México no logra extirpar la tortura

La nueva presidencia ha traído un descenso de las quejas pero la ONU, expertos y ONG denuncian que la impunidad sigue amparando muchos abusos policiales

Rogelio Anaya, uno de los afectados por torturas de la policía mexicana. EFE

Cuatro años después, ha vuelto ante las cámaras. Es alto y flaco. Lleva una sencilla camisa de manga corta y alza el mentón en un gesto de orgullo. Su mirada se pasea entre las decenas de periodistas que aguardan a que hable. Se llama Rogelio Anaya, tiene 31 años y el 13 de agosto de 2010, esposado y con los ojos vidriosos, fue presentado al mundo por la Policía Federal como uno de los autores del atentado con coche bomba que había segado la vida de tres personas y herido a siete en Ciudad de Juárez. Tras ser exhibido, su confesión, grabada en vídeo por los agentes, fue emitida en las grandes televisiones. En aquel momento, Anaya era escoria. Ahora, tras un largo infierno, las tornas han girado. Le han retirado todos los cargos y él es quien denuncia en público. Lo apoya Amnistía Internacional, que presenta su caso como paradigma de confesión obtenida bajo tortura, una práctica que, según la citada organización, sigue siendo extensamente utilizada por las fuerzas militares y policiales de México. No es una opinión nueva. El relator de la ONU para esta cuestión, Juan Méndez, denunció recientemente que, amparada en la impunidad, estos abusos constituyen una “endemia generalizada” en el país norteamericano. Rogelio Anaya, casado y con dos hijos, lo confirma.

“Pido que se limpie mi nombre”, plantea una víctima de las malas prácticas

“Soy un superviviente y pido que se limpie mi nombre”, dice. Antes de hablar, respira hondo. Se percibe que está haciendo un esfuerzo para contenerse cuando relata cómo, tras ser detenido a raíz de una llamada anónima, fue arrojado durante más de 36 horas a un carrusel de aberraciones: golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsa de plástico y el 'tehuacanazo' (la introducción violenta de agua con gas por la nariz). El resultado fue la confesión. Pero Anaya no dio su brazo a torcer y, desde la cárcel, inició una extenuante lucha. En 2013, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría prometió que, si se hallaban indicios de torturas, se retirarían los cargos. Y así ocurrió. Después de tres años encarcelado, Anaya quedó libre, pero estigmatizado. “El problema es que ningún policía ha sido procesado por lo que le hicieron. Y eso es lo normal en este país”, señala Rupert Knox, de Amnistía Internacional, y ofrece un dato iluminador: de las 7.164 quejas por tortura y abusos recibidas entre 2010 y 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ninguna acabó en condena.

El apogeo en la denuncia de los abusos policiales coincidió con la etapa del presidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando el combate contra el narco entró en fase aguda y dejó más de 70.000 muertos. El cambio presidencial ha traído la promesa de mejora y un descenso del 30% de las quejas. La Procuraduría ha abierto más investigaciones y el Ejecutivo ha hecho exhibición pública de su rechazo a estas prácticas. Incluso, bajo mandato de la justicia internacional, ha reconocido la responsabilidad del Estado en casos tan flagrantes como el del albañil Ananías Laparra, torturado en 1999 para que confesase el asesinato del novio de su hija. A su hijo también lo maltrataron para que acusase a su padre. Laparra pasó 12 años en prisión a pesar de no haber matado a nadie. El viernes el Gobierno le organizó un acto de desagravio.

“Lo normal es que no se procese a ningún agente”, lamenta Amnistía Internacional

Pero estos gestos, según los expertos, no bastan para frenar un fenómeno detrás del que late la impunidad. “Hay un sistema penal que ni investiga ni sanciona, pero lo más desalentador es que la policía carece de sistemas de control, algo especialmente grave porque la tortura es cometida por la autoridad que la tiene que investigar”, indica Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Estos factores generan un agujero negro en el que, según Portillo, quedan ocultos la mayoría de los casos. Y los que salen a la luz pasan una amarga travesía. Yuly Baltazar Martínez, hondureña de 34 años, lo sabe muy bien. Su esposo, Ángel Colón, activista de derechos humanos, intentó alcanzar EE UU en busca de un trabajo que le permitiera costear el tratamiento de su primogénito, aquejado de cáncer. En Tijuana contactó con un coyote. Mientras aguardaba en casa del traficante, fue detenido. Hasta aquí, una historia común en la frontera norte. Pero la policía, según Amnistía, dio un paso más y, en vez de deportarlo, le obligó a confesar bajo tortura que pertenecía a la banda. Y Colón, negro, inmigrante y pobre, fue a dar a la cárcel.

De aquello han pasado cinco años. Entretanto han ocurrido muchas cosas, algunas públicas, otras íntimas. Entre las primeras, que Colón ha mantenido su inocencia contra viento y marea, que Amnistía le ha declarado preso de conciencia, y que Honduras ha salido en su defensa. Entre las segundas, que Ángel, el hijo enfermo, murió sin tener a su padre al lado, o que Yuly, la esposa, tras un lustro de penalidades, no volvió a ver cara a cara su marido encarcelado hasta el pasado lunes.

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