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La contaminación ahoga al régimen chino

La lucha contra la polución, que causa gran descontento social, es una prioridad política

Personas con mascarillas pasean por el centro de Pekín. Getty

La contaminación del aire, de los ríos y las tierras de cultivo en China es de tal magnitud que no solo amenaza el crecimiento económico y la salud pública: también la estabilidad política. El creciente descontento social ha convertido el combate a la polución en prioridad política del Gobierno de Xi Jinping, junto a la lucha contra la corrupción. Entre enero y septiembre de este año, las denuncias por contaminación se han duplicado respecto al mismo periodo de 2013, según informó esta semana la prensa oficial. Unas 190.000 empresas han sido castigadas en el último bienio por violar leyes medioambientales y las multas impuestas suman 520 millones de euros.

El próximo 1 de enero entrará en vigor una nueva versión de la Ley de Protección Medioambiental, la principal en este ámbito, que prevé multas mucho más fuertes a quienes contaminen y a los funcionarios que lo toleren.

La indiferencia que mostraban hasta hace dos años el régimen ante lo que consideraban una consecuencia inevitable del crecimiento económico está llegando a su fin. Una muestra de lo que puede hacer la voluntad política la vivieron los pequineses en noviembre. Durante una semana, los cielos habitualmente sucios de la capital fueron de un azul brillante. Tan brillante que fue bautizado como “azul APEC”, en alusión a la cumbre Asia-Pacífico que se celebraba entonces en Pekín. Para garantizar un aire prístino durante la reunión, las autoridades impusieron medidas como la prohibición de circular a la mitad de los vehículos de la capital cada día y el cierre de fábricas en 200 kilómetros a la redonda.

El azul no es el color habitual del cielo en la mayor parte de China. El exministro de Sanidad Chen Zhu calculaba en enero pasado que cada año mueren prematuramente entre 350.000 y 500.000 chinos debido a la contaminación. Ya en 2013 un estudio publicado en The British Medical Journal y patrocinado por la Asociación Nacional de Ciencias Naturales de China y el Consejo Nacional Australiano para la Salud y la Investigación Médica vinculaba la polución del aire en Pekín con la pérdida de años de vida.

La venta de purificadores de aire para el hogar o la oficina se ha disparado, pese a que pueden llegar a costar 2.000 euros por unidad. El año pasado el volumen de ventas alcanzó los 463 millones de euros, cerca del doble de 2012, según la consultora Daxue Consulting. En Pekín, algunos colegios internacionales han instalado sofisticadas y carísimas burbujas gigantescas para que sus alumnos puedan salir al recreo sin correr riesgos en los peores días, esos en los que las imágenes de chinos caminando como sombras entre la bruma de aire sucio dan la vuelta al mundo.

Y no es solo el aire. Según ha admitido el Gobierno, el 20% del suelo de cultivo está contaminado, al igual que el 60% del agua en superficie, algo que ha comenzado a impactar una economía que se ralentiza. El malestar de la población del país con respecto a la polución es cada vez mayor, algo tangible en las redes sociales y en las frecuentes manifestaciones de protesta por motivos medioambientales.

Los efectos en la economía y el descontento social han obligado al Gobierno a reaccionar. “Buena parte de la agenda política de los líderes se dirige a aumentar la satisfacción de la clase media urbana. Cuando este sector clave de la sociedad se ha empezado a quejar de la contaminación y generar un gran debate, los líderes le han prestado oídos y lo han puesto en primer lugar de su agenda”, explica el director del programa para China de Greenpeace, Ma Tianjie.

En septiembre de 2013, China lanzó un amplio plan nacional de lucha contra la contaminación. Y en marzo pasado el primer ministro, Li Keqiang, declaraba la “guerra a la polución”, que aseguraba que se combatirá “con el mismo vigor con que nos enfrentamos a la pobreza”.

Esta nueva voluntad política ha marcado una diferencia, a juicio del representante de Greenpeace. Desde el 1 de enero de 2014, las principales empresas contaminantes deben divulgar sus emisiones en tiempo real. Se ha impuesto a las provincias objetivos precisos y su cumplimiento contará al evaluar a los funcionarios para un ascenso. O para un cese.

Este cambio de actitud se refleja también en el giro del Gobierno en su posición sobre el cambio climático. En noviembre acordó un pacto histórico con EE UU para llegar en 2030 (o antes) al máximo de sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero, cerca de una década antes de lo que calculaban los analistas. Pekín se comprometió también obtener el 20% de su energía de fuentes renovables para 2030.

Las medidas parecen haber comenzado a arrojar cierto fruto. Un estudio de Greenpeace indica que en el primer semestre de este año la contaminación en Pekín descendió casi un 10% con respecto al año pasado. El consumo de carbón —que representa dos tercios de la cesta energética china— descendió este octubre por primera vez en la historia moderna.

Aunque no todo es de color de rosa. Está por ver si las nuevas medidas se aplican seriamente o pasan a engrosar el largo archivo de normas chinas que solo existen sobre el papel. Las organizaciones ecologistas advierten también del peligro de iniciativas que simplemente desplacen la contaminación del este desarrollado del país al oeste más pobre. Los analistas echan en falta campañas de educación ciudadana y un impuesto verde antipolución.

Expertos como Zhang Boju, de la ONG china Friends of Nature, advierten también contra la presión de los “intereses creados, basados en el viejo sistema de desarrollo económico, la industria química pesada y las energías fósiles, donde hacer caso omiso del desarrollo sostenible es bastante común”. Incluso en el acuerdo con EE UU persiste una gran incógnita: el nivel que alcanzarán las emisiones chinas cuando alcancen su techo. “Sabemos cuándo llegaremos a la cima de la montaña pero no el tamaño que va a tener esa montaña”, explica Ma.

Mientras, la polución sigue siendo el pan nuestro de cada día: un informe de la ONG Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) a mediados de diciembre revelaba que de 2.679 grandes empresas estudiadas, 1.092 contaminaron el aire entre agosto y octubre de este año. Entre ellas, empresas estatales como Chalco, el gigante chino del aluminio.