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El Constitucional colombiano permite adoptar a una pareja de lesbianas

Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero ganan la batalla legal por la custodia de una niña ante la corte constitucional colombiana

Miembros de Colombia Diversa, a favor de la adopción. INSTAGRAM

Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero han ganado una gran batalla para la comunidad LGTB (colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en Colombia. La Corte Constitucional, con seis votos a favor y seis en contra, aprobó que Verónica adopte a la hija natural de Ana, con quien convive desde 2005. El fallo abre la puerta para que las parejas homosexuales puedan adoptar si alguno de los dos es el padre o la madre biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su compañero sentimental estable.

Se trata de una decisión histórica para los derechos de la comunidad LGTB y sus hijos. Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la principal organización del país que defiende los derechos de este grupo, afirma que el fallo del Constitucional “protege a los hijos de parejas del mismo sexo que ya vivían con ellas y que tenían una desprotección legal, resultado de la discriminación”.

A esto se suma una victoria más. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, explicó en una conferencia de prensa que “en el futuro, la inclinación sexual no podrá ser una restricción para que las parejas del mismo sexo puedan adelantar trámites de adopción”. Algo que para Albarracín “es coherente con sus decisiones previas donde ha dicho que las parejas del mismo sexo son familia y que tienen los mismos derechos que otras familias”.

"Colombia da un paso más adelante para convertirse en un sociedad mucho más moderna", afirmó el ministro de Interior

La lucha jurídica de estas dos mujeres, que se conocieron desde pequeñas en Medellín, duró más de cinco años. En 2005 decidieron formalizar su unión en Alemania. Más tarde, la pareja también decidió tener un hijo, por lo que Ana se sometió a un tratamiento de inseminación. En 2008 nació su hija y al año siguiente Verónica empezó los trámites de la adopción. Se enfrentaron a varios obstáculos hasta que el caso llegó al Constitucional.

La Corte explicó que esta decisión se refiere estrictamente a los casos de adopción consentida. Es decir, cuando una persona quiere adoptar al hijo natural de su compañero o compañera. La pareja, además, debe llevar como mínimo dos años junta. “El tema de la adopción conjunta (una situación distinta) también lo está estudiando la Corte, pero se resolverá el próximo año”, aclaró Albarracín en referencia a los que consideran que el pronunciamiento del Constitucional se quedó corto, ya que condicionó la adopción.

El fallo estuvo precedido por la oposición de grupos conservadores católicos y del procurador general Alejandro Ordóñez. Según sus palabras, “la Corte está haciendo experimentos de reingeniería social”. Entre los detractores también está la senadora cristiana Viviane Morales, quien anunció que recogerá firmas con el fin de que se convoque a un referendo para que sean los ciudadanos quienes decidan si las parejas del mismo sexo pueden adoptar o no. Aunque se hiciera efectiva esta votación y el resultado fuera negativo, no se aplicaría en el caso de Ana y Verónica, ya que la decisión de la Corte es inamovible.

El Gobierno también avaló la sentencia. “Colombia da un paso más adelante para convertirse en una sociedad más garante de la igualdad de todos los colombianos”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La comunidad LGTB en Colombia ha conquistado derechos a cuentagotas desde 2007. La primera fue la protección a los bienes de la pareja, luego su afiliación a la sanidad, el derecho a tener una pensión y el de heredar a sus compañeros cuando mueran. Más tarde el derecho a constituir una familia.

El triunfo más reciente lo estableció el Constitucional cuando avaló que las parejas homosexuales pueden acudir a notarías y juzgados a legalizar su unión. Muchos notarios, sin embargo, se niegan a llamarlo matrimonio. Esto ocurre porque hay un vacío jurídico ya que el Congreso no ha reglamentado el derecho a casarse. El más reciente intento de proyecto de ley se hundió en abril de 2013 y aunque desde el pasado mes de junio estas parejas acuden a notarías y juzgados, varios de estos matrimonios se han anulado.