China libera al abogado defensor de los Derechos Humanos Gao Zhisheng
El activista ha pasado tres años en prisión por "incitar a la subversión contra el poder estatal"
Con problemas dentales y en mal estado de salud fue liberado el abogado disidente Gao Zhisheng el pasado jueves en la provincia de Xinjiang, después de haber pagado una condena de tres años por “incitar subversión al poder del Estado”, según confirmaron sus familiares.
Gao lleva casi nueve años enfrentándose a la justicia china desde que en 2005 su despacho de abogados fue cerrado y luego en 2006, cuando fue detenido, arrestado y posteriormente condenado a tres años de prisión con suspensión a cinco años, que en teoría significaría un periodo de libertad condicional bajo una estricta vigilancia.
Sin embargo en la práctica, el control fue extremo al punto que dos veces fue detenido por las autoridades o “desaparecido” como precisan los defensores de derechos humanos. Sobre su caso primó la secrecía del Partido Comunista, no informando a sus familiares sobre su paradero e incluso levantando dudas sobre su vida. Con su proceder, la justicia china aprovechó este caso y el de otros activistas, como el del Nobel de Paz Liu Xiaobo, para escarmentar a otros defensores de derechos humanos en China Continental.
La primera vez que fue detenido fue en 2007, desde septiembre hasta noviembre. Fueron 50 días en los que Gao, según contó a su regreso, sufrió torturas y mal trato. En esa época, China se encontraba enfrentando una fuerte resistencia por ser sede de los Juegos Olímpicos en 2008.
Luego, en febrero de 2009, desapareció por más de un año, hasta abril del siguiente año, cuando resurgió mediante un vídeo difundido en medios chinos en el que renunciaba a sus actividades como defensor de los derechos humanos. El vídeo fue tildado por sus conocidos y defensores de derechos humanos como una actuación forzada por las autoridades, y muchos cuestionaron su real fecha de producción, pues nunca apareció físicamente.
En diciembre 16 de 2011, medios chinos difundieron la noticia que su libertad condicional había sido revocada y que Gao cumpliría una condena de tres años de prisión en la cárcel Shaya en Xinjiang, por haber violado las disposiciones de su libertad condicional, incluso a pesar de que la condena se cumpliría cinco días después.
Su familia no recibió noticias directas de su estado legal ni su estado de salud desde 2010. Solo hasta marzo 24 de 2012 su hermano y suegro pudieron visitarlo media hora en la prisión Shaya. Y luego, después de varios intentos de solicitar nuevas visitas para sus familiares y abogados, su hermano recibió una carta con las huellas dactilares de Gao en la que les solicitaba no visitarlo, según contó la esposa de Gao, Geng He, a la ONG Human Rights in China.
“El abogado Gao se ha encargado de una amplia gama de temas en derechos humanos, tanto laborales como religiosos, ofreciendo a los afectados asistencia legal. Él se ha expresado sin tapujos y se ha ganado una fama influyente. Fue uno de los más prominentes dentro de la primera generación de abogados defensores de derechos humanos que fueron puestos en la mira en el 2000”, dijo desde Hong Kong Ye Shiwei, oficial superior, de esta ONG.
En su inicio, como miembro del Partido Comunista, se hizo merecedor de una distinción como uno de los 10 mejores abogados de China por el Ministerio de Justicia en 2001. Pero rápidamente sus choques con los intereses del gobierno le crearon enemigos y renunció a su membresía al Partido cuatro años después. La gestión que lo puso ante la mira de las autoridades fue su defensa a los perseguidos por prácticas religiosas, desde cristianos que se congregaban de forma clandestina, hasta miembros del movimiento espiritual Falun Gong, que Pekín siempre ha considerado una amenaza; y por hacer valor los derechos de campesinos despojados de sus tierras y de personas que se enfrentan al aparato estatal. Su compromiso con los derechos humanos lo hizo merecedor de una nominación al Nobel de paz en 2008.
Y aunque ya cumplió su condena, su peripecia aún continúa, pues aún enfrenta un año de privación de derechos políticos, que implica despojo de las libertades de expresión, de asamblea, religiosa, de discurso, entre otras.
En este proceso, Gao será extremadamente vigilado y no podrá salir de Urumqi, capital de Xinjiang, en donde tiene actualmente registrada su residencia y se hospeda en casa de sus suegros. Con este nuevo estado legal, se elimina la posibilidad de que regrese a su pueblo natal en Xiaoshibanqiao, en la provincia de Shaanxi, y mucho menos, que viaje a Estados Unidos, donde se encuentran exiliados su esposa y dos hijos, una petición formulada desde la Casa Blanca, a través de la vocera del Consejo de Estado.
“Hay un quiebre en la sociedad china. La forma como lo traten y el que no apliquen tácticas ilegales o brutales, nos dirá mucho sobre el cómo las autoridades están enfrentando el tema de los abogados de los derechos humanos”, declaró Maya Wang, investigadora para China de Human Rights Watch. La gestión de este último año probatorio para Gao Zhisheng será una prueba para el gobierno de Xi Jinping, que si bien ha profesado el interés de equilibrar el sistema judicial, también ha reforzado la vigilancia a disidentes y críticos a la gestión del Partido Comunista.
