“Necesitamos tres años para adaptarnos a Rusia”

Sobre la península Crimea, anexionada por Rusia, se acumulan los problemas, desde el transporte de pasajeros y bienes de consumo al suministro de agua y electricidad. Las dificultades surgen en una situación de vacío jurídico, entre una legislación, la ucraniana, que ya no se aplica y otra, la rusa, a la que Crimea no se ha adaptado aún. No obstante, Serguéi Axiónov, el primer ministro en funciones local, cree que en tres años este territorio del mar Negro se habrá incorporado al Estado ruso. "Como máximo, en 2017 nos incorporaremos plenamente al régimen legislativo de la Federación Rusa y, desde el punto de vista de la economía, nos pondremos al nivel de una región media de Rusia”, manifiesta en una entrevista con EL PAÍS.

Axiónov fue elegido en su cargo a fines de febrero en una irregular sesión del parlamento local, ocupado ya por las milicias armadas prorrusas. Antes, lideraba un pequeño partido con tres diputados en la Cámara local, de 100 escaños. El funcionario, de 41 años y nacido en Moldavia, estudió en una academia político-militar de Simferópol, antes de lanzarse a los negocios en los tumultuosos años noventa.

Moscú ha aprobado un plan por valor de 681.200 millones de rublos (más de 14.190 millones de euros) para desarrollar Crimea y Símferópol, en calidad de dos nuevas provincias en un plazo que va hasta 2020. Como máximo representante del Gobierno local, Axiónov es, junto con el Ayuntamiento de Sebastopol, uno de los encargados de distribuir esos fondos.

Para su abastecimiento de agua y electricidad, Crimea dependía de Ucrania en un 80% (en ambos casos). Ahora, el agua del río Dnieper no fluye por el canal Severo-Krymski, básico para irrigar la estepa septentrional de la península. Las cosechas de arroz se han arruinado y Axiónov apuesta por una “reorientación de los cultivos” hacia otros como el girasol o maíz y considera la posibilidad de incorporar “una conducción de agua para riego” desde el territorio ruso del Kubán (al otro lado del estrecho de Kerch) “por una módica suma” cuando se construya el puente o el túnel sobre el estrecho. También se está buscando agua en el subsuelo y se considera la instalación plantas desalinizadoras, dice. “De momento no hay amenaza para el agua potable”, afirma. En cuanto a la electricidad, dos de las líneas de alta tensión procedentes de Ucrania han establecido restricciones lo que origina cortes de suministro de hasta seis horas al día. Axiónov opina que tanto el corte del agua como de la electricidad responden a “motivos políticos” y afirma que es “mentira” que Crimea no pague el agua del canal.

Los transbordadores aseguran la comunicación con Rusia por el estrecho de Kerch. Clima y geografía dificultan la construcción de un puente. Axiónov confía en que “la principal arteria de transportes” de Crimea pueda estar lista a fines de 2018. “No se ha decidido si será puente o túnel. “Tenemos cerca de 50 proyectos para el puente y 20 proyectos para el túnel”, dice.

A partir del 1 de enero entrará en vigor plenamente la legislación rusa

En Crimea, se está creando una zona económica para captar inversiones y fomentar el desarrollo de nuevas empresas. Axiónov cree poder atraer a empresarios extranjeros pese a las sanciones y se refiere a un acuerdo con una empresa francesa para construir un parque de diversiones. “Ahora vendrán los ingleses, los chinos, los holandeses, los portugueses, los indios…”, dice, pero reconoce que no se ha firmado ni un solo proyecto, ni siquiera con los chinos que llegaron a grandes acuerdos de cooperación en Crimea con el presidente Víctor Yanukóvich. “Nadie invirtió porque no hemos comenzado a formalizar el derecho a la propiedad inmobiliaria”, explica.

Tras la anexión, las autoridades de Crimea nacionalizaron las propiedades controladas por el Estado ucranio. Axiónov afirma que los propietarios privados pueden registrarlas de acuerdo con la legislación rusa, con la excepción de Igor Kolomoisky, el gobernador de Dniepropetrovsk. A Kolomoiski le han confiscado dos residencias de vacaciones que poseía en Crimea para pagar a los más de cien mil crimeos que tenían cuentas en Privatbank, el banco controlado por el oligarca. “Kolomoiski es el único caso y no vamos a compensarle porque engañó a los ahorradores. Privatbank no les pagó ni un céntimo, se llevó todo el dinero a Ucrania y lo utilizó para pagar los sueldos en los batallones de castigo que actúan en el Este”, dice. Afirma Axiónov que en Crimea siguen funcionando la empresa de construcción naval Sevmorzavod de Sebastopol, cuyo principal propietario es el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, y propiedades del oligarca Rinat Ajmétov.

Rusia ha prohibido la importación de bienes de consumo procedentes de Ucrania, pero “Crimea es una excepción”, afirma Axiónov, quien explica que las autoridades de la península permiten que se “cumplan los contratos ya firmados”. “Estamos en un periodo de transición hasta fin de año. A partir del 1 de enero entrará en vigor plenamente la legislación rusa”. El abastecimiento en los supermercados de Simferópol es irregular, y las mercancías tan pronto aparecen en abundancia como escasean, especialmente los lácteos.

Los miembros de las unidades de autodefensa que violan la ley están en la cárcel

En agosto y a principios de septiembre, por las noches, columnas de vehículos y equipo militar ruso penetran en el interior de Crimea tras haber sido transportados desde Rusia en transbordador por el estrecho de Kerch. Se trata del equipo bélico con el que Rusia “incrementa sus efectivos” en la península. A la pregunta sobre la posibilidad de que Crimea vuelva a tener armas nucleares como en la época soviética, Axiónov dice que será “como decida el presidente [Vladímir Putin]. Todo está en sus manos y yo soy favorable a todo lo que sea seguridad de la Federación Rusa”, afirma.

En Simferópol hay malestar ante la prolongada presencia de las milicias y destacamentos de autodefensa que tan activos fueron para asegurar el control prorruso de los edificios oficiales y garantizar la celebración de la consulta unilateral del 16 de marzo. Aquellas milicias ni han sido disueltas ni han sido regularizadas de acuerdo con la legislación rusa. Según sus críticos, las milicias se atribuyen funciones arbitrariamente, desde pedir la documentación a los transeúntes como inspeccionar a los empresarios y hasta interrogatorios y palizas.

“Las unidades de autodefensa se rigen por una ley aprobada en Crimea y se me someten a mí”, afirma, y agrega que se trata de “mil personas en activo”. El político admite hay problemas con los destacamentos de autodefensa a causa del pago de sus servicio. “La gente viene y en lugar de ideas patrióticas o nacionales, plantean en primer lugar cuestiones de dinero”, afirma. “Yo no puedo pagarles y el Estado les pagará solo cuando exista una ley federal sobre el tema. La Duma Estatal aprobó una ley sobre las organizaciones sociales y de orden público, pero esta ley no da derecho a pagarles, así que hay que legalizarlos de una forma especial. El proceso está en marcha”. “Los miembros de las unidades de autodefensa que violan la ley están en la cárcel”, dice y señala que “ocho personas fueron arrestadas por haber pegado a gente llegada a la península”.