Tozudez que cuesta vidas

Se trató de un acto más en el que la tozudez se impuso a la razón cuando una Comisión del Congreso peruano archivó —sin mayor debate—, la propuesta legislativa de despenalizar el aborto en casos de violación. Siguiendo una iniciativa ciudadana, presentada el año pasado, por más de 64.000 personas, al Congreso no le quedó otra cosa que poner el tema en agenda luego de darle largas durante más de seis meses.

En nombre de “la vida” en abstracto se mantuvo la persecución penal al aborto, que tantas miles de vidas concretas viene cobrando. Se impuso, otra vez, una perspectiva anclada en los más conservadores rincones del oscurantismo. No se trata de estar a favor o en contra del aborto. Es más, creo que difícilmente alguien puede estar a favor del aborto o que haya una sola mujer en el mundo que haya ido feliz a practicárselo. Se trata de un asunto esencialmente de ponderación y equilibrio de derechos en tensión.

Está demostrado que la persecución penal al aborto pone en peligro todos los días la vida de no menos de 3.000 mujeres latinoamericanas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha constatado que hay una relación directa entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres: alrededor del 13% de las muertes maternas en el mundo se producen por el aborto no seguro al que conduce la criminalización. Se estima que no menos de un millón de mujeres son hospitalizadas anualmente en Latinoamérica para ser tratadas por complicaciones por abortos inseguros.

Si de lo que se trata es de proteger el derecho a la vida, está demostrado que la persecución penal al aborto pone en peligro todos los días la vida de no menos de 3.000 mujeres latinoamericanas, especialmente pobres, que han tenido que practicarse un aborto inseguro por falta de otras opciones. Con todo lo que ha evolucionado democráticamente Latinoamérica, la legislación vigente en la mayoría de países sobre este tema sigue siendo retrógrada y, en especial, indiferente al terrible impacto que tiene en la vida de millones de mujeres.

Cuando se está ante una mujer cuyo embarazo se ha producido por una violación, esa mujer tiene una doble condición de víctima. La niña-madre, violada por su padrastro, que en Paraguay ha motivado tanta discusión —pero ninguna solución—, es un caso más entre muchos miles ya que Latinoamérica es la segunda región con más maternidad infantil después de África. No tener eso en cuenta para viabilizar el aborto en casos de violación es una barbaridad.

Cuando el 95% de países en el planeta permite el aborto, siete de los nueve países que lo criminalizan en términos absolutos están en Latinoamérica

Pero no se trata sólo de esos casos límite. Cuando el 95% de países en el planeta permite el aborto —al menos cuando la vida de la mujer corre peligro—, siete de los nueve países que lo criminalizan en términos absolutos están en Latinoamérica. En otros ocho se permite en casos de violación (Brasil, Panamá y algunos estados de México) y sólo en seis el aborto, en general, es legal. La paradoja es que quienes sostienen ideológicamente el inmovilismo en esta materia suelen ser las mismas corrientes que se oponen a programas masivos de prevención del embarazo no deseado (anticonceptivos, píldora del día siguiente, etc) con lo que se cierra una siniestra tenaza en la que las evidencias importan poco y se acaba victimizando a millones de mujeres.

Latinoamérica debe ponerse al día. Se debe fortalecer los programas que mejoren el conocimiento y acceso de métodos anticonceptivos así como asegurar una aplicación firme de la ley en casos de violación. Pero ante los masivos abortos inseguros, es también una obligación de la sociedad desactivar la bomba de tiempo de la criminalización. Los legisladores que con su pasividad o participación activa permiten que se mantenga este status quo acaban siendo, por acción u omisión, responsables de los graves efectos que este tiene sobre los derechos de la mujer.