Suiza reta a la UE con un referéndum para impedir la entrada de inmigrantes

Suiza se juega en las urnas una de las claves de su prosperidad. La llegada sin apenas restricciones de ciudadanos comunitarios desde 2002 ha impulsado la economía y los salarios casi sin alterar la tasa de paro, que ronda un envidiable 3% desde hace años. Pero la aceleración en la entrada de extranjeros y el miedo a perder lo conquistado multiplican el recelo de la población. Tras la afrenta a la UE que supuso el reciente respaldo a una iniciativa para limitar la inmigración, los suizos deciden este domingo sobre un proyecto mucho más radical: reducir a un magro 0,2% del censo las llegadas netas cada año.

La propuesta, impulsada por el grupo ecologista Ecopop, va acompañada de otra idea mucho más controvertida: la obligación de que Suiza dedique un 10% de su ayuda al desarrollo al control de la natalidad en países pobres. El lema de la iniciativa invoca un mismo objetivo para justificar las dos metas: “Alto a la sobrepoblación. Sí a la conservación sostenible de los recursos naturales”. El año pasado hubo 88.000 entradas netas de extranjeros en el país alpino, un 3,2% más que en 2013. Con el proyecto de Ecopop, se reducirían a menos de 17.000.

Sus promotores abogan sin tapujos por rebajar la población, aunque eso deje a las empresas sin mano de obra suficiente para su actividad. “El objetivo no es multiplicar los puestos de trabajo. No tenemos necesidad de crecimiento de la población”, alega Anita Messere, de Ecopop. Cuando se le pregunta por la lógica de que los trabajadores se desplacen allí donde hay empleo, espeta: “Eso también perjudica su prosperidad. Nosotros les estamos robando médicos a los españoles. Suiza no tiene por qué arreglar los problemas de otros sitios”.

Partidos políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales se oponen frontalmente a la iniciativa. Los últimos sondeos apuntan a un rechazo del 56% de los consultados, aunque un nada despreciable 39% la apoyaría. “Nos tomamos muy en serio este asunto. Una parte de la población está preocupada por el aumento de la inmigración, que ha sido muy rápido en los últimos años, no se puede negar”, admite una portavoz del Ministerio de Justicia suizo.

Suiza tiene una gran tradición de acoger a ciudadanos de otros países, que representan un 23,5% de la población. Pero el perfil del inmigrante difiere mucho del de los Estados comunitarios. La inmensa mayoría son europeos, especialmente de los países más desarrollados —con alemanes a la cabeza—, aunque ahora crecen más rápidamente las llegadas de europeos del este. Se trata, además, de un colectivo que en un 58% de los casos tiene formación universitaria. “Limitarlos tendría consecuencias directas en la economía. Por poner un ejemplo, 20.000 personas se jubilan al año en la industria de maquinaria y con la población autóctona solo cubrimos 3.000”, ilustra Carmelo Laganà, de la patronal Économiesuisse.

Más allá de esos números, el impacto en la relación preferencial que la UE mantiene con Suiza sería drástico. “Hay que hablar claro a la población y decirles que reflexionen; si cae la libre circulación con los países comunitarios, cae todo lo demás”. La portavoz de Justicia alude a los 120 acuerdos que vinculan a la confederación y al bloque comunitario y que comportan, entre otras cosas, un libre comercio muy beneficioso para ambos. Una cláusula de esos pactos estipula que, si se anula uno, decaen todos.

Los referendos suizos, una seña de identidad de la que se enorgullece el país, los están poniendo en aprietos. El Gobierno trata de concretar la iniciativa respaldada en febrero para volver a establecer cupos de extranjeros sin tirar por la borda la relación bilateral. La propia UE tiene una situación delicada en este debate, con Reino Unido a la cabeza de quienes cuestionan la libre circulación.