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Muere de un tiro un adolescente en una protesta opositora en Venezuela

El policía que disparó al chico, de 14 años, está detenido

Un estudiante de rodillas, en la protesta en San Cristóbal. Reuters-LIVE!

La tensión en Venezuela se incrementó este martes con la muerte de un adolescente de 14 años, Kluiver Roa. El joven, estudiante de segundo año de bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi, sufrió un impacto en la cabeza, no se ha confirmado aún si fue una herida de bala o perdigón, durante los violentos enfrentamientos entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad en San Cristóbal, en el Estado de Táchira. La ciudad fue el epicentro de las protestas en las que hace un año fallecieron 43 personas. 

El policía que disparó, Javier Mora Ortiz, de 23 años, se encuentra detenido y el Ministerio Público informó de que abrirá una investigación formal contra él. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. "Expreso mi condena pública al vil asesinato de Kluiver Roa, vilmente asesinado por presuntos funcionarios de PNB, quienes ya están presos". El suceso se produce después de que el Gobierno autorizara por ley el uso de la fuerza letal para reprimir manifestaciones y reuniones públicas. 

Horas después del suceso, el presidente Nicolás Maduro habló en la cadena nacional. "Es muy doloroso que perdamos un muchacho, en un hecho inverosímil, de confusión", dijo antes de añadir que su muerte era fruto de la influencia de los "grupos de ultraderecha envenenando a unos muchachos".

Las versiones sobre lo que ocurrió esa mañana, a escasas cuadras de la residencia del gobernador José Gregorio Vielma Mora, son contradictorias. Un testigo de la zona dijo que el niño había salido de clase y se acercó hasta un piquete donde había enfrentamientos entra la policía y un grupo de manifestantes, pero que él no estaba participando de la protesta. Según ese testigo, cuando la policía arremetió contra los jóvenes, la mayoría pudo resguardarse dentro de las casas, pero Roa no alcanzó y se metió debajo de un carro. Luego habría recibido un disparo a corta distancia en la cabeza.

La declaración oficial ante los medios locales la dio el coronel Ramón Cabezas, Comisionado de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira. Según él, "una turba" de jóvenes encapuchados atacó a la policía con piedras y bombas molotov, y logró tumbar a los agentes de las motos, donde arremetieron contra ellos con patadas y golpes. Uno de los oficiales, aunque no precisó si era Mora Ortiz, disparó su escopeta de perdigones al piso para disipar la situación. Cabezas asegura que el muchacho cayó debajo del carro y que la policía intentó acercarse a socorrerlo pero que la "turba" no se lo permitió. Luego llamaron a una ambulancia que llevó a Roa hasta el Hospital Central de San Cristóbal, pero el joven murió en el camino.

La muerte del liceísta creó mayor caos en la ciudad, que en los últimos días había sido nuevamente escenario de protestas y enfrentamientos entre jóvenes y los cuerpos de seguridad. Al confirmarse la muerte de Roa, la gente en San Cristóbal comenzó a cerrar las calles en el Barrio Obrero con guarimbas o barricadas, igual que como lo hicieron a partir de febrero del año pasado y durante dos meses en los que la ciudad estuvo paralizada.

Varias unidades de transporte público dejaron de circular esta tarde, algunos comercios cerraron y la gente fue a resguardarse en las casas. Mientras tanto, algunos jóvenes fueron a la Plaza de los Mangos y quemaron un puesto que tiene en el lugar la Guardia Nacional Bolivariana. Los colegios y universidades anunciaron que cancelaban las clases. 

"Nosotros lamentamos este tipo de situación, porque son situaciones que han debido evitarse. No generamos la violencia que está siendo generada por este grupo de personas, que desconocemos cual es su identidad, a pesar de que ya hay un trabajo de inteligencia y hay algunos plenamente identificados", dijo el coronel Cabezas, que confirmó que hay varios detenidos por las protestas de este martes.

Temor entre la oposición

En el resto del país se intensifica la zozobra por las acciones que el Gobierno venezolano pueda tomar contra la oposición, en medio de la crisis económica, política y social que afronta el país, y meses antes de las próximas elecciones parlamentarias. Mientras los partidos de oposición se encontraban este lunes en un acto de apoyo al encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encendieron las alarmas de que había un hostigamiento contra una de las sedes del partido socialcristiano COPEI en Caracas. Antonio Ecarri, presidente del partido en la capital, lanzó la alerta en Twitter. Dijo que un “grupo armado” había entrado a la sede social en Las Palmas, donde imparten clases para niños y ofrecen consultas médicas a la comunidad. Denunció que tenían secuestradas a las personas que se encontraban en el lugar.

Luego el vicepresidente del partido en Caracas, Mario Acosta, precisó que se trataba de un grupo de “invasores” que había llegado de madrugada, roto el candado y forzado la reja para ocupar la sede. Señaló que eran un grupo de hombres y mujeres, algunos armados con armas cortas, que exigían un espacio para tener una vivienda digna. Según Ecarri, eran unas 15 o 20 personas, partidarios del Gobierno, pero que portaban pancartas para reclamar al Gobierno de Maduro que les diera una vivienda.

La CIDH alerta sobre Venezuela

Silvia Ayuso

“Las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha roto el silencio mantenido durante un año sobre Venezuela para manifestar su “profunda preocupación” por la situación del Estado de Derecho en general en el país sudamericano y la de la oposición, cuyos principales líderes están encarcelados o imputados, en particular.

Hace un año, el 21 de febrero de 2014, en plenas protestas sociales en Venezuela, la CIDH se decía “profundamente preocupada” por las “supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Además, mencionaba el —entonces reciente— encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y alertaba en contra de “perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos”.

Doce meses más tarde, no solo sigue en prisión —preventiva— Leopoldo López. A él se han unido varios opositores más, el último el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, mientras que otra de las líderes de las protestas de 2014, María Corina Machado, ha sido destituida de su cargo como diputada y se encuentra imputada.

Ante esta situación, la CIDH ha recordado que la detención preventiva es una figura a utilizar de forma “excepcional” y de acuerdo con criterios de “necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable”. Algo que considera no sucede en Venezuela, puesto que ha “urgido” al Gobierno de Nicolás Maduro a “liberar a estas personas mientras están siendo procesadas”. Es más, se ha declarado “profundamente preocupada” también por la “presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos” contra estas figuras políticas.

“La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno”, ha instado la CIDH, que también pide “buscar soluciones pacíficas” y “generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

Hacia mediodía, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entraron al lugar pero no desalojaron a los ocupantes ni mostraron una orden de allanamiento o de operación. “No cruzaron palabras con nosotros, con ninguno de los dirigentes del partido que estábamos allí. Es un evidente atropello, lo que primero terminó siendo secuestro, pasó a invasión y luego pasó a un allanamiento ilegal”, dijo Ecarri. Los funcionarios del Sebín se llevaron material de propaganda política de anteriores elecciones que se encontraba en el lugar. El martes la sede continuaba ocupada. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, dijo también que otras sedes del partido en distintas ciudades del país también habían sido amenazadas pero no se informó de ningún incidente.

Mientras, un grupo de diputados oficialistas fueron a la Fiscalía a solicitar la apertura de una investigación formal al diputado de oposición, Julio Borges, señalado por Maduro de estar presuntamente involucrado en el supuesto plan golpista contra Maduro. Unas horas después, convocaron para el día martes a una sesión en la Asamblea en la que se iba a debatir la presunta participación de Borges en esos planes. “Nos toca dar la cara y resistir”, dijo Borges en una radio, antes de que comenzara la sesión parlamentaria.

Según una columna de Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora Datanálisis, la represión y la intimidación buscan generar mayor abstención entre la población en las próximas elecciones, factor que siempre ha favorecido al Gobierno que cuenta con una maquinaria efectiva, pero también podría resultar contraproducente, “enjuiciar a líderes opositores clave podría generar una dinámica al revés de la perseguida por el Gobierno", afirma; "unificaría a la oposición alrededor de una estrategia electoral para enfilarse hacia los comicios legislativos por venir”.

Uno de los líderes opositores, Henrique Capriles, se ha referido este martes a los datos de la principal encuestadora del país, para volver a cargar, a través de Twitter, contra el presidente Maduro. Según Datanálisis, el 85,6% de los venezolanos considera la situación del país negativa; el 79% cree que Maduro no está preparado para enfrentar la crisis económica y el 52,5% considera que el principal responsable del desabastecimiento es el presidente.

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