Los separatistas ucranios confinan los cuerpos de 200 víctimas en un tren
Kiev dice que no puede garantizar la seguridad de los peritos internacionales sobre el terreno
El Gobierno ucranio y los separatistas prorrusos de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) llegaron este domingo a un acuerdo para retirar los cuerpos de las víctimas del Boeing 777 de Malaysia Airlines, derribado el jueves por un misil en el este de Ucrania. Cinco vagones refrigerados y herméticamente cerrados con 192 cadáveres y los restos de ocho cuerpos más a bordo, según datos ofrecidos por las autoridades ucranias, se hallaban este domingo por la tarde en la estación de Torez —a 15 kilómetros del lugar en que se estrelló el aparato— a la espera de obtener luz verde para dirigirse presumiblemente a Donetsk, desde donde se prevé que entregarán los cuerpos a las autoridades ucranias para las pesquisas y la posterior repatriación.
París, Berlín y Londres exigen a Putin exigen a Putin "acceso libre y total" al lugar
El primer ministro de la RPD, el ruso Alexandr Borodái, apuntó la posibilidad de que el tren no saliera de Torez hasta la llegada al lugar de los expertos aeronáuticos internacionales que se encuentran en Kiev y que deben investigar el siniestro. El Gobierno de Ucrania, por su parte, advirtió de que no puede garantizar su seguridad sobre el terreno. Nadie sabía por tanto quién ordenará finalmente la salida del tren, ni en qué dirección.
Según varios testigos que lograron acceder al enclave, vigilado por combatientes prorrusos, ningún cadáver continuaba visible este domingo a mediodía en el lugar donde se estrelló el aparato, entre las localidades de Grabovo y Shajtersk, a unos 85 kilómetros al noreste de Donetsk, pero nadie podía dar razón del resto de cadáveres no trasladados a Torez (el impacto del aparato sobre un campo de Shajtersk diseminó restos humanos y del fuselaje por varios kilómetros a la redonda). Sí parecía estar más clara la ubicación de los instrumentos de registro de vuelo. El jefe de Gobierno separatista de Donetsk afirmó que los rebeldes tienen en su poder “objetos parecidos a las cajas negras” del avión. “Esos elementos están en Donetsk y en mi poder”, señaló Borodái. “No tenemos especialistas para analizarlos y no nos fiamos de los ucranios”, añadió el dirigente prorruso.
Los restos de las víctimas fueron evacuados por especialistas ucranios bajo la supervisión de los observadores de la misión especial de la OSCE, y con la estrecha vigilancia de milicianos prorrusos.
Los miembros de la OSCE pudieron inspeccionar y fotografiar el interior de tres de los cinco vagones, donde se apilaban numerosas bolsas negras que supuestamente contenían los restos mortales. El suizo Alexander Hug, vicejefe de la misión de la OSCE, reconoció que no habían podido contar los cuerpos —“habría sido demasiado difícil en esta situación”, señaló—, por lo que no podían decir con certeza si todos los restos mortales se hallaban en el tren, y asegura que los separatistas limitan a 167 la cantidad de cadáveres en el tren. Michael Bociurkiw, portavoz del equipo, afirmó que era imposible custodiar los cuerpos dentro de los vagones, pues para ello se necesitarían “equipos especiales”. “El hedor es muy, muy fuerte”, agregó. En los vagones podrían hallarse también los 38 cuerpos que los insurgentes reconocieron haberse llevado a Donetsk para su análisis, extremo confirmado este domingo a Efe por un empleado del depósito de cadáveres.
Los prorrusos aseguran controlar "objetos parecidos a las cajas negras"
La demora en el traslado de los cuerpos a un lugar seguro —los combates continuaron este domingo en la provincia de Lugansk e incluso en los alrededores de Donetsk— provocó el enésimo cruce de acusaciones entre las autoridades de Kiev y los rebeldes. “Se quedarán aquí [en la estación de Torez] por el momento, hasta que la cuestión [de qué hacer con ellos] se resuelva. Seguimos esperando a los expertos”, dijo Serguéi Kavtaradze, funcionario de la RPD. Con sarcasmo, otro líder rebelde, Andréi Purguin, presidente del Parlamento de la RPD, apuntó que los investigadores internacionales “deben de estar viniendo a pie desde Kiev”, por el tiempo que tardan en llegar. “Ha sido muy difícil lograr un acuerdo escrito para trasladar los cadáveres (...) y asegurarnos de que no van a decir que somos unos salvajes que hemos dejado a los muertos al sol”, añadió Purguin.
Groisman desmintió que el Gobierno de Kiev haya puesto barreras a los peritos internacionales, ya que no se opone a una investigación cuyo inicio y transparencia teóricamente corresponden al país que ha sido escenario de la tragedia. El viceprimer ministro ucranio, que también preside la comisión estatal para investigar las causas de la catástrofe, dejó a los países de origen de los peritos internacionales la decisión de hacerlos penetrar en territorio rebelde. “Por eso, cada país debe resolver por sí solo si envía allí a los expertos o no”, manifestó, agregando que Rusia tampoco garantiza la estancia segura de los especialistas en el sitio del accidente. Borodái instó el sábado a un alto el fuego en la zona del accidente y a organizar un corredor humanitario para facilitar el acceso de los expertos.
La gestión de la catástrofe, y en especial la descuidada manipulación de los restos mortales, yacentes durante más de dos días al sol a 30 grados de temperatura y apilados luego en vagones de carga, enervó aún más a los Gobiernos occidentales. El presidente francés, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, David Cameron, exigieron este domingo al presidente ruso, Vladímir Putin, que los investigadores internacionales tuvieran “acceso libre y total” a la zona de la catástrofe. De no ser así, “la Unión Europea sacará sus consecuencias”, decía el comunicado conjunto emitido por la presidencia francesa, en alusión velada a la posibilidad de adoptar nuevas sanciones contra Moscú. “Rusia debe comprender que la solución de la crisis ucrania es más que nunca un imperativo tras esta tragedia que ha ultrajado al mundo entero”, añadía.
La Unión Europea amplió el viernes la lista de sanciones impuestas a Rusia por Bruselas desde su anexión de Crimea, en marzo, y que contemplaban la prohibición de acceder a territorio de la UE y la congelación de todos sus activos a 72 personas “implicadas en acciones que comprometen la integridad territorial de Ucrania”.
