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China emprende la peor ola de represión desde los años noventa

La detención de feministas se suma a la persecución de activistas pro derechos humanos y anticorrupción

El presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín en 2013.

La activista china Li Maizi planeaba hace un mes dedicar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, a repartir pegatinas contra el acoso sexual. Fue detenida por ello el 6 de marzo, junto con otras nueve compañeras. Cinco de ellas, incluida Li, permanecen bajo custodia policial. Su proyecto para crear conciencia ciudadana contra los oportunistas sexuales en el transporte público constituye, según la Policía, un intento de “provocar disturbios y crear problemas”, uno de los cargos más utilizados por el régimen chino contra los disidentes. Un régimen que desde la llegada al poder de Xi Jinping lleva a cabo la "persecución más grave de defensores de los derechos humanos desde mediados de los noventa", según China Human Rights Defenders (CHRD).

Para Li y sus compañeras, este fin de semana es clave. Acaba entonces el plazo que tiene la Policía china para solicitar que se presenten cargos formales contra ellas. Si continúan presas la semana que viene, supondrá un fuerte indicio de que la Fiscalía apoya el caso contra ellas y planea someterlas a juicio. El cargo de “provocar disturbios y crear problemas” puede acarrear cinco años de cárcel.

Las cinco Li Maizi; Wei Tingting; Wu Rongrong; Zheng Churan, y Wang Man forman parte de un pequeño, pero muy dinámico hasta ahora, círculo de activistas contra la discriminación femenina. Li, en particular, había encabezado imaginativas campañas para exigir más lavabos públicos para ellas o para denunciar la violencia de género.

Su detención no es un caso único en China, donde desde la llegada al poder de Xi Jinping, completada en marzo de 2013, se ha limitado el espacio para la sociedad civil, bien mediante el control de Internet, un endurecimiento de la censura en los medios de comunicación o una mayor atención al material que circula en las aulas.

Un informe de CHRD calculaba el mes pasado que en 2014 fueron detenidos 955 defensores de los derechos humanos, casi tantos como en los dos años previos juntos (1.160). Muchos fueron arrestados en dos momentos particularmente sensibles políticamente, en torno al 25 aniversario de Tiananmen en junio y durante las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong en otoño.

“El Gobierno de Xi ha reducido drásticamente el limitado espacio que quedaba para el activismo pro derechos humanos. Muchos activistas que trabajaban en áreas que previamente las autoridades no hubieran considerado sensibles, o menos amenazadoras desde el punto de vista político, encararon mayor acoso y persecución”, apunta el informe.

Causas diversas

  • Cao Shunli, de 50 años, fue detenida en 2013 en una protesta. Murió en un hospital militar hace un año.
  • Xu Zhiyong, de 42 años y líder de un movimiento anticorrupción, fue condenado a cuatro años en 2014 por "reunir a una masa de gente para alterar el orden público".
  • Ilham Tohti, uigur de 45 años y profesor de Economía en la Universidad de las Minorías de Pekín, fue condenado a cadena perpetua en septiembre.
  • Pu Zhiqiang, de 50 años, uno de los abogados más célebres del país, fue detenido en junio de 2014 por "obtener información sobre otros de manera ilegal".

Para Human Rights Watch se trata de "la peor represión desde los años noventa", apunta desde Hong Kong la investigadora de esta organización Maya Wang. Wang considera preocupante que la represión no solo abarque detenciones campañas similares de encarcelamientos ya se vivieron en años recientes, sino que tenga un carácter "exhaustivo", desde el papel de Internet a la libertad de expresión. Una serie de proyectos de ley en ciernes, sobre las organizaciones no gubernamentales o contra el terrorismo, podrían reducir todavía más el espacio disponible, según alertan los defensores de los derechos.

Wang atribuye desde Hong Kong este endurecimiento al temor de Xi, tras su llegada al poder, de que el Partido Comunista pudiera correr el peligro de “perder su control del país”, en especial a la luz de las revoluciones populares en países como Ucrania, Georgia o Egipto en los primeros años del siglo XXI. Mediante el aumento del control, opina, el régimen “reduce la capacidad de presionar al Partido allá donde el Partido no quiere ser presionado desde abajo”.

En la campaña han caído ya algunos de los defensores de los derechos humanos más prominentes del país, como el abogado Pu Zhiqiang, bajo custodia policial, o el profesor universitario Ilham Tohti, una de las voces más moderadas en defensa de los derechos de la minoría uigur y condenado el año pasado a cadena perpetua.

Este año no da ningún viso de mejorar. Además de las cinco mujeres, el mes pasado fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza Ou Shaokun, famoso activista cantonés contra la corrupción. Ou fue acusado de haber contratado los servicios de una prostituta, algo que él niega. Y en un caso con tintes surrealistas, en Xinjiang un hombre de la etnia uigur fue condenado a seis años de cárcel por dejarse crecer la barba, según informaron los medios locales hace una semana. Ante el escándalo que esa sentencia suscitó, las informaciones publicadas en los medios chinos al respecto fueron rápidamente censuradas.

Dos proyectos de ley preocupantes

Dos proyectos de ley que maneja el Gobierno chino han suscitado una preocupación especial entre los defensores de los derechos humanos: la propuesta de ley contra el terrorismo y la que regulará el funcionamiento de las ONG extranjeras.

El primero amenaza la libertad de religión y de expresión, así como los derechos de las minorías, según Amnistía Internacional. Aquellos que critiquen políticas gubernamentales o incluso practiquen su religión de manera pacífica podrían ser acusados de “extremismo”. Ha recibido críticas incluso del presidente de EE UU, Barack Obama. El texto prevé que las empresas tecnológicas proporcionen sus códigos de encriptación e instalen accesos a sus sistemas que las fuerzas de seguridad puedan utilizar en la investigación de casos de terrorismo.

El proyecto de ley sobre las ONG aún no se ha sometido a la consulta pública. Esta propuesta dejaría a las organizaciones no gubernamentales bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública, en lugar del mucho más débil Ministerio de Asuntos Civiles. Las organizaciones que quisieran fondos del extranjero —indispensables para su funcionamiento, dadas las dificultades para recaudar dinero públicamente en China— necesitarían el visto bueno previo del Gobierno.

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