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Noriega será juzgado por el asesinato de un opositor panameño

El exdictador de Panamá será enjuiciado junto a otros siete militares por la desaparición de Heliodoro Portugal

Noriega, durante su ingreso a prisión en diciembre de 2011.
Noriega, durante su ingreso a prisión en diciembre de 2011.R. A. (AFP)

Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño encarcelado desde diciembre de 2011, será enjuiciado a partir del 21 de mayo por la desaparición y muerte del sindicalista Heliodoro Portugal. La muerte del opositor ocurrió en 1970 en un misterioso episodio cuando el ahora degradado exgeneral comandaba el espionaje militar de la Guardia Nacional (GN) de Panamá y se había convertido en aliado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la lucha contra las guerrillas comunistas en América Latina y el Caribe.

Noriega, de 81 años y con un deteriorado estado de salud, será juzgado con otros siete exmilitares de ese país por el caso Portugal, cuyo cadáver fue hallado en 1999 en una excavación en un cuartel en el oriente de la capital por una Comisión de la Verdad que investigó asesinatos y desapariciones del régimen castrense que gobernó Panamá de 1968 a 1989.

Noriega y sus antiguos colegas de la GN —Melbourne Walker, Moisés Antonio Correa, Aquilino Sieiro Murgas, Pablo Garrido, Lucinio Miranda, Pedro Del Cid y Gabriel Correa— enfrentarán un “jurado de conciencia” que determinará sus responsabilidades, informó el periódico La Prensa, uno de los principales de la capital panameña.

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Portugal fue visto por última vez en una cafetería de la capital panameña el 14 de mayo de 1970, en una época en que Panamá era gobernada con mano dura por el general Omar Torrijos, convertido entonces en el hombre fuerte del país desde que encabezó un golpe de Estado contra Arnulfo Arias Madrid, presidente de turno, en octubre de 1968.

Noriega subió rápidamente en los estratos castrenses por su lealtad a Torrijos y de jefe militar del occidente pasó a ser jerarca del aparato de inteligencia, una posición en la que consolidó sus nexos con la CIA y condujo las operaciones represivas a los opositores en un país en el que los partidos políticos fueron disueltos o declarados en la ilegalidad.

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Tras la muerte de Torrijos en un misterioso accidente aéreo en 1981, Noriega avanzó en la estructura de la Guardia, venció a sus opositores internos y en 1983 asumió su jefatura para transformarla ese año en Fuerzas de Defensa de Panamá. En ese cargo se mantuvo hasta diciembre de 1989, cuando tropas de Estados Unidos invadieron el suelo panameño y le capturaron en enero de 1990 para trasladarlo a Florida y enjuiciarlo y condenarlo a 40 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico.

Después de la invasión estadounidense, Panamá instaló una Comisión de la Verdad que investigó las denuncias de represión por parte del régimen inaugurado por Torrijos en 1968 y sostenido por Noriega hasta 1989. La Comisión determinó que hubo al menos 110 asesinatos y desapariciones de opositores en esos 21 años, entre ellos el de Portugal.

La responsabilidad internacional del Estado de Panamá por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Portugal, así como la falta de investigación y la ausencia de castigo a los culpables y de reparación a sus familiares, fueron planteadas en 2001 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y en 2007 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José.

En 2008, la Corte declaró culpable al Estado panameño por desaparición forzada, por violar los derechos a la integridad personal, a la verdad y a la vida, así como garantías judiciales y procesales, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad personal y la protección judicial de Portugal y le condenó a pagar 190.000 dólares de indemnización a la familia. En 2009, el entonces presidente panameño Martín Torrijos, hijo del fallecido general, admitió la responsabilidad estatal en el caso Portugal.

Después de purgar pena en Estados Unidos, Noriega fue enviado en 2010 a Francia a cumplir otra condena de siete años por tráfico de drogas. En diciembre de 2011, en medio de negociaciones jurídicas internacionales entre Washington, París y Panamá, se le repatrió desde una celda parisina para que descontara 60 años de cárcel por la desaparición y muerte en 1985 del médico opositor panameño Hugo Spadafora, que le acusó de narcotráfico, y por una masacre de militares que se sublevaron en octubre de 1989 contra el exgeneral. 

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