La rebelión de las supervivientes

Las movilización de las víctimas de abusos sexuales en las universidades de EE UU destapa el drama oculto de unas instituciones que son un orgullo nacional

Estudiantes de la Universidad de Oregon protestan en mayo pasado contra los abusos sexuales. AP

“Cuando una está siendo violada el tiempo se convierte en un enemigo. Se desacelera a un ritmo tan insoportable que cada segundo se convierte en una hora; cada minuto, en un año, y la violación, en toda una vida. El 25 de mayo de 2011 fui violada por un conocido en el dormitorio Crossett del campus del Amherst College”. La autora de estas líneas, Angie Epifano, es una superviviente. Dana Bolger, Camilla Quanta, Emma Sulkowicz, Zoe Ridolfi-Starr, Sarah Yee, Annie Clark, Andrea Pino y cientos más también son supervivientes. No son débiles ni se sienten vulnerables. No han sido derrotadas. No son víctimas. Y han dicho basta.

Una de cada cinco alumnas de enseñanza superior en EE UU sufre abusos sexuales en su campus. Las universidades y los college, orgullo del país, centros de excelencia de prestigio mundial, padecen una carcoma de la que hasta hace un par de años sólo se hablaba en cafeterías o en pasillos. La carta de Angie Epifano, publicada en 2012 por el Amherst Student, una revista con 150 años de historia, lo cambió todo. Miles de estudiantes se pusieron en contacto, denunciaron su drama y obligaron a los centros a asumir una realidad que siempre prefirieron ignorar. La ola alcanzó al presidente Barack Obama, que este año, en un solemne acto, convirtió la lucha contra los ataques sexuales en los campus en una de sus prioridades.

“El asunto de la violencia contra las mujeres es tan viejo como el tiempo. La razón por la que parece más común hoy en día es porque las supervivientes han salido de las sombras y están contando su verdad en un número sin precedentes”, declara a EL PAÍS Dana Bolger, violada en 2011 en el Amherst College de Massachusetts. Bonnie Fisher, experta en violencia sexual de la Universidad de Cincinnati, añade a este periódico otra explicación: “Ahora hay más mujeres que hombres matriculadas. Tal vez por eso esté saliendo a la luz el problema". “Es como si este tema hubiera salido del armario. La oscuridad ha terminado", afirma en sus entrevistas Bernice Sandler, de 86 años, veterana luchadora por los derechos civiles y considerada la madrina del Título IX de la reforma educativa de 1972, la que ampara las investigaciones en los campus contra las agresiones sexuales.

Frente a quienes defienden que se trata de un problema de alcohol y pubertad, los datos son contundentes. De ese 20% de jóvenes agredidas, el 80% conocía a sus asaltantes, según un informe elaborado por la Casa Blanca. El 98% de los agresores son hombres. La mayoría de los ataques se registran en el primer y segundo año de carrera, durante la llamada zona roja, que va desde la llegada al campus a las vacaciones de Acción de Gracias (finales de Noviembre). La mayor parte de los asaltos se produce cuando la mujer está bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Más de 70 centros de educación superior están bajo investigación federal

Estados Unidos tiene unos 4.600 centros de educación superior, con unos 20 millones de estudiantes. “Pese a que el porcentaje de mujeres que sufre abusos es más o menos el mismo, desde la década de los 80 las mujeres son mayoría en los campus. En la actualidad, el 58% de los estudiantes son mujeres. Es decir el porcentaje de violaciones se mantiene estable mientras que el número de matriculadas ha aumentado de 5,4 millones en 1980 a más de 10 millones en 2012”, explica Bonnie Fisher a EL PAÍS.

En la actualidad, 74 instituciones de educación superior están bajo investigación federal. Entre ellas figuran centros de prestigio como Harvard, Princeton, Berkeley, Columbia o UCLA. Penn State University, con 45.000 alumnos, tiene el mayor número de denuncias por sexo no consentido desde 2012 (84). Le sigue Harvard (83), con 28.000 estudiantes, y la University of Michigan-Ann Arbor, con 64 y 43.000 matriculados. El 55% de los 1.579 centros con más de 1.000 alumnos recibió al menos una denuncia por agresiones sexuales en 2012.

Un informe realizado por la senadora demócrata de Misuri Claire McCaskill ofrece un panorama poco alentador. Muchas universidades incumplen la ley federal que les obliga a investigar con personal formado las denuncias de abusos y a informar de ellas. En 236 centros analizados, un 21% no dispone de ese personal y el 31% ni siquiera había proporcionado información a los alumnos. El 41% no ha llevado a cabo una investigación sobre abusos sexuales en los últimos cinco años

Detrás de las cifras hay mujeres de carne y hueso. La más conocida es Emma Sulkowicz, estudiante de Artes de Columbia, en Nueva York. Fue violada en su segundo año de carrera. Su agresor, con el que había mantenido relaciones sexuales anteriormente, la penetró analmente sin su consentimiento. No se atrevió a denunciar su caso hasta que supo que otras dos chicas habían sido víctimas del mismo agresor. Las tres denuncias fueron archivadas por la universidad.

La Casa Blanca creó un grupo de trabajo sobre el problema el pasado enero

Sulkowicz renunció a plantear cargos penales. En abril de este año presentó, junto a otras 23 víctimas, una demanda contra el, a su juicio, ocultamiento sistemático de los casos de abusos por parte de la universidad. Como trabajo de carrera, ha puesto en marcha una performance que ha recorrido el mundo. Desde septiembre carga un colchón allí a donde va. Asegura que lo hará hasta que se gradúe. "Me violaron en mi cama, y desde entonces eso se ha convertido en mi espacio", dice en el vídeo Mattres Performance / Carry that Weigh publicado por el Columbia Spectator.

Pero si Sulkowicz y su colchón son los iconos del movimiento, los motores son otros. Dana Bolger es uno de ellos. Fue violada en 2011. Era su segundo año en el Amherst College de Massachusetts. “Mi decano me animó a tomarme un tiempo en casa, sobre todo para que mi violador pudiera graduarse y no coincidir con él”, explica. Cuando volvió, ella y otras como ella solicitaron sin éxito al centro que las atendiera. Decidieron salir de las sombras. Angie Epifano, fue la primera. Escribió su experiencia en la revista estudiantil en octubre de 2012. Había nacido un movimiento nuevo.

En el otro lado del país, viven dos “hadas madrinas” de la revuelta. Son Annie Clark, de 25 años, y Andrea Pino, de 22. Tiene su Estrella de la Muerte, como la denominan ellas, en Los Ángeles: un minúsculo apartamento desde el que asesoran, ayudan, movilizan con un par de ordenadores, un mapa del país con las universidades investigadas y toda la rabia sana del mundo.

De vuelta a Nueva York, Zoe Ridolfi-Starr es otra joven que ha alzado la voz. En su primer año en Columbia, durante una fiesta, dos chicos abusaron de ella. Nunca denunció a sus agresores. Tras un año en Argentina, ahora está de vuelta, decidida a plantar cara. Ridolfi-Starr se siente portavoz de chicas traicionadas por sus centros y por las autoridades. Ha creado un grupo denominado No red tape (No a la burocracia), que utiliza como eslogan “Red tape won’t cover up rape” (La burocracia no tapará las violaciones).

Ante este panorama, la Casa Blanca creó el 22 de enero de este año un grupo de trabajo. Entre las medidas que ha adoptado se incluye una web y una campaña de vídeo: It's on us (Depende de nosotros). En ella han participado famosos como el actor John Hamm (Mad Men).

También han surgido movimientos espontáneos. Es el caso de Know Your IX, una web de apoyo, contacto y asesoramiento fundada por Dana Bolger y Alexandra Brodsky. Un vídeo elaborado por una compañía de tecnología de Washington, Everfi, es utilizado ahora por más de 400 universidades. En él se discuten estrategias para frenar los abusos sexuales en los campus.

La James Madison University ha lanzado una propia campaña, No More, con vídeo incluido. Guillermo Rojas, estudiante del Darmouth College de Nueva York, creó un mapa con la ubicación exacta de los sitios donde se han producido ataques sexuales en su campus.

En algunas universidades han decidido castigar el consumo de alcohol, otras imparten cursos. El enfoque más novedoso ha llegado de California. El Gobernador, Jerry Brown, ha firmado una ley que obliga a todas los centros a redactar políticas de consentimiento. Si no, perderán la financiación pública. Bajo esa ley, mantener relaciones sexuales requiere un "acuerdo afirmativo, consciente y voluntario”, que puede ser verbal o a través de acciones. “Al margen del alcohol, la clave de este tema es el consentimiento. Si una persona no puede dar su permiso para una relación sexual porque está drogada o bebida, es una violación. El consentimiento es al tema crucial”, afirma Bonnie Fisher.

Los estudiantes víctimas de una agresión sexual tienen tres opciones: buscar ayuda en el centro, acudir a la policía o guardar silencio. La mayoría prefiere el centro, ante la creencia de que tendrá más apoyo, en virtud del Título IX de la reforma educativa de 1972, una norma que obliga a las universidades a garantizar la igualdad entre sexos. Desde este punto de vista, la víctima de una violación está siendo discriminada en el acceso a la educación.

Las universidades que reciben financiación federal están obligadas a informar de las agresiones que se producen en su campus o cerca de él en virtud de la Clery Act (1990), que lleva el nombre de Jeanne Clery, una estudiante que fue violada y asesinada en su habitación por un compañero en 1985.

En 2011, la Oficina para los Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos envió una carta a los centros denominada Querido colega, en la que alertaba del escaso rigor a la hora de aplicar el Título IX y la Clery Act y les amenazaba con la retirada de los fondos federales. Esto provocó un alza en el número de denuncias reportadas.

Algunos conservadores han puesto en duda el problema. Heather MacDonald, del think tank conservador Manhattan Institute, escribió: "La realidad en los campus no es una epidemia de violaciones sino un problema de exceso de alcohol y promiscuidad sin control normativo”. Hay otras opiniones: “La violación es el delito violento más común no reportado en los campus universitarios. Es evidente que los funcionarios incumplen de forma sistemática la ley y no informan de los delitos”, denunció la socióloga del Occidental College de Los Ángeles Danielle Dirks en un artículo en The New York Times el 12 de agosto.

Para muchos expertos, las universidades no saben cómo tratar un fenómeno que tiene sus raíces en la revolución sexual de los años sesenta y setenta, cuando abandonaron restrictivas normas de contacto entre sexos a cambio de permisividad. “Los años de universidad ofrecen la oportunidad de experimentar la vida sin demasiada supervisión. Son jóvenes inmaduros, en el sentido de que acaban de dejar la protección de la casa familiar”, opina a EL PAÍS Bonnie Fisher. “No estamos hablando de chicos borrachos practicando sexo. Estamos hablando de depredadores calculadores. En cualquier otro ámbito, un agresor sexual sería repudiado, pero por alguna razón, en las universidades se les quiere y protege”, denuncia la socióloga del Occidental College de Los Ángeles Danielle Dirks.

“La mayoría de los agresores son reincidentes”

V.J., Nueva York

Dana Bolger tiene días buenos y malos. Fue violada en 2011 en el Amherst College de Massachusetts y el dolor sigue ahí. Pero ha convertido su experiencia en el motor de su activismo contra los abusos en las universidades americanas. Fundadora de la web Know Your IX, sitio de referencia para asesorarse sobre el tema, se siente una superviviente, en la medida en que no se siente derrotada por lo que le sucedió. “Le doy muchas vueltas a cómo definirme. Mucha gente utiliza la palabra superviviente para demostrar que ha afrontado la terrible experiencia de ser víctima, y que esa circunstancia no la derrotará o marcará de por vida. Por eso yo también uso la palabra. Pero a veces creo que ese término puede ocultar que la superviviente ya no es la misma persona. Tengo buenos y malos días. Mi violación fue hace tres años y ahora soy mucho más fuerte. Pero todavía tengo días en que todo aquello vuelve a la superficie, días en los que no me siento tan fuerte”, confiesa a EL PAÍS.

Para Bolger, las cuestión de los asaltos sexuales en los campus “no es producto de su liberación o de una mayor promiscuidad”, sino de pautas culturales muy arraigadas que requieren cambios profundos. “Las investigaciones muestran que la mayoría de los agresores de las universidades son reincidentes, con una media de seis víctimas. Utilizan el alcohol como arma para someter la capacidad de resistencia de sus víctimas y para minar su credibilidad después de la agresión. Pero eso no significa que la solución sea prohibir el alcohol. Eso conduciría a un consumo ilegal, que haría que las víctimas se retrajeran aún más a la hora de denunciar los hechos. Y los agresores encuentran siempre nuevas vías para llegar a sus víctimas. En lugar de eso, necesitamos cambiar cómo nuestra cultura aborda el sexo y el género. Mientras los hombres son preparados para ser agresivos, dominantes y no aceptar un no como respuesta, y las mujeres para ser pasivas, silenciosas y capaces de perdonar siempre, estaremos siempre atrapados en esta ecuación. Como sociedad, tenemos que apoyar y crear a las víctimas, pedir cuentas a los agresores y educar sexualmente a edades más tempranas”.

A partir de su formación como jurista, Bolger defiende que las universidades atiendan los casos de violaciones, además de la vía penal, algo que forma parte del debate. “Muchas veces la gente me pregunta por qué las universidades se hacen cargo de los casos de violación. ¿No debería ser la policía la encargada?, me preguntan. La respuesta es sí y no. Las dos vías no son excluyentes. La policía atiende los casos de violaciones porque la violación es un crimen, y las universidades hacen lo propio porque es una cuestión de derechos civiles. Debería ser casi imposible para una superviviente ir a la misma clase que su agresor o escribir su drama en un periódico cuando la habitación de su violador está a pocos metros de la de ella. Las universidades deben apoyar a la superviviente para que pueda seguir en el centro y recibir una educación. Eso es algo que la policía no puede hacer”.

Frente a quienes denuncian que el rigor de la Casa Blanca en este tema está vulnerando los derechos de muchos acusados, Bolger se posiciona con claridad: “Al exigir a los centros que sean justos con la víctima y el acusado, el Título IX garantiza a los presuntos agresores más derechos de los que tienen en el campus en otros códigos disciplinarios, como el que por ejemplo atiende casos de plagio. Por ejemplo, si una víctima tiene el derecho a apelar una decisión o sanción, el acusado tiene el mismo derecho”.