El proceso legislativo para celebrar el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea no ha hecho más que empezar, y ya se ha escenificado un motín entre los diputados conservadores que respaldan al nuevo Gobierno de David Cameron. Un Ejecutivo con mayoría absoluta, pero de solo 12 escaños, más frágil por tanto que el anterior Gabinete de coalición. La Cámara de los Comunes aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza la celebración de la consulta antes del final de 2017, y varios diputados tories acusaron al primer ministro de tratar de amañarlo a su favor, al permitir que el Gobierne utilice dinero del contribuyente para apoyar su postura durante la campaña.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno elimina el tradicional periodo, previo a una consulta electoral, durante el cual el Gobierno no puede realizar acciones que favorezcan a una u otra parte. La Comisión Electoral, el organismo independiente que regula los comicios, ya se mostró “preocupada” por la medida. Pero el ministro de Exteriores, Philip Hammond, la defendió durante la mañana. El Gabinete mostrará “una adecuada contención”, aseguró, pero resultaría “poco factible e inapropiado” pretender que el Gobierno no publique material relativo a asuntos relacionados con el referéndum. El canciller del Exchequer, George Osborne, planea publicar diferentes estudios sobre el impacto económico de una salida de la UE, a la manera en que lo hizo en las semanas previas al referéndum escocés.

El veterano diputado conservador y euroescéptico Owen Paterson, exministro de Medio Ambiente, atacó los planes del Gobierno calificándolos de “tonterías”. “Si el pueblo británico siente que no ha sido justo, si creen que ha sido amañado, el resultado no será legítimo”, advirtió. En el mismo sentido se pronunció su compañero de grupo Peter Bone. “A la gente le puede preocupar que el Gobierno utilice el aparato del Estado para beneficiar una opción, en lugar de dejar las mismas oportunidades a las dos partes”, declaró.

Las críticas también vinieron de escaños menos euroescépticos, como el que ocupa el ex fiscal general Dominic Grieve, diputado tory que previsiblemente votará por permanecer en la UE. “La ley puede transmitir la impresión de que el Gobierno trata de trucar los dados”, señaló, “y eso es algo que debe evitarse”.

Los laboristas, que con toda probabilidad harán campaña por permanecer en la UE pero anunciaron hace unas semanas que no tratarían de impedir la celebración del referéndum, apoyaron la postura del ministro del Foreign Office. “Estoy de acuerdo con Hammond en este punto”, dijo el portavoz de Exteriores Hilary Benn. “Creo que una vez que el Gobierno se decida por una opción, está autorizado a explicar a los británicos cuál es su postura. Y desde luego tendrá que explicársela a algunos miembros del propio Gobierno”.

Al menos 50 diputados conservadores desafiaron a Cameron este domingo al sumarse a la plataforma Conservadores por Gran Bretaña, que luchará por que el país salga de la UE si el primer ministro no logra las reformas que pretende. Cameron se comprometió a renegociar los términos de la relación de Reino Unido con Bruselas antes de someter el nuevo estatus a referéndum. En la pasada cumbre del G7, Cameron sugirió que no permitiría a los miembros de su Gobierno hacer campaña por el no, y después rectificó señalando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Boris Johnson, alcalde de Londres y diputado del nuevo Parlamento, ha sido el último en pedirle que dé libertad de votos a sus ministros.