La justicia se enreda en Ecuador
Un informe advierte del peligro de la constante injerencia del Gobierno de Rafael Correa en las decisiones de los tribunales durante los últimos años
Con las dictaduras militares camino del olvido en la mayor parte de América Latina, el final de la primera década del siglo XXI trajo nuevos dirigentes, especialmente en Sudamérica, que aprobaron constituciones que incorporaban cambios sustanciales en materia de justicia. Ecuador, con Rafael Correa al mando desde 2007, fue uno de esos países que iniciaba las reformas judiciales. La expectativa era máxima, ya que de ello dependería la fortaleza de las instituciones judiciales. Los cambios, sin embargo, no han supuesto una mayor independencia.
Al contrario, tal y como advierte un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), presentado ayer en Washington, las injerencias del poder ejecutivo sobre el judicial en Ecuador se han sucedido en los últimos años, lo que podría tener “consecuencias negativas para la carrera judicial y para la protección de derechos humanos”, según el texto.
Los 12 casos de la discordia
El informe de la Fundación para el Debido Proceso hace hincapié en 12 casos que tuvieron en los últimos años relevancia social en Ecuador y cuyas sentencias cuestionan, según el estudio, la independencia judicial en el país.
-Cuatro de los casos tienen como punto de partida el amotinamiento, o intento de golpe de Estado, según la versión, del 30 de septiembre de 2010. En uno de ellos, se acusó a la dirigente estudiantil Mery Zamora de soliviantar al estudiantado y fue condenada, en junio de 2013, a ocho años de prisión “por interrupción o paralización del servicio público de educación”. También de aquella fecha deriva el caso RTV Ecuador, donde 13 personas fueron procesadas por “sabotaje y terrorismo” y 7, condenadas a cuatro años de cárcel.
-Las protestas sociales engloban otros tres de los casos: desde los condenados en 2011 por la marcha contra el proyecto de ley de aguas de un año antes; al conflicto indígena con la policía en Morona en 2009 o el de los estudiantes del Colegio Central Técnico, que protestaron por el cambio de nombre de su institución. Unas movilizaciones que dejaron 87 detenidos y 12 condenas.
-Las limitaciones a la libertad de prensa, el caso del libro El Gran Hermano o el diario El Universo, contra el que se querelló el presidente Correa por “injurias calumniosas” también son objeto de análisis.
-Los últimos dos casos que estudia el informe tienen que ver con la disidencia política: Los Diez del Luluncoto, algunos de ellos dirigentes sociales, detenidos en 2012 acusadas de pertenecer a un grupo subversivo y el del exmilitar Diego Vallejo, antiguo colaborador de Correa.
“Existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que está de por medio el interés gubernamental”, señala el informe, elaborado a partir de entrevistas realizadas en Ecuador en septiembre del año pasado, y complementado con abundante documentación. El texto examina 12 casos de relevancia social y el papel que han jugado tanto los tribunales como las autoridades.
La debilidad del sistema judicial que se encontró Correa en 2007 trató de enmendarse con la Constitución que implantó un año después. El nuevo texto concedía a los magistrados la última palabra sobre la efectividad de los derechos de los ciudadanos, algo que quedó eclipsado en buena medida con la consulta popular de mayo de 2011. A través de una modificación constitucional, recuerda el informe, remodeló el Consejo de la Judicatura “para darle un perfil claramente político”. “El papel de la judicatura empezó a seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo”, señala Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, una organización colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva 20 años trabajando en estudios sobre independencia judicial.
Luis Pásara, autor del informe, asegura que la independencia judicial “no es solo un problema de Ecuador”, pero cuenta con un componente que agrava la situación: “Hay pruebas que lo han hecho todo mucho más evidente y menos disimulado que en otros países. En este caso, estamos hablando de un aparato que funciona para conseguir lo que el Gobierno busca”,
Las constantes injerencias de Correa en materia judicial es algo que también preocupa a Salazar: “No hay más ambiente de terror que ver a quien dirige el país opinando de lo que dicen los jueces. Las declaraciones de las autoridades, incluyendo al presidente, sobre sentencias judiciales, supone una interferencia muy fuerte”, concluye.
Sobre la firma
