Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Marruecos intenta poner fin a los últimos juicios militares a civiles

150 ONG exigen el asilo en España para Hassanna, el último prosaharaui condenado a perpetua y refugiado en Euskadi

El joven activista saharaui Hassanna Aalia, el martes en Santiago de Compostela. EFE

Mamadu Diarra y Hassanna Aalia pugnan estos días en distintas instancias judiciales de Marruecos para evitar convertirse en los últimos civiles juzgados por un tribunal militar del país. Y pueden conseguirlo, si logran que el juicio se aplaze hasta el 1 de julio, fecha en la que entrará en vigor la nueva ley, aprobada en 2014, que deroga la norma que, desde hace seis décadas, permitía este procedimiento. Fuentes oficiales marroquíes próximas a ambos casos han asegurado a este diario que el plan es que no haya más juicios militares a civiles, aunque no se ha comunicado oficialmente. La estrategia es que los letrados recurran a trámites y dilaciones burocráticas.

Mamadu presuntamente mató de una pedrada a un soldado que le quería bajar de la valla de Melilla en julio de 2012. Aalia fue condenado en 2013 a cadena perpetua con otros 22 activistas saharauis por los violentos incidentes en los campamentos de Gdeim Izik, donde fallecieron 11 agentes. Huyó, se refugió en el País Vasco y este miércoles 150 ONG han reclamado al Ministerio del Interior español que le asile y le proteja.

Sus casos han recuperado la polémica de los juicios militares a civiles en Marruecos. Una práctica que el reino marroquí puso en marcha en 1956 con el decreto número 1-56-270, que ha permitido juzgar ante tribunales castrenses aún menos transparentes y más duros que los ordinarios a cientos de personas que hayan podido cometer “crímenes contra miembros de las fuerzas armadas, reales o similares”. Un decreto que según numerosos expertos entró en abierta contradicción con el artículo 127 de la nueva Constitución impulsada por el propio rey Mohamed VI en 2011 tras las revueltas de la primavera árabe y que se posicionaba “contra la jurisdicción excepcional a la ordinaria”. Una medida exigida al rey marroquí por Estados Unidos y decenas de colectivos y ONG internacionales proderechos humanos.

Ha habido en estos años decenas de juicios y condenados con este procedimiento, aunque las autoridades no proporcionan estadísticas oficiales ni disponen de ellas organismos públicos como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es el que más ha luchado para acabar con esta práctica. Pero el juicio militar a civiles con mayor repercusión internacional tuvo mucho que ver con el caso de Aalia. El 17 de febrero de 2013 el tribunal militar de Rabat condenó a 25 saharauis, con penas desde 25, 30 años y perpetuidad, como responsables de las muertes de 11 soldados en los incidentes que se desataron en noviembre de 2010 cuando el régimen intento desmantelar por la fuerza unos campamentos en Gdim Izik, en pleno Sáhara Occidental, la excolonia española desde 1975.

Hassanna Aalia, de 27 años y natural de El Aaiún, participó en la protesta. Antes de entrar en la temible cárcel de Salé, denunciada por numerosas ONG por sus malas condiciones y la aplicación de torturas, huyó a España y se asentó en el País Vasco, donde ha vivido desde entonces y ha participado en cursos, conferencias y charlas sobre derechos humanos. Desde allí tramitó su petición de asilo al Gobierno español, que le fue denegada hace 15 días. Este miércoles Aalia acudió, con sus compañeros que se han puesto en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas y representantes del Frente Polisario que le respaldan y con los que ha iniciado una campaña en las redes sociales, a las puertas del Ministerio del Interior en Madrid para demandar protección y denunciar el negro futuro que le espera si es deportado a Marruecos. El plazo para poder estar en España en esta situación acabó ayer. Su abogado espera dilatarlo algo más con recursos y apelaciones.

El mismo suplicio y la misma estrategia aguarda a Mamadu Diarra, pero ya dentro de la prisión de Salé. El 10 de julio de 2012, con apenas 18 años, este inmigrante de Malí intentó saltar la valla de Melilla cerca del puesto fronterizo de Farkhana. Desde allí encaramado, y sostiene que sin intención de hacer daño, arrojó una piedra que acabó con la vida de un soldado marroquí. Su abogado le presenta como un joven “frágil, vulnerable, que no habla ni francés ni árabe, apenas Bambara”. Aún no ha sido juzgado, pero el tribunal militar le ha citado varias veces. La última hace apenas 15 días. La vista se aplazó sin razones conocidas.

Más información