El secuestro dispara la polarización

El diálogo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano ha sido, desde el principio, un material inflamable que suscita una enorme división en el país. El secuestro del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes llega cuando la agenda de negociación de La Habana afrontaba los temas más complicados y que más crispan en la calle, por ejemplo qué justicia recibirán las víctimas —y, por tanto, si los guerrilleros acusados de delitos graves irán a prisión— o cómo será el desarme y la reintegración en la vida civil de los desmovilizados. Ocurre cuando los militares están inquietos por su futuro como institución después de una guerra que ha durado cinco décadas. Y ocurre cuando el anterior presidente, Álvaro Uribe, atiza la hoguera de los miedos y las legítimas dudas de muchos ciudadanos sobre el proceso.

Horas después del secuestro, el ahora senador Uribe, líder de la oposición con su Partido de Centro Democrático, denunció en un comunicado que “los miembros de las Fuerzas Armadas no deberían seguir siendo igualados con el terrorismo”. Lo publicó en su cuenta de Twitter, una poderosa plataforma con 3,3 millones de seguidores desde donde lanza dardos cada día, implacable, contra Santos —al que acusa de haber vendido el país al castrochavismo— y el proceso de paz. Este lunes, por ejemplo, dijo en un tuit: “Santos ha permitido que las FARC se sientan en igualdad con las Fuerzas Armadas, por eso los terroristas secuestran y dicen que es detención”. En otro aseguraba que hay “639 soldados y policías asesinados por terroristas FARC durante diálogo con Santos”.

Hay muchos oídos para estos mensajes, y el secuestro del general Alzate da oxígeno a los que creen que no hay nada que negociar con la guerrilla. Una encuesta de octubre de la firma Cifras y Conceptos refleja que solo el 39% de los ciudadanos confía en que las negociaciones concluyan con éxito, y que la gran mayoría rechaza que los guerrilleros puedan no ir a prisión (85%). El gran descrédito de las FARC y el odio que causan sus crímenes, en particular el secuestro —que se comprometieron a no practicar—, contribuyen a la polarización. El recuerdo de los secuestrados durante años en la selva, en condiciones penosas, está muy presente en un país donde hay seis millones de desplazados y donde han muerto 220.000 personas por el conflicto.

El secuestro de un general impacta de lleno en el Ejército, una institución inquieta por cuál será su misión si sale adelante el proceso de paz y por qué penas tendrán que cumplir sus miembros acusados de delitos cometidos a causa del conflicto. Santos les ha garantizado que gozarán de beneficios penales si se firma la paz, al tiempo que se debate en el Senado si los casos de ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos —civiles asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate— se transfieren a la justicia castrense. Hay más de 4.000 militares investigados por este motivo, y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch temen que si los juzgan los tribunales militares se abra una vía de impunidad.

En este proceso de paz se negocia sin que haya alto el fuego. Esa condición la marcó el Gobierno para evitar que las FARC empleen el diálogo para rearmarse como hicieron en el anterior intento frustrado, las conversaciones de El Caguán (1999-2002). “Es difícil explicarle a la gente que uno está negociando la paz en La Habana y se está matando aquí en Colombia”, reconocía el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con este diario en junio, tras su reelección. Ahora esa presión ha aumentado, y el primero en hacerlo saber ha sido Uribe, que dijo este lunes: “La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con las FARC, debería exigir a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales”. Pese a la división que generan estas cuestiones, se ha avanzado en tres de los seis puntos de la negociación. Si se reanuda, queda ahora lo más complicado. Y con la hoguera en plena combustión.