Venezuela permite al ejército el uso de armas para reprimir manifestaciones
La oposición y organizaciones de la sociedad civil tachan la resolución de precipitada y contraria a dos artículos de la Constitución
El ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas. El Gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López y publicada en la Gaceta Oficial el pasado miércoles, cuya entra en vigor se prevé inmediata.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como precipitada e inconstitucional. “Los aspectos positivos que incluye [la resolución] quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, escribió.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana. En concreto, con el artículo 68, que atañe a los derechos políticos, y que dice textualmente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Otro de los puntos polémicos es si la normativa viola el artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad. La resolución abarca toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) -Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional y Milicias bolivarianas-, pero solo la Guardia Nacional tiene competencia para mantener el orden público, y esto en caso de que la policía no esté en condiciones de hacerlo. “Lo que muestra el Gobierno es miedo a que ocurra algo en la calle”, dice el diputado de la oposición, Stalin González, integrante de la comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento. El miércoles pasado hubo una reunión de la comisión, pero según González, el tema no estuvo en la agenda. “Nos enteramos cuando salió publicada”.
La resolución no distingue entre manifestaciones violentas y pacíficas
Organizaciones de derechos humanos también señalan que la resolución contradice lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por el caracazo de 1989, cuando el Ejecutivo puso en marcha el Plan Ávila, sacando al Ejército a las calles para restaurar el orden.
Más allá de las consideraciones legales y constitucionales, la decisión ha causado alarma entre los venezolanos, que recuerdan que el año pasado, por estas mismas fechas, comenzó la ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que dejaron un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
“Esta resolución está legitimando la militarización del orden público”, dice Inti Rodríguez, investigador de Provea, una de las ONG del país que ve con preocupación la creciente ola de criminalización y represión de las protestas desde que Maduro asumió la presidencia. Entre las medidas adoptadas las más polémicas son la de necesitar una autorización previa para organizar cualquier marcha y la de declarar como “ilegal” la manifestación en ciertos municipios, bajo la presunción de que se registrarán actos violentos antes incluso de que sucedan.
En paralelo, el Gobierno ha ido creando cuerpos adicionales como las milicias obreras, comandos antigolpes y brigadas especiales, que militarizan aún más a la sociedad civil y promueven una respuesta de choque ante cualquier conflicto que pueda surgir, en vista del deterioro de la situación económica y el descontento por la alta inflación, la escasez de alimentos y los servicios públicos deficientes que llevaron a los venezolanos a manifestarse en más de 5.400 ocasiones en distintas partes del país, solo en 2014, según la ONG Provea. El Observatorio de Conflictividad Social reportó 9.286 protestas, es decir, 26 diarias durante el mismo periodo, la mitad de ellas contra el Gobierno de Maduro.
La resolución se considera una respuesta también a las recientes protestas estudiantiles ocurridas en los últimos días en Maracaibo, Mérida y San Cristóbal. En la capital, Caracas, la oposición convocó el sábado una marcha de las Ollas Vacías, pero tuvo poca concurrencia, y al final terminó en disturbios menores.
