Peña Nieto ordena investigar los escándalos de su propio Gobierno

El presidente del Gobierno anuncia por sorpresa una batería de medidas contra la corrupción y los conflictos de interés

 Reuters-LIVE!

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se revolvió este martes contra los escándalos inmobiliarios que han enlodado sus últimos meses de mandato y anunció por sorpresa una amplia batería de medidas anticorrupción. En una demostración de que aún no ha perdido la cintura política que le permitió asombrar al mundo hace dos años, Peña Nieto ordenó no sólo una paquete legislativo para evitar los conflictos de interés que tanto le han dañado, sino que se puso él mismo en el ojo del huracán y ordenó que los casos en los que él, su esposa y el secretario de Hacienda se han visto envueltos sean objeto de una investigación pública y supervisada por un panel de expertos nacionales e internacionales aun por definir. Este golpe de efecto lo completó con el nombramiento de un zar anticorrupción, Virgilio Andrade, un alto funcionario vinculado a la esfera económica al que dio rango de secretario (ministro), cartera (Función Pública) un objetivo (investigar al propio presidente y acabar con la corrupción) y a cuya toma de posesión procedió ante las cámaras al finalizar su intervención.

El discurso de Peña Nieto, breve y directo, llegó sin previo aviso sobre su contenido. En un país que acaba de proceder a un inmenso recorte del gasto público (9.000 millones de dólares) y que está siendo sometido al escrutinio de la ONU por el agujero negro de las desapariciones forzadas, pocos esperaban que el presidente diera un puñetazo sobre la mesa por la corrupción. Pero el mandatario apostó por fijar su propia agenda y lo hizo en un tono poco dado a eufemismos.

Las 8 acciones de México para combatir la corrupción

1. A partir de mayo de 2015, será obligación de los servidores públicos federales presentar una Declaración de Posibles Conflictos de Interés.

2. Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

3. Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal, que profundicen los actuales códigos de ética.

4. Establecer protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones.

5. Toda la Administración Pública Federal tendrá hasta abril de 2015 para identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en esos procedimientos.

6. Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios del Gobierno.

7. La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y señalará la causa de su sanción.

8. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Arrancó recordando que México no había avanzado en las dos últimas décadas en la lucha contra la corrupción por lo que “no había excusa para no tomar acciones”. En esta línea, insistió en que el fortalecimiento de la legalidad serviría para acabar con las sospechas que han golpeado su Gobierno. Fue entonces cuando hizo un repaso de su propia situación. Tanto él como su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se han visto salpicados por la compra de inmuebles a empresarios que luego han recibido contratos millonarios de la Administración. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos adquirieron en 2012 viviendas, con su correspondiente financiación, a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con el presidente y su entorno.

El presidente destacó que ni su operación (una adquisición en 2005, al iniciar su mandato como gobernador del Estado de México) ni en la de su mujer afectaron a al desempeño imparcial de sus funciones, entre otros motivos, porque “el presidente ni otorga contratos, ni obras ni licencias, ni participa en los comités que lo hacen”. Pese a esta defensa, admitió que los señalamientos han generado “la percepción de que ocurrió algo que nunca ocurrió”, es decir, un conflicto de interés aparente.

Fue entonces cuando desplegó el arsenal que tenía reservado. Primero nombró al nuevo zar anticorrupción y le dio el puesto de secretario de la función Pública, con la encomienda de reforzar el control y la auditoría del Estado así como la vigilancia de los servidores públicos. Luego pasó a enumerar una batería de ocho medidas, entre las que destacan la obligación de los funcionarios de entregar una declaración de posibles conflictos de interés, que se actualizará anualmente y que contendrá, entre otros, actividad profesional, participación en empresas y deudas propias o del cónyuge o familiares dependientes. El modelo será elaborado por la OCDE.

Un experto electoral fiscalizará al presidente mexicano

Sonia Corona

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha tardado dos años en nombrar a un titular para la Secretaría de la Función Pública. Este martes Virgilio Andrade Martínez ha asumido el puesto con un primer encargo, el de comenzar una investigación sobre las casas que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y la primera dama, Angélica Rivera, compraron al empresario Juan Armando Hinojosa.

La Secretaría de la Función Pública de México tiene como labor vigilar que las prácticas de los servidores públicos sean transparentes y apegadas a ley. Desde diciembre de 2012 —cuando Peña Nieto asumió la presidencia — el cargo titular había permanecido vacío y todas las responsabilidades del organismo estaban en manos de Juan Alfonso Olivas Ugalde, como encargado de despacho. El presidente mexicano había barajado en 2012 la posibilidad de que la Secretaría desapareciera para formar una Comisión Nacional Anticorrupción. El proyecto nunca fue abordado por el Congreso mexicano y el despacho quedó en un limbo.

La Secretaría de Función Pública no es desconocida para Andrade Martínez. En 2012 trabajó en el equipo de transición de Peña Nieto abordando temas sobre las prácticas de los servidores públicos y la estructura de la Administración federal. Entonces, se esperaba que fuese nombrado como secretario de la Función Pública, pero ante la expectativa por la creación de la Comisión Anticorrupción, la designación quedó aparcada hasta ahora.

Andrade es abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y trabajó como consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2010. Ha sido representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido del presidente) ante el órgano electoral. Ha trabajado como director general adjunto de Legislación Financiera en la Hacienda mexicana. Ha sido asesor de diputados y senadores, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Gobernación (Interior), y el Gobierno del Estado de Puebla. Antes de su última designación, fue director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía.