México planea una Fiscalía de Justicia independiente del Gobierno

Tras la aprobación de una batería de reformas estructurales para México en los dos primeros años de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto se dispone a modificar la institución que durante décadas ha servido de brazo ejecutor de la justicia para el Gobierno: la Procuraduría General de la República. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados discute ya la propuesta de Ley para la creación de una Fiscalía General con naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo. El nuevo ente sustituirá a la actual PGR y su titular será nombrado de forma conjunta por el Ejecutivo Federal y el Senado por un plazo de nueve años. Hasta ahora, cada Gobierno elegía un procurador al inicio de sexenio y era potestad exclusiva del Ejecutivo destituir a este de su cargo.

El organismo que se esboza en el Congreso contará con dos fiscalías especializadas: una de delitos electorales y otra para el combate a la corrupción. Según la propuesta a discusión, el fiscal general podrá nombrar y separar del cargo a los titulares de ambas unidades, pero el Senado de la República tendrá la facultad para objetar estas decisiones.

La transformación de la PGR deriva de la reforma-político electoral aprobada en diciembre pasado e implica cambios al artículo 102 constitucional. La propuesta de ley exige un régimen de rendición de cuentas por parte del titular, que deberá presentar un informe anual de actividades ante los poderes legislativo y ejecutivo. Además, “se le impone la obligación de comparecer ante cualquiera de las cámaras cuando se le cite para rendir cuentas o informar de su gestión”.

El Órgano Reformador de la Constitución, institución encargada de la elaboración del proyecto de ley, contempla que varias de las facultades que tenía atribuidas hasta ahora el procurador deben replantearse. Así, la función de representar en diversos juicios los intereses de la Federación pasa a manos del Consejo Jurídico de Gobierno. “Esta figura se creó hace 20 años, era el asesor legal de la Presidencia, pero la PGR seguía ejerciendo como una extensión del ejecutivo, con criterio político”, valora el abogado penalista Gabriel Regino.

La propuesta también acota las funciones del fiscal en materia de control de constitucionalidad. Según esta el titular del organismo seguirá siendo sujeto legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y locales, pero sólo en materia penal y procesal penal.

“La iniciativa pretende crear una institución moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos”, argumenta el texto.

“Es un avance demandado desde hace décadas, ya que la Procuraduría General de la República tenía un problema de origen. Aunque su función es investigar delitos federales, en la práctica ha ejercido como representante del presidente, siendo utilizada como instrumento vindicativo de carácter político. Su imparcialidad está maltratada”, asegura Regino. Para el abogado, entre los cambios sustanciales del nuevo modelo se encuentra el sistema de elección (“el Senado elabora una terna de candidatos que envía al presidente para que la depure y este la devuelva a la Cámara”) y el hecho de que el fiscal solo pueda ser destituido por las razones que estrictamente establece la norma (“una incapacidad permanente como accidente o enfermedad”). Sin embargo, las dudas sobre la autonomía persisten: “Como en el Senado hay mayoría del partido en el gobierno, es notorio que la independencia va a seguir en entredicho. Se podría haber hecho más dejando fuera al Ejecutivo, trasladando la elección a la Cámara de Diputados -donde la representación política es más plural- o incluso abriendo desde el Senado el proceso a la sociedad civil”.

“La pretensión es que sea algo más que un cambio de nombre”, comenta el doctor Gerardo García, catedrático de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. “El objetivo es que se constituya con autonomía constitucional como la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México, pero el punto débil es que la propuesta [para fiscal] sigue saliendo del Ejecutivo”, señala también. “El titular debería surgir de las filas de la propia institución, algo que hasta ahora no ha sucedido y ha obstaculizado la actuación de la procuraduría”. García explica que debería cuidarse mucho este aspecto y “potenciar los equipos” dentro de la institución. ”El titular debe tener una trayectoria en instituciones de justicia que avale su trabajo, lo haga apto para llegar al cargo y que sepa dirigir”.

Desde las filas del Partido de la Revolución Democrática, la formación de izquierda con mayor representación en el Congreso, la propuesta es bienvenida. El coordinador en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, señala en conversación telefónica que es necesario afinar detalles en la ley, pero en general la iniciativa es “bien vista”. Aunque este diario trató de conocer la postura del Partido de Acción Nacional, no obtuvo respuesta.

Pese a que el nombre del titular del nuevo organismo es todavía una incógnita, algunos expertos señalan al actual procurador, Jesús Murillo Karam, como “la figura de la transición”.

El abogado penalista Gabriel Regino considera que la creación de la Fiscalía autónoma es otra de las reformas fundamentales promovidas por el PRI desde 2012, tales como la energética, la de telecomunicaciones, la educativa o la hacendaria. Sin embargo, el modelo presentado no es ni de lejos vanguardista. “México va muy retrasado en este asunto. Chile, Colombia, Argentina o Perú ya han ido encaminándose hacia este esquema y si hacemos un comparativo de la región, países centroamericanos como Guatemala o El Salvador, ya tienen su sistema acusatorio desde los años noventa”.