Detenido por corrupción el presidente de la Asamblea de Nueva York
El arresto del poderoso demócrata Sheldon Silver abre una crisis en el inicio de la legislatura y conmociona a la clase política neoyorquina
Albany, la capital del Estado de Nueva York, es para muchos sinónimo de corrupción. La sede política suele ser retratada como la meca de los sobornos. La detención este jueves por agentes del FBI del veterano y poderoso presidente de la Asamblea estatal, el demócrata Sheldon Silver, de 70 años, por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores políticos, tiene dos consecuencias inmediatas. La primera, y menos importante, confirmar la mala imagen de Albany, conmocionada por la noticia. La segunda, abrir una grave crisis en el Gobierno y en las dos Cámaras del Estado cuando la legislatura acaba de comenzar tras las elecciones de noviembre de 2014, que dieron el triunfo como Gobernador al demócrata Andrew Cuomo. En el cuadro destaca el responsable de la investigación, el fiscal federal de Nueva York Preet Bharara, azote de políticos y personajes de Wall Street.
Silver, presidente de la Asamblea desde 1994, es el segundo político más importante del Estado después de Cuomo y tal vez el más poderoso, dado su papel fundamental en la aprobación de cualquier reforma legal. Hábil y con fama de buen negociador, forma parte del trío que diseña los presupuestos del Estado y las principales leyes, junto con el Gobernador y el líder de la mayoría del Senado estatal. El pasado miércoles, durante el discurso del estado del Estado de Cuomo, se le pudo ver en lugar preeminente del escenario. “Espero ser declarado inocente”, declaró a su entrada a los juzgados federales del Lower Manhattan. Tendrá que emplearse a fondo, ya que está acusado, entre otros delitos, de fraude, fraude postal, extorsión y de usar su "poder e influencia" para obtener "millones" en sobornos y comisiones ilegales, según la denuncia penal presentada.
El fiscal Bharara fue rotundo durante la presentación del caso. Acusó a Silver de haber amasado "una tremenda fortuna", por valor de cinco millones de dólares, "abusando" de un poder político que calificó de "titánico". "Tenía acceso y autoridad sobre una cantidad ingente de dinero público que movilizó en secreto", recordó en conferencia de prensa. Eso, explicó, le permitió esquivar de manera muy cínica, en silencio y de forma muy astuta, la legislación. Para Bharara este caso es la clara muestra de que "la corrupción en Albany se permitió desde lo más alto". "Nadie está por encima de la Ley", sentenció.
El político neoyorquino, explicó el fiscal, actuó con dos oscuras tramas de asistencia legal. La primera, a través de una firma especializada en atender a víctimas de la exposición al amianto: Weitz & Luxenberg. La segunda, por mediación de un bufete de abogados de Manhattan especializado en el negocio inmobiliario: Goldberg & Iryami. A través de la primera empresa obtuvo un beneficio personal de 5,3 millones de dólares. Con la segunda, unos 700.000 dólares. Silver, que siempre ha defendido la limpieza de sus rentas, no incluyó estos pagos en sus declaraciones de ingresos anuales. Las autoridades procedieron a congelarle ocho cuentas bancarias por 3,8 millones de dólares en seis entidades financieras.
En el caso de Weitz & y Luxenberg, Silver dedicaba dinero público a financiar al especialista de la Universidad de Columbia Robert N. Taub, quien, a su vez, enviaba a víctimas de la exposición al amianto al citado bufete, que satisfacía las correspondientes comisiones ilegales al político en forma de pagos por trabajos no realizados. En el caso de Goldberg & Iryami, Silver había obligado a muchos promotores a trabajar con dicho bufete, que opera desde una pequeña oficina en Manhattan con sólo dos abogados. La cabeza visible del mismo es Arthur Goldberg, de 75, años, antiguo consejero de Silver que formó parte de la comisión de impuestos de la ciudad de Nueva York bajo la Administración del alcalde Edward Koch en los años 70 y 80.
La investigación que ha dado lugar a los cargos contra Silver se inició en junio de 2013 y tomó velocidad tras el abrupto cierre en 2014 de la Comisión Moreland contra la corrupción política. Dicha comisión fue una de las promesas electorales de Cuomo para acabar con los sobornos. Sin embargo, en cuanto los investigadores comenzaron a citar a los principales donantes del Gobernador, este puso fin a la iniciativa sin dar más detalles. El fiasco de la Comisión Moreland y la también frustrada reforma estatal de la financiación de los partidos políticos son las principales manchas en el expediente de Cuomo. El fiscal Bharara consideró el cierre de la comisión un acicate a su trabajo contra la corrupción política.
Los ingresos de Silver al margen de su labor en la Asamblea (los legisladores pueden tener un trabajo externo a tiempo parcial) han sido siempre objeto de polémica. Sin embargo, siempre ha sabido mantenerse en pie allí donde otros han caído. El sueldo del veterano demócrata por sus labores legislativas fue de 121.000 dólares (105.000 euros) en 2013. Silver se ha negado siempre a dar explicaciones sobre el resto. Pese a su detención, el político demócrata podría seguir en el cargo. Solo en caso de condena se vería obligado a entregar su acta. Está por ver qué consecuencias inmediatas tiene su arresto. Algunos políticos locales demócratas reclamaron este jueves su dimisión.
The New York Times informó en diciembre de que Silver estaba siendo investigado. Sin embargo, su liderazgo en la Cámara nunca se ha visto amenazado. Ni siquiera las críticas por haber tolerado presuntamente el acoso sexual en la Asamblea han hecho mella en él. Este mes fue reelegido como presidente de la cámara cuando se reanudaron las sesiones tras las elecciones. En su discurso, agradeció el apoyo de sus colegas y prometió defender la honradez política heredada por los allí presentes.
El de Silver es un capítulo más en la larga tradición de Albany como capital del soborno. En los últimos ocho años, una treintena de legisladores estatales han afrontado casos de corrupción, según el New York Public Interest Research Goup. La organización Citizens Union precisó en un recuento reciente que desde 1996 hasta 26 representantes de la voluntad popular ha tenido que dejar su cargo por “cuestiones éticas o criminales”. Nueva York está entre los 12 Estados con más casos de corrupción en relación con su población y el número de funcionarios públicos, según datos del Departamento de Justicia.
