Kenia pone a prueba la eficacia de la Corte Penal Internacional

El caso de Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), ha puesto a prueba la eficacia de la propia institución, abierta en 2002. La fiscalía asegura que el Gobierno keniano no colabora en la obtención de pruebas. Sin ellas, no pueden presentar a Kenyatta como responsable indirecto de la muerte de unos 1.300 civiles tras las elecciones de 2007. Ante la imposibilidad de avanzar, ha pedido a los jueces “que no abran el proceso hasta que Nairobi cambie de actitud”. La defensa, en cambio, solicita el archivo de la causa por “ausencia flagrante de evidencias”. Pero, sobre todo, quiere que se proclame la inocencia del cliente. La situación es excepcional porque Kenia es miembro de la Corte y debe cooperar con ella.

La obstrucción de la justicia denunciada por la acusación muestra también la otra gran dificultad afrontada por la justicia penal internacional. La CPI está mal vista en África porque muchos de sus países consideran que solo se ocupa de perseguir a sus nacionales. En concreto a los de Sudán, Uganda, República Central Africana, Libia, Costa de Marfil, República de Congo, Malí y Kenia, que es donde investiga la fiscalía. La propia Unión Africana ha criticado el trabajo de la Corte por considerarla dominada por los socios europeos. El reproche es especialmente doloroso para la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que es de Gambia, y repite que solo acude “allí donde se cometen los peores delitos”.

Estas tensiones, y la dificultad añadida de que la Corte dependa de sus miembros para detener a sus acusados, han llevado al fiscal Benjamin Gumpert a criticar con dureza al acusado. “Sabemos que hay pruebas para sustentar el caso. Pero mientras Uhuru Kenyatta se mantenga como presidente de Kenia, es mejor suspender el proceso hasta que cambie la situación. Es el hombre más poderoso e influyente del país. Controla el Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado. Él entorpece la justicia, porque el Gobierno está a su merced”, ha dicho. Además de pedir la suspensión indefinida de proceso hasta que cambie la situación, ha solicitado a los jueces que el resto de los Estados miembros de la CPI (122) evalúen la posibilidad de imponer sanciones a Kenia.

Stephen Kay, abogado defensor de Kenyatta, ha sido también directo en sus alegaciones. “El caso ha fallado porque no hay pruebas. Cada vez que hemos demostrado que había contradicciones en las declaraciones de los testigos, o bien dudas sobre su integridad, porque algunos han llegado a pedir dinero, la fiscalía abre otra vía de investigación. Así las cosas, no tenemos fe en los fiscales y tampoco daremos más información. Si hubiera pruebas habría caso, pero no es así”, ha asegurado.

Kenyatta llegó al poder en 2013 en el curso de unas elecciones consideradas dudosas por los observadores internacionales. De todos modos, los cargos que se le imputan datan de 2007, cuando su aliado, Mwai Kibaki, ganó la presidencia. Ambos pertenecen a la etnia kikuyu, y, según los fiscales, Kenyatta habría financiado a un grupo guerrillero afín llamado Mungiki para reprimir a otros clanes. Su viaje a La Haya, sede de la CPI, ha sido preparado con cuidado para presentarle como un estadista. Como el presidente de una de las economías más fuertes de África, cuya Constitución fue aprobada en un referéndum en 2010 con el 68% de los votos a favor.