El sistema migratorio de Estados Unidos no logra cambiar su conflictivo perfil
Los ojos están puestos en la Casa Blanca por posibles modificaciones administrativas que moderen los efectos de un sistema delineado por años de debate y una política de cierre de puertas
Mientras la legislación migratoria de Estados Unidos está congelada en el Congreso, los ojos están puestos en la Casa Blanca por posibles cambios administrativos, que moderen los efectos de un sistema delineado por años de debate y una política de cierre de puertas. Atrás quedó 1965, el año en que se aprobó una de las leyes de inmigración que cambiaría la historia de Estados Unidos, eliminando el sistema de selección por nacionalidad.
Lo que no ha quedado atrás, sin embargo, son los mensajes usados en el debate migratorio del país. "Nuestras ciudades no se inundarán de millones de inmigrantes cada año. La composición étnica de este país no se verá alterada ... No hará que los trabajadores estadounidenses pierdan sus puestos". Esas fueron las palabras con las que el senador Ted Kennedy defendió la ley. ¿Conocido? Son los mismos argumentos con los que los grupos más conservadores suelen atacar posibles cambios en la ley de inmigración.
Después de casi 50 años, es una herida abierta que EE UU no ha conseguido sanar y que con el tiempo ha recibido parches, pero no una cura. Expertos como Mary Giovagnoli, directora de Immigration Policy Center, definen el sistema migratorio actual en EE UU como restrictivo y castigador. "Está mucho más enfocado en prevenir el ingreso de indocumentados que en ser funcional", asegura.
"El cambio más importante en el sistema es el enfoque en el control de seguridad, se ha transferido parte de la responsabilidad de lidiar con los inmigrantes indocumentados a la policía local. La detención se ha convertido en un gran componente de todo", explica Terri Givens, profesora experta en inmigración de la Universidad de Texas en Austin.
La Administración de Barak Obama ha alcanzado récords en deportaciones, con un promedio de cerca de 400.000 al año. Con el tiempo, varias leyes han cambiado poco a poco el perfil del sistema migratorio estadounidense. La ley de 1986 fue la última legalización, pero a cambio impuso mayor seguridad fronteriza y convirtió en ilegal la contratación de indocumentados.
El Gobierno de Obama ha alcanzado récords en deportaciones, con un promedio de cerca de 400.000 al año
Ese mismo año se inició el piloto del Programa para la Aprehensión de Criminales Extranjeros (conocido ahora como CAP), uno de los menos conocidos para la opinión pública y que tiene como objetivo identificar y deportar desde las cárceles a personas que han cometido crímenes. Actualmente está activo en prisiones federales y estatales.
Pero gran parte del carácter del sistema actual está asociado a cambios en la ley de inmigración de 1996, una de las reformas más importantes implementadas por la ola "nuevos republicanos" en la Cámara de Representantes.
Ésta impuso barreras de reingreso al país, creó el programa de verificación de empleo E-Verify, reforzó la detención de inmigrantes en el marco de los procesos de deportación y creó el programa 287g, que desde entonces le permite al Gobierno federal realizar acuerdos con autoridades locales para que puedan cumplir funciones similares en el área de inmigración.
"Mucho de lo que ha pasado en las últimas dos décadas puede ser atribuido a la ley de 1996, porque transformó el sistema en uno mucho más restrictivo y dominó completamente nuestra aproximación a la inmigración. Luego en 2001, cuando los legisladores se dieron cuenta que quizás habían ido demasiado lejos y era hora de un cambio, llegaron los ataques a las Torres Gemelas y el país entró en un estado de pánico", comenta Giovanogli.
Los intentos por realizar modificaciones al sistema fracasaron estrepitosamente en 2006 y 2007 y en lugar de concretar pasos que permitieran dar alivio a la población indocumentada, la entrada en vigor de un nuevo programa reforzó aún más el control de inmigración en el país.
Desde su implementación, Comunidades Seguras (Secure Communities, en inglés) recibió fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles, que veían a la base de datos en línea como una amenaza. La meta es identificar a personas que han cometido delitos graves e iniciar su proceso de deportación, pero sus críticos han insistido que algunos errores han llevado a la deportación de personas con faltas menores.
Los intentos por realizar modificaciones al sistema fracasaron y se reforzó aún más el control de inmigración en el país
A nivel estatal, a diferencia de lo que ocurrió en estados como Arizona en 2010, donde leyes como SB 1070 buscaban criminalizar a la población indocumentada, estados fronterizos como Texas han tomado otra dirección en el debate.
"Están las élites que gobiernan el Estado, como Rick Perry y el senador Ted Cruz, que han equiparado el conservadurismo con ser antiinmigrantes. Por otro lado, está el pueblo tejano, que es una población muy abierta a la inmigración. Varios políticos locales entienden muy bien el rol que juegan los inmigrantes en la economía y han sido una fuerza de contención para iniciativas antiinmigrantes en la legislatura estatal", explica Luis Payan, director del Centro México en el Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston.
Es probable que el debate migratorio deba esperar varios años más, los más optimistas hablan de 2017, dependiendo de dónde soplen los vientos tras la elección presidencial un año antes. Mientras tanto, se espera que el presidente Barack Obama anuncie medidas de alivio administrativo para la población indocumentada al final del verano. Portavoces de la Casa Blanca han advertido que se realizarán cambios dentro de los límites de la ley en vigor.
