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Los republicanos reanudan la batalla contra la reforma migratoria

La oposición conservadora abre un frente legislativo y otro ante los tribunales

Protestas en Arizona ante la llegada de menores indocumentados. EFE

Año nuevo, asalto nuevo. Con la mayoría asegurada desde el inicio del curso político en las dos cámaras del Congreso estadounidense, la oposición republicana no ha tardado en reabrir una de sus batallas más agrias contra Barack Obama, la migratoria.

El objetivo: revertir o bloquear las medidas ejecutivas que el presidente estadounidense anunció en noviembre de forma unilateral para frenar la deportación de hasta cinco millones de indocumentados .

Pero la ruta de esta nueva confrontación no parece tan clara ni la unidad interna republicana tan firme. A lo que se unen los riesgos electorales que puede implicar volver a enfurecer al influyente voto latino, un factor que no pocos líderes del partido que aspira a recuperar la Casa Blanca en 2016 tienen muy presente.

La estrategia trazada a finales de 2014 era empezar presionando con los recursos para el Departamento de Seguridad Nacional, la única partida que no recibió fondos para todo el año en el presupuesto, sino que se quedará sin dinero el 27 de febrero.

Y así lo hizo esta semana, cuando con los votos de la mayoría republicana más amplia de las últimas décadas, la Cámara baja aprobó un presupuesto de 40.000 millones de dólares que contiene varias cláusulas que revertirían no sólo las medidas dictadas por Obama en noviembre, sino incluso su muy aplaudida acción diferida (DACA) de 2012, que ya ha beneficiado a 600.000 jóvenes indocumentados.

Claro que cuando se trazó ese plan no había ocurrido aún el atentado yihadista contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que ha elevado el nivel de preocupación por el extremismo islamista en todo el mundo. Y si bien es cierto que el Departamento de Seguridad Nacional es el encargado de aplicar las leyes migratorias —y las decisiones en esta materia dictadas por Obama— también es el máximo responsable de coordinar la seguridad del país. “Nunca es un buen momento para tontear con los fondos del Departamento de Seguridad Nacional, pero en vista de lo sucedido, este es un momento especialmente malo”, apuntó de inmediato el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Además del bad timing o inoportunidad de la votación en este escenario internacional, los republicanos se enfrentan a varios dilemas más.

La ofensiva corre el riesgo de volver a enfurecer a los votantes latinos

De un lado, desde sus propias filas se ha reconocido públicamente que la propuesta de ley no tiene futuro. Y no sólo porque Obama ha dicho que la vetará si llega a su mesa. La iniciativa aún tiene que pasar por el Senado, y ahí la mayoría republicana no basta para lograr su aprobación de forma unilateral. Para ello necesitaría 60 votos, cuando solo tiene 54 escaños. Arañar seis votos demócratas para esta propuesta sería “un milagro”, ha admitido el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. A lo que se une que tampoco todos los republicanos están necesariamente de acuerdo con esta iniciativa.

Al fin y al cabo, la propuesta de ley migratoria que más lejos llegó en su recorrido legislativo al ser aprobada en el Senado en 2013, había sido elaborada por cuatro senadores demócratas y otros tantos republicanos, entre ellos el presidenciable Marco Rubio.

Porque no se puede olvidar el factor electoral, sobre todo ahora que se prepara el campo de batalla para las presidenciales de 2016. Una cita en la que todos los analistas coinciden en que, al contrario que en las elecciones legislativas pasadas, sí volverá a tener mucha importancia el creciente voto hispano, que fue el que apuntaló en 2012 la reelección de Obama.

Existe además una batalla interna dentro del Partido Republicano que no se libra necesariamente en Washington, sino en algunos Estados del Medio Oeste gobernados por conservadores. En esta zona se ubican las otrora florecientes ciudades del cinturón industrial muy afectadas por la crisis y que reclaman facilidades para atraer a trabajadores extranjeros que les ayuden a recuperar el esplendor perdido. Esta región comprende Ohio, Michigan, Pensilvania o Wisconsin, Estados bisagra que podrían decidir quién ocupa la Casa Blanca en 2017.

El partido concibe su acción más como un desafío político que una apuesta viable

Pese a que casi todas las partes coinciden en que la acción del Congreso es más un desafío político que una acción con visos de tener éxito, para Janet Murguía, presidenta del influyente Consejo Nacional La Raza (NCLR), constituye de todos modos un “desastroso paso político”.

“Nuestra comunidad no va a olvidar que la primera acción de los líderes republicanos en el Congreso ha sido una estratagema política destinada a aplastar la esperanza de todas esas familias (beneficiarias de las medidas de Obama), sin ofrecer ni una sola alternativa plausible a cambio”, advirtió la jefa de una de las organizaciones que más movilizan el voto hispano.

Más aún: la propuesta republicana de revertir prácticamente todas las medidas migratorias de Obama, impulsada por las presiones del ala más ultraconservadora del partido, el Tea Party, no parece contar siquiera con el visto bueno general de los estadounidenses. Según una encuesta realizada esta misma semana por la cadena CBS, aunque las opiniones sobre si Obama se extralimitó o no con estas medidas ejecutivas están muy divididas, una clara mayoría (55%) considera que el Congreso debería dejarlas como están, frente a un 40% que pide que las revoque. De hecho, el 69% de los estadounidenses apoya, según este sondeo, que los indocumentados que están en el país puedan regularizar de alguna forma su situación.

La demanda de 25 Estados contra Obama llega ante un juez

Antonieta Cádiz, Houston

El futuro de las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama podría estar en un tribunal de Brownsville, Texas. Allí, el juez Andrew Hanen, empezó a analizar esta semana una demanda para paralizar las órdenes de Obama. La petición fue presentada por 25 Estados norteamericanos —encabezados por Texas— opuestos a la acción ejecutiva del Gobierno federal que acusan a Obama de un exceso en su autoridad que, afirman, “dañará irreparablemente a los Estados”.

La demanda, que defiende el abogado texano Andrew Oldham, insiste en que este caso “no es sobre inmigración”, sino que está en juego “el Estado de Derecho, el poder presidencial y los límites estructurales de la Constitución”. Una idea, la de la separación de poderes, en la que Oldham abundó durante la primera vista del caso, el pasado jueves. “La pregunta aquí es si el presidente Obama puede, unilateralmente, suspender las leyes de inmigración y encubrirlo llamándolo acción ejecutiva”, señaló.

Una postura que no comparten ni el Gobierno ni 12 Estados —entre ellos California, Illinois y Maryland— que han presentado documentos en apoyo a la acción ejecutiva de Obama, pidiéndole al juez que no intervenga.

El juez Hanen, conocido por su línea dura contra la cuestión migratoria, ha dado dos semanas al Gobierno para que presente más información. Después, el magistrado ha prometido un veredicto “lo más rápido posible”. En sus manos está decidir si la demanda tiene validez y determinar si suspende temporalmente la acción ejecutiva, cuya puesta en marcha está prevista entre febrero y mayo.