreños fue de 130.000 personas (2,1% de la población nacional). En los años más violentos en Colombia esa proporción nunca rebasó el 1% de la población anual. De continuar los desplazamientos a ese ritmo, en El Salvador, en 10 años el 20% de la población estará en esa condición, algo que nunca ha pasado en ningún país latinoamericano.

Lo delicado es que, por obvias razones, los desplazados internos tienden a invisibilizarse. Al mudarse lo que buscan es irse con sus chivas para desvanecerse, salir de la mira del pandillaje y poder sobrevivir. Por eso, las respuestas humanitarias, asistenciales y de seguridad se hacen más complejas.

Es cierto que la economía y los propósitos de reunificación familiar ocupan un espacio prevaleciente en la emigración. Pero la explicación central del salto en el número de gente joven yéndose con sus chivas a cualquier otra parte está en la inseguridad. Esto tiene profundas implicancias prácticas y jurídicas en lo que deben hacer los Estados generadores, los de tránsito y los de destino. Porque si la mera migración económica no da calificación de asilado a una persona, distinta es la situación cuando se huye por temor a la violencia y al crimen organizado.

La multicausalidad de las migraciones hace iluso que éstas cesarán reforzando los controles o expeditando deportaciones. Como acaba de decir el Papa, se debe apuntar a “nuevas formas de migración legal y segura”. Y, ante todo, actuar sobre las causas de fondo, lo que supone enfrentar seriamente el crimen organizado y la violencia. La responsabilidad central es de las autoridades nacionales de los países desgarrados por el crimen y eso no puede ser soslayado. En ese esfuerzo podría concurrir la cooperación externa que, por cierto, tendría que plantearse, en ese contexto, en montos muy distintos de los simbólicos mencionados en la solicitud de aumento presupuestal de Obama al Congreso.