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El hallazgo de 28 cuerpos en fosas de Iguala desata la tensión en México

La Fiscalía de Guerrero asegura que 30 policías de la ciudad están vinculados al narco

El 25 de septiembre la violencia dejó en la localidad seis muertos y 40 desaparecidos

Estudiantes de Ayotzinapa se manifiestan en una carretera AP

El hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cadáveres en las afueras de Iguala (Guerrero) ha encendido todas las alarmas. En este municipio de 131.000 habitantes, donde impera la ley del narco, se desató el último viernes de septiembre un estallido de violencia policial contra un grupo de estudiantes de magisterio (normalistas) que acabó con seis muertos, 17 heridos y unos 40 desaparecidos. Las posibilidades de que los cuerpos, localizados en la partida de Pueblo Viejo, correspondan a estos estudiantes pesan en la mente de las autoridades y de todo el país, pero, de momento, ni la Procuraduría ni ningún organismo oficial han confirmado esta hipótesis.

El descubrimiento desencadena ataques con cócteles molotov a la casa del Gobernador

El fiscal estatal, Iñaky Blanco, señaló la tarde de este domingo en una conferencia de prensa que "algunos de los cuerpos se hallaron completos y otros fragmentados". Los restos presentaban signos de calcinación. Las primeras pesquisas indican que los criminales formaron una pira humana colocando una cama de ramas y troncos sobre la cual se roció diésel. Las pruebas para identificarlos tomarán entre "15 días y dos meses", según el procurador.

Blanco también hizo referencias a las primeras declaraciones de los sicarios que se han detenido. Uno de ellos, en la nómina de los Guerreros Unidos, admitió haber vigilado a los normalistas desde que llegaron en autobús a Iguala. "Aseguraron a 17, los trasladaron a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, en donde tienen fosas clandestinas e indica que los ultimaron", señaló el procurador.

Según estas versiones la instrucción para raptar a los estudiantes la dio el director de Seguridad Pública del municipio, que hoy se encuentra prófugo. "La orden de matarlos la dio un sujeto apodado El Chuky, integrante y líder de los Guerreros Unidos", dijo el procurador. 

El hallazgo de las fosas ha sido un golpe para padres y compañeros de los desaparecidos. Los intentos para calmarles apenas han servido. La casa del gobernador, Ángel Aguirre, cuyo papel es cada vez más cuestionado, fue atacado la noche del sábado con cócteles molotov. Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. El temor a que los normalistas, un grupo estudiantil de extracción campesina, muy organizado y tradicional semillero de guerrilleros, desencadenen una ola de violencia mayor llevó al gobernador a pedir públicamente tranquilidad: “Hago un llamado a mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.

El destino de los desaparecidos en Iguala se ha convertido en una incógnita de magnitud nacional. La salvaje violencia policial ejercida contra los normalistas por apoderarse de tres autobuses y la intervención de sicarios junto a agentes municipales han destapado la descomposición de Guerrero. Con casi tres millones y medio de habitantes, es el estado con la mayor tasa de homicidios de México y campo de batalla de cuatro organizaciones criminales. 

La detención de 22 policías municipales por su implicación en las muertes no ha frenado el escándalo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de estar conectado con el narcotráfico, se ha dado a la fuga sin que ninguna autoridad fuera capaz de ponerle las manos encima. "El ministerio público promoverá un juicio para que el alcalde pierda el fuero. Hay señalamientos en su contra que estamos investigando", dijo el fiscal este domingo. 

El jefe de la policía, el jefe de los agentes que mataron a seis personas, ha emprendido el mismo camino. Las investigaciones han determinado que al menos 30 policías de la ciudad formaban parte de los Guerreros Unidos. 

La dimensión del caso ha llevado a la Procuraduría General de la República, un organismo que depende del presidente, a tomar las riendas de las investigaciones. El país sigue expectante el resultado de las indagaciones. Nadie duda de que una bomba de relojería se ha puesto en marcha.

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