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La negociación con Europa hipoteca los primeros 100 días de Tsipras

La dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo lastran la acción del Gobierno griego

María Antonia Sánchez-Vallejo
El primer ministro griego Alexis Tsipras, el pasado jueves en Atenas.
El primer ministro griego Alexis Tsipras, el pasado jueves en Atenas. Kostas Tsironis (Bloomberg)

Los 100 primeros días del Gobierno que dirige Alexis Tsipras han transcurrido por un callejón cuya salida se ha ido estrechando progresivamente, a medida que se hacía palpable la dificultad de alcanzar un acuerdo con los socios que permita a Grecia financiarse y cumplir con sus obligaciones, es decir, satisfacer el pago de una deuda que ya casi alcanza el 180% del PIB. La negociación con las instituciones antes conocidas como troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) ha hipotecado prácticamente toda acción de gobierno, de la aprobación de las primeras leyes en el Parlamento a las acciones ejecutivas, pasando por su política de comunicación o incluso sus relaciones exteriores.

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Transcurrido este periodo de gracia, y con el agobio del calendario en contra —la prórroga del rescate expira a finales de junio—, lo cierto es que Atenas está aún lejos de convencer a sus socios. Fuentes del Ejecutivo creen posible un acuerdo a lo largo de mayo o incluso en los primeros días de junio, pero mientras tanto las reservas se acaban, como dejó bien claro el decreto por el que el Gobierno ordenó hace dos semanas la transferencia de fondos de emergencia de empresas públicas y entidades locales al Estado, vía Banco de Grecia, para afrontar los pagos pendientes a corto plazo. Sólo este mes, Atenas debe devolver cerca de mil millones de euros al Fondo Monetario Internacional, por no hablar del desembolso de pensiones y salarios de funcionarios, estimado en 1.400 millones.

Por eso, por la imperiosa necesidad de lograr un acuerdo, el primer ministro, Alexis Tsipras, y su número dos, el vicepresidente Yanis Dragasakis, han asumido un papel mucho más ejecutivo en el proceso. Tsipras conversó este martes por enésima vez con la canciller alemana, Angela Merkel, y la directora del FMI, Christine Lagarde, mientras que Dragasakis viajó a Fráncfort para entrevistarse con el responsable del Banco Central Europeo, Mario Draghi, una reunión que fue calificada de constructiva por fuentes gubernamentales griegas. El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, teóricamente marginado de las negociaciones pero que representará a su Gobierno en el Eurogrupo del 11 de mayo, hizo lo mismo en Bruselas con el comisario de Economía, Pierre Moscovici.

La capacidad real de maniobra del Ejecutivo griego es limitada debido a tres factores: el primero, la propia falta de liquidez, pero también la condición expresa impuesta por el Eurogrupo de que ninguna de sus políticas tenga impacto fiscal —por ejemplo, el paquete de medidas para afrontar la crisis humanitaria, o la reapertura de la televisión pública, que se financia a través de un canon de tres euros en la factura de la luz—, y, en último lugar, las cuatro líneas rojas de Syriza, que teóricamente están haciendo encallar el diálogo con los socios: la reforma del mercado laboral (Atenas quiere restablecer la negociación colectiva); las pensiones (donde los socios plantean posibles recortes), la subida del IVA en las islas, que hasta ahora gozan de una tasa reducida y que el Eurogrupo demanda, y, en fin, las privatizaciones.

En una concesión forzosa —el Gobierno, al tomar posesión, afirmó que se suspendían todas las privatizaciones en curso—, el propio Tsipras anunció hace una semana que la del 51% del puerto del Pireo y la de 14 aeropuertos regionales, iniciadas por el Ejecutivo anterior, seguirá adelante. Hay otros importantes paquetes en juego, como la venta del antiguo puerto de Salónica, la compañía de ferrocarriles, o la concesión a una empresa canadiense de una importante mina de oro en el norte, que también pueden ser objeto de negociación.

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El cruce o no de esas líneas rojas no sólo marcará una eventual derrota de Syriza, en el sentido de renunciar a promesas que constituían ejes principales de su programa, sino también un probable desgarro en el seno del partido, en el que el ala izquierda (alrededor del 30% de los delegados y dirigentes de Syriza) se muestra intransigente ante cualquier concesión o renuncia programática. “A Tsipras le sigue la mayoría del partido, pero es tiempo de que tome decisiones más radicales. Él es quien debe decidir cuándo terminar las negociaciones con los socios. La situación es complicada porque la mayoría de la gente, según las encuestas, quiere un acuerdo con el Eurogrupo a cualquier precio, mientras que una facción de Syriza puede provocar una crisis política votando en contra de ese acuerdo”, señala el analista Stavros Psijaris. “La cuestión, pues, enfoca ahora a esa facción, a si asume la responsabilidad de un ‘default’ o finalmente acepta que las cosas se han decidido en su contra”. En esa línea de confrontación interna cabe interpretar también la propuesta de Alexis Tsipras de convocar un referéndum si un hipotético acuerdo con los socios implicara el cruce de esas líneas rojas.

La última encuesta muestra que la mayoría de los griegos quieren seguir en el euro aunque eso suponga firmar un nuevo rescate. El 66,5% defiende la moneda única frente al 27% que prefiere volver a la dracma; aún más, el 55,5%, frente al 35%, apoya seguir en la eurozona aún a costa de un tercer paquete de ayuda, según un sondeo de la Universidad de Macedonia para la televisión Skai hecho público este martes.

Un claro posibilismo ha marcado pues las acciones de gobierno. La propuesta de aumentar el sueldo mínimo hasta los 751 euros, el importe anterior a la crisis, desde los 585 actuales, se ha convertido en progresiva, mientras el Gobierno se ha centrado en dar la batalla contra la corrupción, el fraude fiscal y el contrabando. En esta línea —en el marco de las estrechas negociaciones con Suiza para hacer aflorar los depósitos no declarados al fisco griego— se inscribe la propuesta hecha al vuelo la semana pasada por el ministro Varoufakis de otorgar una amnistía fiscal a los griegos que regularicen sus cuentas con el Estado.

Junto a importantes medidas en política interior, como el cierre de los centros de detención de extranjeros o de las cárceles de máxima seguridad, en la nueva política exterior griega destaca el acercamiento de Atenas al Kremlin, que ha suscitado una indudable inquietud entre los socios europeos. Al margen de tradicionales lazos históricos y culturales —y de un futuro de estrecha colaboración energética, ya que el trazado del Turkish Stream (antiguo oleoducto South Stream) pasará por el norte de Grecia—, Atenas ha incrementado también sus relaciones con China —que ya dispone de dos terminales de carga en el puerto del Pireo y quiere convertir a Grecia en la puerta de su nueva Ruta de la Seda—, con Egipto, Israel y Chipre. La cooperación energética, pero también indudables cuestiones de seguridad en el convulso Mediterráneo oriental, están detrás de estos movimientos.

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