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Venezuela y Cuba continúan en la lista negra de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe anual, en el que mantiene a Venezuela y Cuba en el Capítulo IV, su "lista negra"

Los presidentes Nicolás Maduro y Raúl Castro en La Habana el 1 de mayo EFE

Cuba y Venezuela repiten una vez más en la lista negra que cada año elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que vigila el respeto de los derechos humanos en el continente americano. Los dos países son los únicos remanentes en el apartado B del Capítulo IV de su informe anual tras la salida este año de Honduras, gracias a la visita al país que realizó la Comisión en 2014. Esta es una de las vías para salir de esta lista negra que suele despertar las protestas de los países incluidos. Honduras entró en 2009, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Hasta 2012, también Colombia formaba parte de ella.

Los motivos para la permanencia de Cuba -que no reconoce a la CIDH aunque técnicamente sigue estando bajo su jurisdicción- y Venezuela -que lleva años clamando contra este organismo- apenas varían pese a los intensos acontecimientos vividos en ambos países en 2014.

En su repaso de la situación cubana, la CIDH reconoce y saluda -como lo hizo en su momento- el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos iniciado el 17 de diciembre.

Pero considera que pese a ello, en 2014 no varió sustancialmente la situación de “restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento” que durante décadas han conformado “una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes de Cuba”.

“Esas violaciones persisten, acompañadas de una grave represión de los defensores de derechos humanos y las restricciones a su trabajo”, lamentó la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine.

En este sentido, la CIDH vuelve a hacer votos porque el nuevo rumbo iniciado con EE UU -al que también sigue recriminando el embargo contra la isla- sirva para que haya “mayores medidas de apertura a la presencia internacional en el país incluyendo a órganos de supervisión de derechos humanos, con miras a lograr avances concretos para la protección de sus habitantes”.

En Venezuela mientras tanto, la CIDH hace entre otros un extenso repaso a las protestas sociales que estallaron en febrero del año pasado y a la respuesta de las autoridades. Mención especial recibe el encarcelamiento de líderes de la oposición como Leopoldo López, quien un año más tarde sigue en prisión y a quien la Comisión ha concedido medidas cautelares, al igual que a otro de los políticos detenidos en el marco de las manifestaciones, Daniel Ceballos.

“La coyuntura registrada en Venezuela en 2014 da cuenta de una delicada situación de violencia que exige de las autoridades estatales una respuesta apegada a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, subraya el informe. Eso, continúa, “hace indispensable que existan las garantías suficientes para que todos los sectores de la población, sin distinción por inclinación política, puedan expresarse libremente en condiciones de igualdad y seguridad”.

Entre sus numerosas recomendaciones al Estado venezolano, la CIDH pide que se “garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno”. Es fundamental además “adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”, así como “abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”. También se debe “garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica”, recomienda la CIDH.

Aunque el informe de la CIDH es muy extenso y analiza la situación de los derechos humanos en todos los países, es la lista negra la que más ampollas suele levantar.

De hecho, las críticas no se hicieron esperar. Carmen Velásquez, la representante alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) donde fue presentado este jueves el informe, rechazó las conclusiones de la CIDH y calificó de “muy preocupante” el hecho de que solo Cuba y Venezuela estén aún en la lista negra.

“Hay todo un manejo de presión para que Venezuela y Cuba se mantengan en el Capítulo IV, esto evidencia el carácter eminentemente político de la inclusión de estos países en el informe y contradice la afirmación de que la Comisión es autónoma”, sostuvo.

Tras la reforma de la Comisión aprobada hace dos años, el Capítulo IV se divide en dos apartados. El “B” sigue constituyendo la clásica lista negra de la institución, mientras que el “A” realiza un repaso a los aspectos que más preocupan a la Comisión en la región. En esta ocasión, la inquietud de los comisionados se centra en cuatro aspectos: seguridad ciudadana, discriminación por motivo de nacionalidad -con el caso específico de República Dominicana y los ciudadanos de ascendencia haitiana-, discriminación por motivo de origen étnico o racial y la situación de migrantes.

En cuanto a seguridad, destacan casos como el de Iguala en México, con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en un caso aún no resuelto y en el que la CIDH ayudó a conformar un grupo de expertos independientes que están estudiando la situación.

Estados Unidos también recibe en este acápite una recriminación, especialmente por los casos de brutalidad policial con sesgo racista -y la militarización policial- que abundaron en 2014 y que desataron fuertes protestas a partir de la muerte por los disparos de un policía blanco del adolescente negro desarmado Michael Brown en Ferguson, Misuri.

Aunque la CIDH se dice “complacida” con las iniciativas norteamericanas para buscar soluciones a este problema, “todavía queda mucho por hacer”, subraya la Comisión, que "insta a este Estado y a otros de la región a que continúen y amplíen los estudios y las medidas para eliminar el control policial con sesgo racista”.

Antoine, de hecho, anunció este jueves que, a pesar de los problemas de financiación afrontados, la Comisión ha comenzado formalmente un Informe sobre Justicia Criminal y Raza en EE UU que analizará los diversos casos surgidos en los últimos tiempos en el país y formas para prevenir una situación que la institución considera “muy preocupante”.