El Ejército de Daniel Ortega

Cuando el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, tomó por segunda vez posición de su cargo, el pasado 21 de febrero, un elocuente silencio de parte de los exjefes militares marcó la ceremonia de investidura: su ausencia en el acto oficial, presidido por el presidente Daniel Ortega, fue interpretada como un malestar por la ruptura en la institucionalidad del cuerpo castrense y una oposición al continuismo en el liderazgo militar.

Tras la transición política iniciada en Nicaragua en 1990, cuando el Frente Sandinista perdió el poder de forma democrática en un histórico proceso electoral, el Ejército de este país centroamericano —nacido de la guerrilla que combatió a la dictadura somocista— comenzó, contra todo pronóstico, una profunda reforma interna con la que pasó de ser el poderoso brazo armado en tiempos de guerra (con voz en las tomas de decisiones políticas del Gobierno) a una institución sujeta al poder civil y cuyas funciones se redujeron a trabajos de desminado, protección de los recursos naturales, respuesta ante desastres y apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

El cuerpo militar pasó entonces de contar con 90.000 efectivos a poco menos de 20.000, además de ver drásticamente reducido su presupuesto y el gasto militar, sin sentido ya en un país que iniciaba su camino a la paz, tras una larga y cruenta guerra civil que dejó miles de muertos y desplazados.

Fue a mitad de los años noventa, durante la administración de Violeta Chamorro, que se realizaron profundas reformas en la Constitución política de Nicaragua, en las que se establecía la subordinación del Ejército a la autoridad civil. También se creó un nuevo Código Militar que instituía los procedimientos de sucesión en la jefatura del Ejército, así como los ascensos dentro de la carrera militar. “El propósito era que las decisiones importantes sobre el Ejército [como los nombramientos de sus jefes] no estuvieran sujetas a criterios del Presidente”, explicó Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), especializado en temas de seguridad y gobernabilidad.

Con el regreso al poder de Daniel Ortega, el Ejército comenzó a deteriorarse

De esta manera los militares pasaron de tener un destacado papel en la vida de Nicaragua a encerrarse en sus cuarteles, mientras se producía un ordenado traspaso en la jefatura de la institución cada cinco años y se garantizaban los ascensos según las leyes. El Ejército se convirtió, entonces, en una de las instituciones más respetadas por los nicaragüenses, según todas las encuestas de la época. Pero en 2007, con el regreso al poder de Daniel Ortega, la institución comenzó a deteriorarse, obedeciendo los deseos de su comandante en jefe y repitiendo los vicios del también líder del Frente Sandinista.

“El Ejército se jodió en 2007, cuando se le reavivó el corazoncito rojinegro”, explica Roberto Cajina, experto en temas militares y de seguridad. Cajina hace referencia a los colores rojo y negro de la bandera del Frente Sandinista. “En realidad nunca perdieron ese corazón rojinegro, el Ejército nunca dejó de ser Frente Sandinista. El problema es que ahora no sólo es Frente, sino que es orteguista”, asegura.

Sentado en la silla presidencial por segunda vez después de casi 20 años liderando la oposición en Nicaragua, una de las primeras medidas de Daniel Ortega fue asegurarse la obediencia de la Jefatura del Ejército y de la Policía Nacional. El mandatario, a golpe de decretos, fue reduciendo el papel que tenía el Ministerio de Defensa como vínculo entre lo militar y lo civil y ordenó una relación directa entre él y los generales del cuerpo castrense y los comisionados de la policía. Estos lo obedecerían solamente a él.

Ortega comenzó un proceso de cambio en la Constitución política de Nicaragua, que terminó en 2013 con una reforma apoyada por la jefatura militar y en la que el presidente se garantizaba la reelección indefinida y con ella la permanencia en el poder. Además, el mandatario, cuyo partido controla la Asamblea Nacional, presentó una reforma al Código Militar en la que se eliminaba la prohibición de reelección para el jefe militar, y en julio de 2014, a golpe de decreto, el mandatario, a través de su esposa y vocera oficial, Rosario Murillo, informó a la nación de que había ordenado al general Julio César Avilés mantenerse como jefe del Ejército, rompiendo de esta manera el cambio periódico que se realizaba cada cinco años en la jefatura militar.

La decisión causó malestar entre los militares retirados y el pasado 21 de febrero los exjefes del Ejército, de forma elocuente, no asistieron a la investidura de Avilés, que marchó a la par de Ortega en un acto oficial cuyo escenario estaba engalanado con las banderas rojinegras del FSLN.

El Ejército ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil tras la dura represión desatada contra miles de campesinos que han protestado contra el proyecto del Canal Interoceánico, una megaobra de ingeniería valorada en 50.000 millones de dólares, concesionada a un empresario chino desconocido, Wang Jing. La construcción del Canal afectaría una amplia región de Nicaragua, lo que haría necesario expropiar miles de hectáreas en la zona, afectando a más de 30.000 personas. Militares del Ejército de Nicaragua han acompañado a los trabajadores chinos que realizan censos en la ruta canalera y se han encargado de resguardar intereses de la empresa china HKND, además de intervenir en operaciones de represión contra quienes se oponen al Canal, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Estas organizaciones también culpan al Ejército de estar involucrado en la explosión de una mochila bomba en el norte de Nicaragua, que dejó cuatro personas muertas. La explosión, según estos organismos, iba dirigida a supuestos hombres que se han levantado en armas contra el Gobierno de Ortega, aunque el Ejército ha negado la existencia de estos grupos. “Estamos viendo en Nicaragua los mismos métodos de inteligencia militar que se utilizaron en otras épocas para eliminar a los armados”, denunció Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).