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El Gobierno llama a consultas al embajador español en Caracas

Margallo responde a las "intolerables declaraciones" de Maduro y el voto contra González

En el lenguaje diplomático, la llamada a consultas (hacer regresar por tiempo indefinido al embajador propio acreditado ante otro Estado) es una forma enérgica de protesta. Está inmediatamente por encima de convocar al embajador (que es citar al representante diplomático de otro país acreditado en el propio para entregarle una nota verbal—es decir, escrita— de queja). Hasta ahora, el Gobierno del PP nunca había llamado a consultas a ningún embajador. Sí que lo había hecho el Ejecutivo de Venezuela, que llamó al suyo en octubre pasado y lo retuvo en su país durante cuatro meses. Pero España siempre se había quedado un paso atrás a la hora de escenificar su disgusto. Hasta ahora.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha anunciado esta mañana en el Congreso que ha decidido llamar a consultas al embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, ante la escalada de “declaraciones intolerables” contra España por parte de las autoridades venezolanas y, en particular, del presidente Nicolás Maduro.

Se refería a las últimas declaraciones de Maduro, quien acusó la pasada madrugada a Rajoy de pertenecer a “un grupo de bandidos, corruptos y ladrones”, de apoyar “a los terroristas de Venezuela” y de estar detrás de “la conspiración y tratar de derrocar al Gobierno democrático y legítimo” de su país. Además, la Asamblea Nacional venezolana decidió declarar persona non grata al expresidente español Felipe González, quien ha aceptado colaborar con la defensa legal del líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año. Se trata de una declaración política, pero que podría traducirse en que se vete su entrada en el país.

“Los calificativos que utilizan las autoridades [venezolanas] son absolutamente intolerables y, teniendo en cuenta el grado de irritación verbal de Maduro, he decidido llamar a consultas al embajador en Caracas”, ha anunciado Margallo.

El Congreso evita condenar el genocidio armenio

Venezuela y Turquía no son lo mismo. El pleno del Congreso aprobó el pasado día 15 una proposición no de ley que exige la inmediata liberación de los presos políticos venezolanos, origen de la última crisis con Caracas, pero no ha querido condenar el genocidio armenio, para no irritar a Turquía. La Comisión de Exteriores guardó ayer un minuto de silencio y su presidente, Duran Lleida, leyó una declaración institucional, pactada por los grupos, en la que se homenajea a “todas las víctimas, armenias y otras, que perdieron sus vidas durante los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Anatolia Oriental, entonces parte del Imperio Otomano, en 1915 y 1916”. La tibieza de esta declaración contrasta con la que aprobó el Parlamento Europeo, con el apoyo de los eurodiputados españoles, que instaba a Turquía a “reconocer el genocidio armenio”.

A primera hora de la tarde, la Oficina de Información Diplomática (OID) ha difundido un comunicado en el que expresa su "firme rechazo a la escalada de insultos, calumnias y amenazas dirigidas contra España y sus instituciones, contra el presidente del Gobierno español y contra los expresidentes Felipe González y José María Aznar" y califica de "especialmente intolerables las manifestaciones sobre un supuesto apoyo a actividades terroristas, que resultan particularmente ofensivas para un país como España que ha sufrido durante años la lacra del terrorismo". Agrega que el Gobierno español "ha deseado mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno de Venezuela" y que apoya los pronunciamientos de múltiples organismos internacionales (de la ONU a la OEA o el Parlamento Europeo) que "han venido expresando su preocupación por la situación en Venezuela".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ya convocó al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, el pasado día 15, ante los insultos de Maduro contra el presidente español, Mariano Rajoy, y las descalificaciones al Congreso de los Diputados, que aprobó una resolución pidiendo la liberación de los presos políticos venezolanos. Así que no podía repetir un gesto que se ha demostrado inútil —los insultos no solo no han cesado, sino que han subido de tono— y ha decidido elevar un grado el listón de la protesta.

Margallo ha sugerido que la “escalada verbal” de las autoridades de Caracas contra España es una cortina de humo para ocultar sus problemas internos, al señalar que ésta crece “a medida que aumentan las dificultades por las que pasa el pueblo” venezolano, hasta el punto de que las descalificaciones ya han afectado “al propio Congreso, al Gobierno y ahora a Felipe González”. Y ha subrayado que España se ha movido siempre, en sus relaciones con Venezuela, “en el marco de la legalidad nacional e internacional, de la cortesía y la institucionalidad”.

En pocas horas, una vez salvado el desfase horario, se espera la respuesta de Caracas, que podría aplicar el principio de reciprocidad, como hizo la semana pasada, y llamar a consultas a su embajador, o dar un giro de tuerca y elevar aún más la presión. El problema es que a la escala diplomática no le quedan muchos más peldaños antes de llegar a la ruptura de relaciones.

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