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Violación conyugal sin condena

Algunos países de la UE, como Lituania o Bulgaria, no tipifican como delito el sexo forzado en el matrimonio

Manifestación por el día internacional de la mujer en la que se portaron pancartas contra la violación, ayer en Paris. AFP

En Lituania, Estonia, Hungría o Polonia hay violaciones que quedan impunes. Las legislaciones de estos países no definen como delito explícito las agresiones sexuales dentro del matrimonio. Esto, critican las organizaciones de mujeres, dificulta la denuncia y la persecución de estos crímenes. Naciones Unidas y el Consejo de Europa han instado a los países a penalizar de manera clara la violación dentro de una relación de pareja pero, en la Unión Europea, siete de los 28 Estados miembros no lo han hecho. Además, solo nueve de 20 países que lo firmaron han ratificado el Convenio de Estambul —España entre ellos—, que habla claramente sobre este tipo de violencia sexual. Los países tienen hasta noviembre para trasponer una directiva comunitaria de protección a las víctimas de delitos —incluidas las de estas agresiones— que aumentaría la salvaguarda y homogeneiza las leyes.

Un 25% de las mujeres con pareja ha sufrido alguna vez abusos sexuales por parte de su compañero, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La macroencuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales reveló el pasado año que en la UE una de cada cuatro mujeres han pasado por esa situación. Pero la mayoría de las estadísticas nacionales no recopila datos sobre violación conyugal, explica la socióloga Carline Wagens. “A lo sumo, dice, se incluye si el autor es conocido”. La falta de datos sobre estas agresiones, alerta el Instituto Europeo de Igualdad de Género, invisibiliza el problema.

La ONU insta a penalizar de forma explícita el abuso en el seno de la pareja

Pese a las recomendaciones de las instituciones internacionales, la mayoría de los países que no explicita como delito la violación conyugal insisten en que no es necesario. Las leyes existentes, argumentan los Gobiernos de Hungría o Letonia, ya protegen a las víctimas. Pero un análisis de las regulaciones del Lobby Europeo de Mujeres da cuenta de situaciones de desprotección en Lituania o en Bulgaria.

En Eslovaquia, donde la ley tampoco es clara, en 2014 solo hubo seis denuncias sobre violencia sexual dentro de una relación, según una investigación de la Radiotelevisión pública; uno de los medios que estos días dedica parte de su cobertura a este problema (también se han centrado en ello Siol, en Eslovenia; Eesti Päevaleht, en Estonia; o DN, en Suecia). Todo ello pese a que los estudios de incidencia muestran que un 40% de las víctimas de malos tratos lo son también, de manera recurrente, de la violencia sexual.

“La falta de concreción en la tipificación del delito no implica que no se pueda perseguir al violador si está casado, por ejemplo, con la víctima, pero sí provoca lagunas legales que fomentan que quede impune”, asegura la abogada Rachel Kennedy. En algunos Estados norteamericanos, tampoco hay mención explícita, denuncian las organizaciones de derechos civiles.

La violación es un delito que en un alto porcentaje queda impune: un 99%, según varios estudios. Primero, porque solo se denuncian alrededor de un 20% de las agresiones; después, porque solo se condena entre el 1% y el 5%, conforme indican distintas investigaciones internacionales —como una llevada a cabo en 2008 y 2010 por el Instituto Europeo de Prevención y Control del Crimen—.

Esa impunidad, además, es mayor si el autor de la agresión es la pareja de la víctima, asegura el profesor de Medicina Forense y exdelegado de Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. “Estas agresiones se suelen perseguir con dos criterios: que haya lesiones físicas manifiestas y que aunque el agresor no lo reconozca, el ADN u otros indicios indiquen lo contrario. Ambos se difuminan cuando se produce dentro de una relación, ya que el violador siempre aduce que la relación fue consentida. Y la situación se complica cuando la legislación es poco clara y no hay protocolos estrictos que faciliten la denuncia a la víctima y su recogida por parte de las autoridades”, incide.

Los expertos advierten de que las lagunas legales frenan las denuncias

En España, el Código Penal no menciona explícitamente la violación conyugal, aunque la ley contra la violencia de género sí incluye los atentados contra la libertad sexual. Pese a esto, denunciarlo no es fácil para las mujeres. “Hablar de relaciones sexuales forzadas es un gran tabú. Dar el paso e ir a la policía a hablar sobre los golpes y los insultos es enormemente complicado, pero es aún peor hablar sobre los abusos”, cuenta Antonia A. Esta historiadora de 49 años sufrió malos tratos por parte de su esposo durante 17 años. Ahora, cuando hace ya cinco que le dejó y se divorció, recuerda que, al principio, era mucho más consciente de la gravedad de los golpes que de las agresiones sexuales. “Era mi marido, ¿cómo iba a ser eso abuso?”, dice.

Tampoco en los países con leyes proteccionistas como Francia —donde el Gobierno y una ONG pusieron en marcha una campaña en 2013 para sacar a la luz este delito— o España es sencillo lograr condenas.  Hay sentencias que hablan de “lesiones propias del juego amoroso” o que se refieren a una relación de sometimiento habitual; no a una violación.

El último informe de ONU Mujeres sobre el acceso de la mujer a la justicia, que analiza los sistemas que penalizan la violencia contra la mujer --y que también habla de las carencis de los países europeos--, muestra que se han producido algunos avances en la última década en el reconocimiento de la violación conyugal como delito. Turquía, por ejemplo, lo ha tipificado en su Código Penal; Costa Rica, Etiopía, Perú, Guatemala o Uruguay han derogado las leyes que permitían al violador evitar la pena si se casaba con la víctima. Sin embargo, en otros países, la situación todavía es crítica. En India, por ejemplo, conforme a una ley de 2013, una relación sexual en el ámbito de la pareja solo podría considerarse violación si la esposa es menor de 15 años.