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Tailandia acalla las críticas tras el golpe de Estado

La Junta Militar endurece la represión con detenciones de académicos y el cierre de medios

El general Prayuth Chan-ocha se postra el lunes ante el rey Bhumibol Adulyadej en el hospital en que se encuentra ingresado Ampliar foto
El general Prayuth Chan-ocha se postra el lunes ante el rey Bhumibol Adulyadej en el hospital en que se encuentra ingresado EFE

Una de las mayores preocupaciones del Ejército de Tailandia desde el golpe de Estado, hace seis meses, ha sido acallar las críticas y detener a los disidentes para someterlos a lo que denomina “ajustes de actitud”. Los militares han arrestado a ciudadanos que protagonizaban protestas tan simbólicas y pacíficas como leer en público la novela 1984 o el saludo de los tres dedos de la película hollywoodiense Los juegos del hambre, que ha sido adoptado como un gesto de protesta contra el golpe de Estado. “Cuando hice este saludo me detuvo una policía de paisano y me llevaron al club militar. Me hicieron firmar un documento asegurando que no volvería a actuar así de nuevo”, explica Nachacha, de 21 años.

Los uniformados tomaron el poder por segunda vez en ocho años el pasado 22 de mayo, destituyendo al clan Shinawatra, uno de los más poderosos del país. La ex primera ministra, Yingluck Shinawatra, ya había sido apartada de la política por orden de un Tribunal dos semanas antes del golpe y se enfrenta a un posible juicio por negligencia en el cumplimiento de su deber. Los militares, que asumieron el control sin pegar un tiro, suspendieron el Parlamento y la Constitución, y bautizaron la Junta que dirige el general Prayuth Chan-ocha como el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO).

Los militares han derrocado otros 11 Gobiernos en los últimos 80 años. La vez anterior echaron a Thaksin Shinawatra, hermano de la última jefa de Gobierno y el verdadero poder en la sombra desde su actual exilio en Dubái. El país asiático vive un momento especialmente delicado debido a los problemas de salud del venerado rey Bhumibol Adulyadej que, a sus 86 años, no pudo asistir a la toma de posesión de dos ministros hace unos días.

Amnistía Internacional denunció en un informe titulado Ajustes de actitud: 100 días bajo la ley marcial que los militares han detenido arbitrariamente a cientos de personas, incluidos académicos, estudiantes y periodistas. La organización ha documentado palizas, amenazas de muerte, intentos de asfixia o incluso simulacros de ejecución de algunos de los detenidos. La mayoría de ellos, además, han permanecido arrestados más de siete días, sin cargos. Y el hostigamiento persiste: “He sido convocado por la Junta tres veces, pero no me han conseguido silenciar”, asegura un periodista de un popular periódico local que exige mantenerse en el anonimato. “Sigo bajo amenaza, esta misma tarde he recibido una llamada de la Junta preguntándome dónde estoy”, asegura.

Los uniformados intentaron silenciar rápidamente a los medios de comunicación contrarios a sus objetivos y cerraron más de una docena de canales de televisión por satélite que se habían mostrado favorables a las protestas antigolpistas. Medio año después, muchas de estas televisiones han cambiado tanto de nombre como de tendencias políticas para poder emitir de nuevo. Los presentadores de televisión que eran conocidos como comentaristas políticos ahora presentan programas de entretenimiento o tertulias en el nombre de la “reforma nacional” y “la reconciliación”.

No obstante, esto parece no haber sido suficiente. El pasado fin de semana, el Ejército presionó a una cadena de televisión local para que cambiara de presentadora porque su estilo molestaba a los militares. Un grupo de periodistas lanzó una campaña en las redes sociales para pedir a la Junta militar que deje de intimidar a los medios de comunicación. “Proteger la poca libertad que nos queda ahora dependerá de los periodistas comprometidos, la audiencia y los lectores. Es difícil saber cómo evolucionarán las cosas en los próximos meses, pero las señales no son alentadoras”, añade el citado periodista.

Tras el golpe, la Junta dio instrucciones a los medios para que dejaran de entrevistar a los académicos críticos con los militares porque podrían “causar confusión” en la sociedad. Sus voces continúan siendo silenciadas también en las aulas de las universidades. En septiembre intentaron impedir la celebración, en la Universidad de Tammasat, en Bangkok, de un seminario sobre el fin de los regímenes dictatoriales en países extranjeros. “Recibimos una carta de los militares pidiendo que canceláramos el seminario porque afectaría a la unidad y la paz de la nación, pero lo celebramos de todos modos. Unos 20 agentes de la policía interfirieron y tuvimos que parar. Cuatro profesores y tres estudiantes fueron detenidos”, expone Didtita Simcharoen, una activista estudiantil.

El personal académico de varias universidades fue convocado por los militares para recibir instrucciones para controlar las actividades que “crean división” y “falta de respeto a la ley”.

Muchos intelectuales antigolpistas se han visto obligados a exiliarse a Japón, Reino Unido o Estados Unidos para huir de la represión. “Un académico que piensa diferente del Gobierno militar tiene que autocensurarse si quiere trabajar y vivir en Tailandia. La razón principal es la ley marcial, que permite detenciones de hasta siete días sin cargos”, asegura un académico de derecho, que también prefiere mantener el anonimato. “Pensé dejar el país, pero después de hablar con mi familia decidimos quedarnos”, dice.

Human Rights Watch (HRW) sostiene que tras el golpe de Estado se ha producido el mayor éxodo de intelectuales liberales de la historia reciente de Tailandia. Las elecciones serán en un año como pronto. “Seis meses después del golpe de Estado, no hay señales de que la Junta vaya a honrar la promesa de que Tailandia sea de nuevo un régimen democrático civil el próximo año. Los generales refuerzan cada día más sus filas y adquieren mayor control. La atmósfera que se respira es de dictadura”, según Sunai Phasuk, de HRW.