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La justicia declara ilegal el espionaje masivo de la NSA

Un tribunal de apelaciones declina bloquear el programa de datos telefónicos porque el Congreso tiene que renovarlo el 1 de junio

Sede de la NSA, a las afueras de Washington.
Sede de la NSA, a las afueras de Washington. AP

La justicia se adentró este jueves de lleno en el debate legislativo sobre cuál debe ser el alcance del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas inglesas) de Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York declaró ilegal el programa de recopilación de llamadas telefónicas de la NSA al considerar que no fue aprobado por el Congreso.

Es el mayor revés judicial a la NSA desde que el exanalista Edward Snowden destapase hace casi dos años los largos tentáculos de la Agencia, lo que forzó al Gobierno de Barack Obama a proponer límites al escrutinio ante la indignación de parte de la opinión pública y de varios países aliados que descubrieron que habían sido espiados.

En su sentencia, el panel de tres jueces del Segundo Circuito del Tribunal Federal de Apelaciones determina que la Patriot Act —la ley aprobada tras los atentados del 11-S de 2001— que permitía al FBI recopilar datos con fines antiterroristas no se puede interpretar como una autorización a la NSA para un almacenamiento masivo de metadatos (información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo) de todas las llamadas telefónicas en EE UU.

Es el mayor revés judicial a la NSA desde que el exanalista Edward Snowden destapase hace casi dos años los largos tentáculos del espionaje

Pero la decisión no implicará ningún cambio inmediato. Los magistrados declinaron bloquear el programa alegando que tendría poco sentido hacerlo dado que la sección 215 de la Patriot Act que lo autoriza caduca el próximo 1 de junio y el Congreso está en pleno debate sobre su renovación o modificación. “Consideramos prudente permitir la oportunidad de debate en el Congreso que puede alterar profundamente el paisaje legal”, reza el fallo.

La doctrina judicial no entra en el alcance del espionaje telefónico —los jueces rechazaron abordar si vulnera la Constitución y devolvieron el caso al tribunal anterior que había considerado legal el programa— sino en su indebida autorización. “Si el Congreso escoge autorizar un programa tan sin precedentes y de largo alcance, tiene oportunidad de hacerlo, y de un modo sin ambigüedades”, sostiene la sentencia, lo que parece legitimar tanto a los partidarios de endurecer el espionaje como a los detractores.

“Estoy encantado. Es muy alentador”, valora por teléfono J. Kirk Wiebe, uno de los primeros filtradores de la NSA. Tras jubilarse en 2001, denunció, junto a dos veteranos exanalistas, que la Agencia tenía cada vez más acceso a datos personales, pero lograron poca atención y fueron perseguidos en la justicia.

Estoy encantado. Es muy alentador”

J. Kirk Wiebe, uno de los primeros filtradores de la NSA

Wiebe sostiene que el sistema judicial es la única “esperanza” para desmantelar el almacenamiento masivo y limitarlo a personas investigadas. Cree que la sentencia —unida a los fallos discrepantes anteriores— allana el camino para que el debate sobre la constitucionalidad de la NSA llegue al Tribunal Supremo.

El Tribunal Federal de Apelaciones es el de mayor rango que analiza el programa de la NSA, que desde 2006 ha sido aprobado en secreto repetidamente por una corte de seguridad nacional. La sentencia, en respuesta a una demanda impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles tras las revelaciones de Snowden, anula el fallo opuesto de 2013 de otro tribunal de menor rango. 

La incógnita es qué impacto tendrá la sentencia en el debate en el Congreso —de mayoría republicana— sobre el espionaje telefónico. La Cámara de Representantes parece cerca de aprobar la semana que viene una ley que haría que el Gobierno deje de recopilar llamadas -lo harían las compañías telefónicas- pero preservaría la capacidad de analizar lazos entre personas con fines antiterroristas. Pero el líder del Senado se opone, como ya sucedió con una propuesta similar en noviembre cuando consideró que limitaba la vigilancia de terroristas.