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Tribuna
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Otro 'strike' de la izquierda beata ecuatoriana

Un Estado laico es una entidad independiente de cualquier organización o confesión religiosa

La izquierda beata ecuatoriana se lleva bastante bien con la derecha beata. Forman una coalición anti-progresista, quizás funcional para la perpetuación de sistemas que buscan abordar la sexualidad y los derechos reproductivos desde posiciones extremas y con influencia religiosa, en un Estado laico. Tal vez ello también sea funcional para la perpetuación en el poder del Presidente. Como quedó demostrado en noviembre pasado, la izquierda beata—de tan beata—se pasó a la derecha: nombró a un miembro del Opus Dei a cargo de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, ENIPLA.

ENIPLA se creó en julio de 2011 para reducir los embarazos adolescentes y los no planificados. Entre sus acciones principales se hallan la promoción de la educación sexual en adolescentes y niños, la planificación familiar, el fácil acceso a métodos anticonceptivos, la asistencia sanitaria y la atención integral a mujeres embrazadas. Rápidamente se convirtió en un programa emblemático del Ministerio de Salud Pública (MSP), una de las carteras de Estado mejor manejadas.

Los resultados de la labor de ENIPLA han sido positivos, se ha logrado disminuir en un 6,8% la tasa de fecundidad entre los jóvenes de 15 y 19 años, pero siguen siendo muy pocos tres años para medir impacto y resultados. Sin embargo, el presidente Correa decidió recientemente que la administración de ENIPLA pase a cargo de la presidencia, siendo su nueva directora, Mónica Hernández, una de las principales opositoras a su creación.

Como son pocos esos mismos años para calificar su administración, pese a los importantes logros alcanzados, sin embargo Correa ha resuelto disponer una “profundización de la estrategia con una mirada en valores y en responsabilidad social”. Una resolución retardataria en un estado que al reconocerse laico debe protegernos de injerencias religiosas en las políticas públicas en lugar de propiciarlas.

La educación sexual y el discurso de género tienen un futuro poco prometedor en el Ecuador de Correa. La postura oficial del Gobierno es que el género es un discurso ideológico y mucho del material sobre educación sexual que circula en los colegios del Estado tiende a ser retirado de circulación. La Edad Media a las puertas de 2015, al mejor estilo de un capítulo de la serie Resurrection, con la inquisición disfrazada de renovada estrategia intersectorial.

No califica como juzgamiento anticipado advertir el comportamiento de Hernández, porque hay circunstancias que no merecen el beneficio de la duda, especialmente si involucran temas trascendentales y urgentes. Desde su anterior función de asesora presidencia, sus continuos y documentados comentarios en informes a ENIPLA han puesto en evidencia su tendencia y permiten deducir el tipo de valores y responsabilidad social que formarán parte de su plan de trabajo. Hernández va a convertir su postura personal en política pública y eso es peligroso.

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Los comentarios de Hernández hacen referencia a señalar que las relaciones sexuales precoces, promiscuas, casuales o no naturales entrañan un peligro para el futuro proyecto de vida y la vida social y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Asegura que los anticonceptivos, al dar la falsa seguridad de actos sin efectos, tornan a las personas en seres más irrespetuosos y posiblemente más violentos. Y afirma que no se deben dirigir los programas a toda la población de niños, niñas y adolescentes, ya que, si bien en el país viven adolescentes homosexuales, bisexuales, lesbianas y travestis, esa no es la realidad de la mayoría de éstos.

No es importante que Hernández sea del Opus Dei, sino que lidere una iniciativa de esta magnitud desde una posición que concuerda con los principios rectores de una de las facciones religiosas más retrógradas en temas de sexualidad y derechos reproductivos. Los ciudadanos, especialmente los niños, niñas y adolescentes, tenemos derecho a que se garantice laicidad en todas las políticas públicas y que no se pretenda convertir en política de estado una creencia particular.

Aún no está claro por qué un programa de salud pública deja de ser una estrategia intersectorial que implicaba al Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Inclusión Social y Económica y al Ministerio de Educación, y se lo restringe a la tutela exclusiva de una oficina en el Palacio de Carondelet. Correa todavía no lo explica y Hernández tampoco habla.

El presidente parece haber olvidado que un Estado laico es una entidad independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Ojalá que atienda el pedido de las agrupaciones que demandan la remoción de Hernández. Ojalá esta coalición anti-progresista no convierta en política pública la posición personal de una asesora y su jefe.

* Karla Morales es abogada especializada en Derechos Humanos. Colabora como columnista de varios medios impresos y digitales en Ecuador y Estados Unidos. Twitter @karlamoralesr

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