La vía de la paz se afianza en Colombia

La llegada a La Habana de jefes de las FARC se ve como un avance del diálogo

Un grupo de víctimas participa en los diálogos de paz en La Habana. EFE

De Madrid a Londres, pasando por Berlín y Bruselas, Juan Manuel Santos recibió la semana pasada una buena cantidad de elogios, apoyos y compromisos por el diálogo de paz que su Gobierno desarrolla con la guerrilla desde hace ahora casi dos años. El presidente de Colombia desplegó ante los dirigentes europeos el catálogo de ventajas del fin del conflicto, aseguró que nunca antes se había avanzado tanto en una negociación con las FARC y repitió lo que el vice primer ministro británico, Nick Clegg, dijo en español en su reunión en Londres: “Esta es tal vez la última y la única verdadera oportunidad de acabar un conflicto que dura 50 años”. Una guerra que ha causado casi seis millones de desplazados y 220.000 muertos.

Santos ha ido tejiendo una malla de expectativas y de sólido apoyo exterior a un proceso que, según varios analistas, se ha afianzado y pesa lo suficiente como para que desbaratarlo sea más costoso que culminarlo. Incluso la retórica de la paz que emplea el Gobierno ha incorporado la palabra posconflicto, esbozando ya un lugar después del diálogo de La Habana en el que empezaría de inmediato la reconstrucción del país y donde entraría en juego, por ejemplo, la conferencia de donantes que la semana pasada se ofreció a organizar España.

Una de las razones que inducen a pensar que el proceso avanza es el hecho de que hayan viajado a La Habana hace tres semanas un grupo de comandantes operativos de las FARC. Fueron trasladados en secreto, autorizados por el Gobierno, a Cuba. “Es una señal de que la guerrilla ha llevado a los mandos que tienen control sobre el terreno para discutir los detalles del fin del conflicto”, explica María Victoria Llorente, directora de la fundación especializada en el conflicto Ideas para la paz. Entre ellos está Henry Castañeda Garzón, alias Romaña, inventor de la pesca milagrosa, el sarcástico nombre con el que se conocían los secuestros indiscriminados de finales de los noventa. “Simboliza lo que más repudian los ciudadanos de las FARC y la revelación creó un ambiente muy espeso en Colombia”, dice Llorente. Pero es también un signo de que las FARC son, al menos hasta ahora, una organización compacta.

Los observadores no descartan que algún grupo se desgaje de la guerrilla

Los observadores del proceso no descartan que algún grupo se desgaje de la guerrilla. El riesgo es mayor en “zonas donde las FARC actúan como narcotraficante, como Nariño, norte del Valle del Cauca... pero serían una minoría”, afirma Javier Ciurlizza, director para Latinoamérica de Crisis Group desde Bogotá. También preocupan algunos mandos intermedios de la guerrilla sin interés en la política y sí en el dinero del narco. Por eso, dice Ciurlizza, que formó parte de la Comisión de la Verdad de Perú, “es crucial darles incentivos y ahuyentar el peligro de una desmovilización incompleta como ocurrió con los paramilitares, cuyos restos se integraron después en bandas criminales”.

El reconocimiento por parte de la guerrilla de que ha causado víctimas —a su enrevesada manera dicen haber “afectado a civiles en diferentes momentos...”— se percibe como otra señal de que se mueven posiciones. Es una obviedad, pero hace dos años el negociador jefe de las FARC, Iván Márquez, dijo en Oslo: “Quien debe reparar a las víctimas son los victimarios, atrincherados en la espuria institucionalidad”.

El entusiasmo internacional por el proceso contrasta con la enorme polarización que suscita en Colombia. Una encuesta de octubre de la consultora Cifras y Conceptos constata que solo el 39% confía en que el diálogo culmine con éxito y el enorme rechazo —un 85%— que provoca la idea de que los líderes guerrilleros puedan no ir la cárcel. Ese es uno de los aspectos de todo lo que queda por negociar, lo más complicado: qué verdad, reparación y justicia recibirán las víctimas del conflicto —y por tanto, si habrá penas alternativas o cárcel para los guerrilleros— y cómo se hará la desmovilización, la entrega de armas y la reintegración en la vida civil.

La complejidad del desarme

Si el Gobierno y las FARC logran firmar un acuerdo en La Habana, una de las situaciones más delicadas será el desarme. Los negociadores del Ejecutivo han dicho que la guerrilla no puede mantener las armas para comprobar si se cumplen los pactos. “No habrá una paz armada”, aseguró el propio jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, hace ocho días desde Cuba.

Varios militares en activo están dando opciones técnicas a la mesa de negociación para esa fase, igual que hacen los jefes guerrilleros que acaban de llegar a la isla. Una hipótesis es que haya un alto el fuego definitivo y se designe un lugar para dejar las armas. Es entonces cuando pueden hacer falta guarniciones de países amigos. “Será importante la presencia de militares o policías sin armas para supervisar el cese al fuego y el cumplimiento de los acuerdos. Por si, por ejemplo, empiezan a matar a exguerrilleros”, dice Javier Ciurlizza. La protección de los desmovilizados será clave. Aún pesa el sangriento precedente de la Unión Patriótica, un partido que nació en 1985 en un intento de acuerdo de paz y que incorporaba facciones desmovilizadas de las FARC. Miles de sus miembros, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados.

El Gobierno también tiene que lidiar con la intranquilidad de los militares sobre su futuro como institución en un hipotético escenario de paz y sobre qué condenas tendrán que cumplir los implicados en delitos graves cometidos en el conflicto. Hay 4.173 militares investigados por ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos —el asesinato de civiles presentados como guerrilleros abatidos—, según un informe de la Fiscalía citado por El Espectador. “Los militares están alineados con la defensa de la Institución y de sus hombres. También les une el temor a qué les va a suceder”, dice Llorente. “Sienten que han vencido a las FARC y que por eso está la guerrilla en La Habana”, agrega. Santos ha dicho que el Ejército también tendrá beneficios penales. En julio, pronunció un patriótico discurso en el fuerte militar de Tolemaida, en el centro del país. Afirmó: “Lo justo es que si hay beneficios jurídicos para los enemigos, por supuesto que habrá beneficios jurídicos para nuestras fuerzas”.

A la complejidad del proceso se suma la poderosa oposición que ejerce el expresidente y senador Álvaro Uribe. La ferocidad con la que ataca el diálogo no ha aflojado tras las elecciones de junio, cuando la negociación se convirtió en arma arrojadiza. En una carta publicada el domingo en respuesta a la invitación de un exministro a examinar el diálogo, Uribe desgrana su argumentario: “Preocupa que la paz se considere irreversible porque el Estado se ha puesto de igual a igual con el terrorismo, los generales son equiparados políticamente con sus asesinos y la tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del castrochavismo”, dijo.

Sus palabras caen como gasolina un ambiente inflamable en el que los ataques de las FARC continúan y la repulsa por la posibilidad de que la guerrilla participe en política u obtenga beneficios penales sigue intacta. El Gobierno confía en que los ciudadanos acepten el acuerdo una vez puedan evaluarlo completo. De momento ha costado dos años pactar tres de los seis puntos de la agenda —reforma agraria, desmantelamiento de la red de narcotráfico, participación política— y lo más delicado está por venir. Santos dijo en una entrevista con este diario, nada más ser reelegido, que aspiraba a que a finales de año terminara la negociación. Pero advirtió que solo es un deseo, “no una fecha límite”. La gira europea alimenta la impresión de que 2015 será decisivo y que, si el diálogo dura mucho tiempo, lastrará todo el proceso.

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