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Una investigación sobre evasión de impuestos pone en aprietos a Juncker

El Gobierno del ahora presidente de la Comisión permitió a 340 empresas limitar su factura

Enpresas como Pepsi, American Tobacco o la propietaria de Standar and Poor's solo pagan un 1% de impuesto de sociedades en Luxemburgo D. Faget Atlas

Una tormenta política se cierne sobre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, seis días después de asumir el cargo. La revelación de un controvertido marco fiscal que permite a cientos de multinacionales afincarse en Luxemburgo y reducir a niveles testimoniales su tributación pone en apuros a Juncker, primer ministro luxemburgués durante 18 años y también ministro de Finanzas en la época en que se firmaron esos acuerdos con las empresas. La Comisión, ahora liderada por Juncker, anunció este jueves que ampliará las investigaciones ya abiertas contra Luxemburgo y otros países por prácticas similares si encuentra motivos para hacerlo, sin prejuzgar la decisión definitiva.

La ingeniería fiscal drena las arcas estatales

L. A.

La ingeniería fiscal es la mayor amenaza para las arcas públicas del siglo XXI. La investigación internacional sobre el caso luxemburgués revela una práctica muy generalizada para las multinacionales en diversos puntos del planeta. En este caso, el cliente estaba representado por un asesor de la consultora PriceWaterhouseCoopers, que se reunía con las autoridades belgas para obtener el sello de conformidad a la elusión fiscal. Eso permite a las compañías no tener que enfrentarse a posibles alegaciones posteriores (aunque la Comisión Europea siempre tiene la posibilidad de rastrear esos acuerdos como posibles ayudas de Estado discriminatorias).

El mecanismo por el cual cientos de multinacionales pueden acabar reconduciendo sus beneficios de manera que solo tributen en Luxemburgo, no en el lugar donde fueron generados, trae de cabeza a las Haciendas europeas (también a la española, que en los últimos años ha abierto investigaciones contra varios gigantes, entre ellos Google). Las empresas fijan su matriz en Luxemburgo y crean una maraña de filiales que pueden ir transfiriendo sus activos al país con tributación más ventajosa. Al final, ni siquiera está claro que acaben pagando algo en ese destino, sino que pueden derivarlo a paraísos fiscales donde el pago sea inexistente.

Un ejemplo tipo de estas prácticas abusivas es la concesión de un préstamo que una matriz hace a su filial para una operación económica. La filial tendrá que abonar a la matriz intereses por esas cantidades prestadas, pero podrá deducirse los intereses de la suma que tenga que abonar a Hacienda. Esas deducciones mermarán considerablemente la factura que la filial tuviera que pagar al fisco en concepto de impuesto de sociedades.

En otros casos, las filiales en países con una tributación normal son legalmente meras prestatarias de servicios de las matrices, que les abonan una comisión y les retiran todos los ingresos para transferirlos donde más conviene por cuestiones fiscales.

En el caso luxemburgués, una sola persona, Marius Kohl, con 37 años de servicio en la Administración fiscal, estampó su firma sobre los 548 acuerdos filtrados a los periodistas de investigación y que daban a las compañías la tranquilidad de no ver cuestionadas estas prácticas. Con la ventaja, además, de que esos documentos no están expuestos al escrutinio público porque son secretos. Bruselas pidió en julio conocer algunos de esos pactos, una medida considerada abusiva por el ministro luxemburgués de Finanzas. “¿Se puede pedir a los Estados miembros que comuniquen todas las decisiones fiscales? Me parece excesivo, va más allá de lo previsto”, se defendió este jueves Pierre Gramegna. Lejos de aceptar la decisión, el ministro anunció que su país ha recurrido al Tribunal Europeo de Justicia —con sede precisamente en Luxemburgo— esa demanda de información fiscal.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación divulgó este jueves en una treintena de diarios un extenso trabajo que demuestra que las prácticas para favorecer la evasión fiscal en Luxemburgo van más allá de casos concretos como los que investiga Bruselas. Al menos 340 multinacionales —entre ellas, Pepsi, Ikea o Deutsche Bank— se han beneficiado de acuerdos ad hoc, bendecidos por las autoridades fiscales luxemburguesas, que les han permitido eludir el grueso de su tributación por beneficios.

Las compañías podían llegar a pagar un 2% sobre sus ganancias, frente al 28,6% que rige en Luxemburgo (o el 21% de media europea si se tiene en cuenta que muchas de esas cantidades tendrían que tributar en el país europeo donde se genera la actividad económica de la empresa, no en Luxemburgo). Los diarios que han investigado estos documentos estiman en varios miles de millones de euros las pérdidas potenciales para las arcas públicas, cantidades nada desdeñables, especialmente en un marco de continuos recortes presupuestarios en toda Europa. Y los investigadores advierten de que podría haber mucho más.

Esos pactos fiscales se firmaron entre los años 2008-2010, coincidiendo con el periodo en que Juncker compatibilizó su labor de primer ministro con la de ministro de Finanzas, cartera que ocupó desde 1989, con competencias directas sobre fiscalidad. Aunque su portavoz en la Comisión intentó este jueves desvincular esas decisiones de la acción directa de Juncker, las probabilidades de que el titular de Finanzas conociera ese marco en un país de 550.000 habitantes son elevadas.

El nuevo presidente de la Comisión Europea evitó este jueves dar explicaciones y anuló el único acto público que tenía en Bruselas, para enfado de los organizadores, que se quejaron en un comunicado. El día anterior había comparecido ante la prensa y un periodista le preguntó precisamente por la investigación que ya abrió Bruselas en julio sobre posibles abusos en el marco fiscal ventajoso ofrecido a varias empresas. "Me abstendré en este asunto. Y no lo voy a frenar porque me parecería indecente", declaró. Su portavoz se remitió a estas palabras, aunque recordó el derecho de la Comisión a investigar más allá si encuentra elementos relevantes.

Eso es lo que estudia en estos momentos la nueva comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La sucesora de Joaquín Almunia aseguró en un comunicado que aún no ha decidido si las nuevas informaciones implicarán una nueva línea de investigación por parte de Bruselas.

Pese a la barrera de contención que intentó construir el Ejecutivo comunitario, el grueso de grupos políticos en el Parlamento Europeo exigen explicaciones a Juncker. En nombre de la institución, el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, pidió a la Comisión Europea "que examine estos casos para determinar si infringen la legislación y tome medidas rápidamente si es necesario". Socialdemócratas, liberales, la izquierda unitaria y los verdes exigieron también que Juncker explique lo ocurrido. Sin aludir al presidente, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, aseguró que Luxemburgo "puede hacer más" contra estas prácticas, mientras su homólogo francés, Michel Sapin, sentenció: "No son aceptables para nadie".

El caso explota solo seis días después del estreno de la Comisión Europea

Quienes no pudieron eludir las explicaciones fueron los actuales responsables del Gobierno luxemburgués. El primer ministro, Xavier Bettel, aseguró que esas prácticas "son conformes a las reglas nacionales e internacionales". Argumentos similares empleó en Bruselas el ministro de Finanzas, Pierre Gramegna, que había convocado a los periodistas para vender las excelencias del fin del secreto bancario que su país aplicará el próximo 1 de enero y tuvo que cambiar rápidamente su discurso hacia un terreno mucho más pantanoso.

En una sala abarrotada de periodistas extranjeros, Gramegna admitió que a veces "lo que es legal puede no ser éticamente compatible con la norma" y se declaró dispuesto a colaborar con Bruselas. En todo caso, se escudó en que muchos otros países tienen esquemas similares y manifestó su intención de mantener el modelo: "Esto no lo puede resolver un país solo, tiene que hacerlo en cooperación con el resto".

El problema de fondo reside en una batalla fiscal —en buena medida desleal— que han emprendido varios países en los últimos años para intentar atraerse la jugosa inversión de las multinacionales. Más allá de ofrecer tipos muy bajos sobre el impuesto de sociedades —el caso irlandés, con el 12,5% sobre las ganancias, ha sido muy cuestionado— algunos Gobiernos han puesto en marcha acuerdos que permiten a las empresas hacer una interpretación abusiva de las ventajas fiscales para acabar reduciendo prácticamente a cero su tributación. Los países logran mantener estos dudosos esquemas recurriendo al miedo económico: si se eliminan, el capital huirá a otros países que los mantengan.

El líder de la UE era primer ministro y titular de Finanzas durante los hechos

La Comisión Europea opta por abordar el asunto de manera parcial, como si se tratase de un problema de competencia, cuando en realidad es un asunto de pura fiscalidad. Bajo el mandato de Almunia, que concluyó la semana pasada, Competencia abrió investigaciones formales contra Irlanda, Holanda y Luxemburgo por estas prácticas, además de pedir información a otros Estados por razones similares. En el caso de Luxemburgo, hay dos investigaciones abiertas y afectan a los tratos favorables que su Hacienda procuró a Amazon y a la filial financiera de Fiat.

La única vía que encuentra Bruselas de prohibir estos tratos es demostrar que son ayudas de Estado que distorsionan el libre mercado, pues otras compañías no tienen la oportunidad de acogerse a las mismas reglas.