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Orbán indigna a la UE al abrir un debate sobre la pena de muerte

El primer ministro húngaro promueve una consulta sobre la inmigración irregular

Lucía Abellán
Viktor Orbán se dirige a la prensa el pasado febrero en Budapest.
Viktor Orbán se dirige a la prensa el pasado febrero en Budapest.ATTILA KISBENEDEK (AFP)

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vuelve a agitar la Unión Europea. El mandatario ultraconservador ha recibido este miércoles numerosas críticas por unas palabras deslizadas el pasado martes en una rueda de prensa: “Hungría debería mantener la pena de muerte en su agenda”. Asediado por la extrema derecha que gana peso en ese país, Orbán respondía así al reciente asesinato de una joven estanquera que ha sobrecogido al país.

“Para la Unión Europea, la pena de muerte no constituye jamás una respuesta”, se ha apresurado a responder el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Muchos eurodiputados han mostrado su indignación con las palabras de Orbán, que siempre ha desafiado a la UE con medidas que bordean o directamente transgreden principios básicos comunitarios. Apremiado por el ejemplo húngaro, el Ejecutivo comunitario puso en marcha el año pasado un proyecto para medir la calidad democrática de los Estados y poder imponer sanciones —incluso retirar a un país sus derechos de voto— si se detectan derivas autoritarias.

Las palabras de Orbán han sido objeto de debate en la Cámara de Estrasburgo. “Todo esto va en contra del derecho europeo, es la barbarie”, ha sentenciado el diputado socialista Jörg Leichtfried, lo que ha arrancado el aplauso de otros muchos, incluido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, según informa France Presse. El presidente de la Eurocámara, el socialdemócrata Martin Schulz, ha pedido entrevistarse con el líder húngaro para aclarar sus comentarios.

El responsable del grupo liberal, Guy Verhofstadt, ha apelado directamente al Partido Popular Europeo (PPE), del que forma parte Orbán, para que tome medidas. “Ya es hora de que los dirigentes del PPE se opongan a Orbán”, ha asegurado Verhofstadt en un comunicado. Sin querer pronunciarse directamente sobre el mandatario húngaro, el presidente del grupo popular en la Eurocámara, Manfred Weber, ha defendido que “en el seno de la UE, afortunadamente, la pena de muerte pertenece al pasado, eso no es negociable”.

La trayectoria del primer ministro húngaro genera malestar en la mayor parte de los partidos que integran el PPE, pero hasta ahora ninguno ha pedido públicamente su expulsión. Orbán se desmarcó hace unos meses del respaldo casi unánime —además de Orbán solo se opuso el primer ministro británico, David Cameron— que otorgaron los líderes de los Estados al nuevo presidente de la Comisión Europea en junio. Más allá de ese movimiento, su cercanía al presidente ruso, Vladímir Putin, y las controvertidas medidas que ha aplicado en su país (persecución de ONG, tasas confiscatorias a la prensa, intento de minar la independencia del banco central y sustitución de jueces por otros más afines) inquietan enormemente a las instituciones comunitarias.

Además de esa declaración de alto voltaje sobre la pena de muerte, el jefe de Gobierno húngaro utiliza también el debate migratorio para plantar cara a la oposición extremista de Jobbik. Orbán está promoviendo una “consulta nacional” para que los ciudadanos se pronuncien sobre aquellos inmigrantes “que abusan” de las reglas europeas de asilo. En las preguntas que ha lanzado a la población, el Gobierno incluye si respaldarían o no un internamiento de los inmigrantes “ilegales” en campos de trabajo.

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Orbán fue el único mandatario que no intervino en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el pasado jueves en Bruselas sobre la inmigración. Los líderes debatieron medidas de emergencia para hacer frente a los flujos de extranjeros que llegan por el Mediterráneo, pero Orbán no hizo uso de su turno de palabra, explican fuentes comunitarias que siguieron el encuentro.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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