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La UE propone sanciones a Rusia que superan los 10.000 millones

Los Estados deberán decidir si cortan la financiación a la banca pública rusa

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Un habitante de Donetsk muestra su casa tras el impacto de un misil, en julio. AP

La Unión Europea (UE) tiene sobre la mesa el primer paquete de sanciones económicas contra Rusia, que harían perder a Moscú 10.000 millones de euros al año. Para Europa, el coste no llegaría a la mitad. Esta es la propuesta de la Comisión Europea que han debatido este jueves los Estados miembros, y sobre la que tendrán que decidir en los próximos días. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, desgrana las medidas de castigo a Rusia por su papel en la crisis ucrania. Bruselas propone impedir el acceso de los bancos públicos rusos al capital europeo, decretar un embargo de armas, dejar de suministrar bienes de uso civil y militar y abandonar la venta de tecnologías clave para sectores sensibles, entre ellos el energético.

Los representantes de los Estados miembros han mantenido este jueves una viva discusión sobre las medidas y han abogado por pasar a esta nueva fase de castigo económico, explican fuentes diplomáticas, aunque la intensidad no está decidida. La medida más dañina para la economía rusa consistiría en impedir que las entidades financieras controladas por el Kremlin (esto es, con más del 50% del capital) dejen de financiarse con dinero europeo. Según datos de la Comisión, el 47% de los bonos emitidos el año pasado por esas entidades los compraron inversores europeos, un porcentaje equivalente a 7.500 millones de euros. Lo que propone el Ejecutivo comunitario es prohibir a cualquier persona o entidad comunitaria invertir en instrumentos financieros con fecha de vencimiento superior a 90 días.

“El impacto en los inversores rusos consistiría en un fuerte incremento del coste de emisión, incluso si eventualmente pudieran encontrar fuentes alternativas en mercados terceros”, explica el texto, que añade que las autoridades rusas, “como dueños mayoritarios de las instituciones afectadas, tendrían poco interés en ver que sus instituciones no pueden pagar sus deudas”. La medida también impactaría en la UE, pero de forma mucho más leve.

Los técnicos comunitarios descartan, en una primera fase, extender estas restricciones a la inversión europea en deuda pública rusa (es decir, a la que emite directamente el Estado para financiarse). Tampoco se vería afectada la deuda de empresas privadas, aunque la Comisión aclara que es “técnicamente posible” ampliar el abanico. En este primer intento, Bruselas intenta aplicar el máximo daño a Rusia con el mínimo coste comunitario, lo que limita mucho el alcance de las medidas.

En el apartado financiero, el documento advierte también de que la efectividad de ese corte de flujos de capital depende mucho de la coordinación con Estados Unidos. Ambos bloques proveen la mayor parte de la financiación que Rusia necesita.

La segunda medida en importancia es el embargo de armas. Rusia exporta a la UE armamento por valor de 3.200 millones de euros, mientras los países comunitarios solo venden a Moscú 300 millones. El asunto más espinoso es qué hacer con los contratos anteriores, una cuestión que “tiene que ser abordada políticamente por los Estados miembros”. Esa cuestión de la retroactividad es una de las más delicadas para Francia, en el punto de mira por seguir adelante con un contrato millonario para suministrar a Rusia dos fragatas de guerra. Para solventarlo, se ha acordado que esta restricción al comercio de armas solo se aplique para contratos futuros, explican fuentes diplomáticas.

El campo de los bienes con doble uso civil y militar es el más delicado para la UE. Los países comunitarios exportan a Rusia materiales de ese tipo por un valor de 20.000 millones de euros al año. Para minimizar daños, la Comisión propone empezar con algunos productos, alrededor del 20% de lo que se exporta, con lo que el daño se limitaría a unos 4.000 millones de euros al año.

Finalmente, los países comunitarios dejarían de transferir a Rusia parte de la tecnología que necesita para desarrollar sectores clave, entre ellos el energético. También aquí, la coordinación con otros países (Estados Unidos, pero también Noruega) sería importante. Los expertos de la Comisión apuntan a que, de todas formas, las restricciones que ya ha aplicado Estados Unidos afectan a Europa porque todo producto que tenga al menos un 25% de participación estadounidense entra dentro del veto que ha establecido Washington. Bruselas identifica 32 tipos de tecnologías que los Estados miembros podrían elegir suspender.

Tras el debate de los embajadores, la Comisión Europea deberá presentar esta misma semana otra propuesta más precisa —y probablemente menos ambiciosa— que concite el acuerdo de todos. La diplomacia intentará buscar una fórmula rápida que evite convocar una nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno la próxima semana para aprobar este paquete.

Más allá de debatir las nuevas sanciones, los embajadores han aprobado este jueves una lista con 15 personas y 18 entidades (en su gran mayoría rusas) consideradas responsables de la desestabilización de Ucrania. A las personas afectadas se les prohíbe el acceso a la UE y se les congelan los activos que puedan tener en territorio comunitario. Esa nómina se suma a las 72 personas y dos empresas de Crimea sancionadas desde el inicio de esta crisis.