La orden de prisión de 23 activistas en Río desata la polémica

La justicia de Río de Janeiro ha dado un nuevo giro de tuerca en el polémico proceso contra los activistas detenidos en la víspera de la final de la Copa del Mundo. El juez Flavio Itabaiana, del 27º Tribunal Penal, ha decretado la prisión preventiva de 23 participantes habituales en manifestaciones celebradas en Río al considerarlos “peligrosos” por “tener una fuerte actuación en la organización y práctica de actos violentos en las manifestaciones populares”. Según varios colectivos, como la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) o Amnistía Internacional (AI), la decisión del juez atenta contra el derecho a la manifestación pública y representa una grave violación a los derechos y libertades democráticas. Para algunos analistas, la decisión tiene tintes represivos que evocan a la dictadura militar que atenazó a Brasil durante dos décadas.

La nueva orden de encarcelamiento, promovida por la Policía Civil que investiga a los activistas y por la Fiscalía, implica que las cinco personas que aun permanecían presas del grupo de 19 detenidos preventivamente hace una semana bajo sospecha de liderar y promover actos violentos durante la final de la Copa del Mundo continuarán en el complejo penitenciario de Gericinó, conocido popularmente como Bangú. La policía deberá buscar y detener a los otros 18, algunos recién liberados de la detención temporal ordenada el sábado pasado.

En la lista de los 23 están Elisa Quadros, conocida como Sisinho y señalada como máxima líder del movimiento de protesta, Fábio Barbosa Raposo y Caio Rangel Silva, acusados de matar el pasado 6 de febrero al camarógrafo Santiago Andrade, alcanzado por un cohete manipulado durante una manifestación en la Avenida Presidente Vargas de Río. Los 23 responden al delito de formación de banda armada y podrían permanecer en prisión hasta que concluya el proceso judicial.

Según el juez Itabaiana, todos ellos presentan peligrosidad y "en libertad seguramente encuentren los mismos estímulos para la práctica de actos de la misma naturaleza. De esta forma, como la peligrosidad de los acusados pone en riesgo el orden público, debemos proteger, consecuentemente, el entorno social". La decisión contradice la doctrina aplicada por el juez Siro Darlan, de la 7.ª Cámara Penal, que horas antes concluyó que los arrestos practicados en la víspera de la final de la Copa no estaban fundamentados.

Sin embargo, la denuncia, presentada por el fiscal Luis Octavio Figueira Lopes, de la 26 ª Fiscalía de Investigación Penal, sostiene que desde junio de 2013 hasta ahora los acusados se asociaron para practicar en manifestaciones callejeras crímenes como posesión de artefactos explosivos, corrupción de menores, daños básicos y cualificados, resistencia a la autoridad o lesión corporal. Para ello, los 23 hicieron uso de armas, como cuchillos, explosivos, cócteles molotov, hondas y cohetes manipulados para aumentar su daño. Durante las detenciones practicadas hace una semana por la Policía Civil de Río los agentes también aseguran haber encontrado material explosivo en algunos domicilios. La Fiscalía sostiene que estos delitos son promovidos por líderes como Sisinho y practicados por activistas que se refugian bajo la bandera y la estética Black Bloc.

El torrente de condenas a la actuación del juez Itabaiana no se ha hecho esperar. A los duros pronuncioamientos de la OAB, Amnistía Internacional y PT, el pasado miércoles se sumó la queja presentada ante el Consejo Nacional de Justicia por los diputados federales del PSOL Jean Wyllys, Chico Alencar e Ivan Valente, y Jandira Feghali (PCdoB). Los diputados consideran que Itabaiana está actuando con “arbitrariedad y abuso del poder”. Por su parte, el magistrado aseguró que el objetivo de los diputados es intimidarlo.