_
_
_
_
_
Abriendo Trocha
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Colombia, ¿en el tramo final?

Es fundamental el componente de verdad y la reparación para las víctimas

Diego García-Sayan

Recientemente se han dado pasos fundamentales en las conversaciones encaminadas a la paz en Colombia. Destacan tres: el acuerdo de desminar las zonas más afectas por la violencia; el cese de fuego unilateral por las FARC; y el anuncio por dicha organización guerrillera de no reclutar menores de 17 años.

El tema de las minas antipersonales es clave porque son uno de los medios más dantescos de deshumanización de la guerra. Un persistente y extendido factor en la mutilación de miles de personas, muchos de ellos niños —más de 1.000 en Colombia—, deberá quedar atrás. Y esto no es poca cosa si consideramos que el país es el segundo después de Afganistán en el uso de minas antipersonales. Segundo, porque el desminado se hará conjuntamente las FARC y el Batallón de Ingenieros de Desminado del Ejército, coordinación esencial para poder ubicar y desactivar las minas sembradas, lo que pone en la agenda un primer proyecto concreto común que romperá más de seis décadas en las que el único nexo de conexión FARC-Ejército fue el conflicto. Será esencial el diálogo conjunto con las comunidades. Apoyará el proceso la organización Ayuda Popular Noruega, con larga experiencia en desminado.

Las minas antipersonales son uno de los medios más dantescos de deshumanización de la guerra

Podría decirse que las conversaciones están llegando a un punto de no retorno y que lo central por resolver en los próximos meses serían dos asuntos esenciales. De un lado, la desmovilización y reinserción de las FARC y, por el otro, el contenido y modalidad concreta de justicia transicional que operará desde que entre en vigencia el acuerdo de paz. No son, como es evidente, asuntos de poca monta, ni hay modelos que puedan ser mecánicamente trasplantados. Por el contrario, se requerirá mucha precisión de objetivos, consistencia en los contenidos y, especialmente, creatividad.

La desmovilización y reinserción de una fuerza irregular es siempre un proceso complejo. Mucho más si estamos ante un conflicto tan largo, de un territorio inmenso y la subsecuente dispersión de contingentes de una fuerza irregular con importante capacidad de fuego. La compleja tarea de entrega total de las armas y su posterior inutilización tiene obvios aspectos técnicos y logísticos, pero la sensible tarea de la desmovilización requiere una verificación eficaz y, especialmente, que genere confianza. En ello la verificación internacional ha demostrado ser esencial. Tal fue, por ejemplo, la experiencia salvadoreña hace dos décadas con la verificación in situ por las Naciones Unidas.

Se requiere precisión de objetivos, consistencia en los contenidos y creatividad
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

La otra área de enorme trascendencia y sensibilidad es la de la justicia y reparación de las víctimas como parte esencial de la finalización del conflicto y de la ambiciosa meta de la reconciliación nacional: la justicia transicional. En este terreno tampoco hay modelos a seguir, sino mucho por diseñar teniendo en cuenta, por cierto, los principios de derecho internacional hoy vigentes. Ya en Colombia se han dado pasos concretos con la adopción en 2012 del Marco Jurídico para la Paz, posteriormente declarado “constitucional” por la Corte Constitucional. En ello se excluye una “amnistía general y absoluta”. En ese contexto, se plantean varios temas sobre los que las partes seguramente buscarán vertebrar concordancias en los componentes de la justicia transicional en construcción.

Uno: los criterios de selección y priorización en la investigación y judicialización de “máximos responsables” por los “más graves crímenes cometidos”. Otro: penas alternativas o la sustitución de penas, dentro del contexto de una transición negociada y el cumplimiento de condiciones por los sentenciados. También: tratamiento a los demás responsables de crímenes —no “máximos responsables”— y, como lo ha traído a colación la Corte Interamericana en el fallo sobre el Mozote, la posible consideración al finalizar un conflicto de lo establecido en el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra (modalidades específicas de amnistía). Finalmente, lo esencial y fundamental: un serio componente de verdad sobre lo ocurrido y, en particular, de reparación para las víctimas.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_