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La rebelión socialista obliga a Valls a sacar por decreto su reforma estrella

El Ejecutivo utiliza una vía excepcional para aprobar la norma saltándose al Parlamento

El primer ministro francés, Manuel Valls, responde a las preguntas de los diputados, durante la sesión de control al Gobierno de este martes. Reuters

La batalla que enfrenta a las dos facciones de los socialistas franceses originó este martes heridas irreparables en ambos bandos y una crisis política de consecuencias imprevisibles. El primer ministro, Manuel Valls, decidió aprobar por decreto la polémica ley para liberalizar la economía solo unos minutos antes de su votación en la Asamblea. Decenas de diputados socialistas rebeldes habían anunciado que votarían contra la norma y, ante el riesgo de que fuera rechazada, Valls utilizó un arma excepcional que le permite la Constitución para saltarse al Parlamento.

Valls explicó ante el pleno de la Asamblea que la ley es “esencial” para la economía francesa y que, “ante el riesgo” de que el Parlamento no la aprobara, había decidido echar mano de esa prerrogativa tan extraordinaria. “Nadie nos hará retroceder”, enfatizó. “La izquierda gobierna y debe asumir su responsabilidad plenamente. Lo hacemos por el país, por el interés general”.

Con su golpe de autoridad, Manuel Valls ha puesto públicamente de relieve la inestabilidad del Gobierno y afronta duras críticas por utilizar un recurso que, aunque legal, ha sido históricamente criticado por su escasa base democrática. El hoy presidente François Hollande lo calificó en 2006 de “negación democrática”. Fue ese año cuando se utilizó por última vez siendo primer ministro Dominique de Villepin, del centroderecha. Antes, se había empleado en 81 ocasiones.

“Nunca es agradable ver ese dispositivo que impone el silencio”, reconoció el presidente de la Asamblea, el socialista Claude Bartolone. Es “un golpe de Estado”, asegura Christian Estrosi, diputado de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido de Nicolas Sarkozy. “Ya no hay ni mayoría ni Gobierno”, difundió este en un tuit.

El artículo 49.3 de la Constitución francesa al que ha recurrido Valls señala: “El primer ministro puede, tras la deliberación del Consejo de Ministros, asumir la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre el voto de un proyecto de ley (...) En tal caso, el proyecto se considera aprobado, salvo si se vota una moción de censura en las siguientes 24 horas”.

La UMP presentó esa moción de censura, que deberá ser debatida el jueves. La apoyan los centristas (30 escaños). Los comunistas (15) dicen que la votarán. Si la moción contara con una mayoría de diputados, la Ley Macron no quedaría aprobada, pero las posibilidades de que salga adelante son escasas. El ultraderechista Frente Nacional (dos escaños) se subió al carro y exigió la dimisión del Gobierno.

Por la mañana, Valls se había reunido con su grupo parlamentario para llamar al orden a los díscolos. “No dramatizo”, les dijo, “pero en el momento en que os hablo el texto no tiene apoyos suficientes. Eso supondrá una importante debilidad”. Los críticos, al menos 40, no dieron su brazo a torcer. A primera hora de la tarde, Hollande convocó un Consejo de Ministros extraordinario que concluyó en pocos minutos con la autorización a Valls para que utilizara el 49.3 si lo consideraba necesario.

Los socialistas críticos exigían sobre todo que no se ampliara de 5 a 12 los domingos con permiso para abrir los comercios

Los socialistas críticos exigían sobre todo que no se ampliara de cinco a 12 los domingos con permiso para abrir los comercios.

La denominada Ley por el Crecimiento, la Actividad y la Igualdad de Oportunidades, elaborada por el joven ministro de Economía, Emmanuel Macron, se ha convertido en el campo de máximo enfrentamiento entre los socialdemócratas y los social-liberales. También conocida como Ley Macron, la norma simboliza el nuevo giro que Valls y Macron, entre otros, quieren dar al Partido Socialista francés frente a la vieja guardia.

Por eso, se había presentado en diciembre como el proyecto estrella de las nuevas reformas del Ejecutivo, mientras para los rebeldes era muestra de la “deriva liberal” en la que había entrado el Gobierno de Valls. La ley, además, era la primera prueba de fuego del titular de Economía, de 37 años, también considerado el ministro estrella del Gobierno, a quien los rebeldes han convertido en el centro de sus ataques desde que entró en el Ejecutivo en agosto pasado.

La Asamblea francesa está integrada por 577 diputados y los socialistas cuentan con 288, uno menos de la mayoría absoluta. Al menos 40 habían anunciado su voto contra la Ley Macron, al igual que casi todos los parlamentarios de la Unión para un Movimiento Popular (198), los Verdes (18) o los comunistas (15). En el mejor de los casos para el Gobierno, la ley hubiera salido adelante con apoyos puntuales del centro o la derecha.

Durante su tramitación, los diputados presentaron 3.000 enmiendas. Un millar fueron aceptadas, pero ninguna de gran calado.

Una ley contra los bloqueos

C. Y., París

La denominada Ley Macron recoge una serie de medidas, en teoría de menor calado, sobre campos muy dispares. “Un cajón de sastre”, como la denominan sus detractores. Pero es, sobre todo, una ley de espíritu liberalizador convertida en todo un símbolo de las reformas y del nuevo socialismo que impulsa Manuel Valls.

Persigue eliminar trabas a la actividad económica “sin renunciar al modelo social francés”, según su preámbulo, con el doble objetivo de favorecer la inversión y crear empleo. Amplía de cinco a 12 el número de domingos al año en los que podrán abrirse los comercios. Además, el Gobierno fijará por decreto zonas turísticas internacionales en las que los comercios podrán abrir todos los domingos del año.

La ley también prevé la libre instalación de despachos de notarios y la reducción de sus tarifas, la desaparición de trabas a la apertura de líneas de transporte en autobús, el abaratamiento de los permisos de conducir o la privatización de bienes públicos por un valor de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, de los que 4.000 serán destinados a reducir la deuda pública y el resto a inversiones.

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