El Parlamento francés da su apoyo final al espionaje sin control judicial

La controvertida ley francesa de servicios secretos, que permite el rastreo masivo de datos telefónicos y cibernéticos sin control judicial, cuenta ya con el apoyo final del Parlamento. La Asamblea Nacional ha aprobado este miércoles las enmiendas de última hora de la polémica norma, considerada “esencial” para el Gobierno y “liberticida” para sus detractores como diversas organizaciones de derechos humanos.

El debate ha coincidido con el escándalo surgido tras la confirmación de que los máximos dirigentes franceses, incluidos los tres últimos presidentes, han sido espiados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense. Sus críticos comparan la ley con la Patriot Act estadounidense, que tras los atentados del 11-S amplió las competencias de las agencias de información. Para tranquilizarlos, el presidente François Hollande ha anunciado que enviará el texto legal para su examen al Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la nueva ley, nacida poco después de los ataques yihadistas de enero pasado en París, las operadoras de telecomunicaciones, los buscadores o las redes sociales deberán instalar una especie de cajas negras para detectar cualquier comportamiento sospechoso. Los datos así obtenidos serán transmitidos automáticamente a los servicios de información para su análisis.

Los agentes franceses, hasta ahora no cubiertos por ley en muchas de sus prácticas, podrán emplear los sistemas denominadas Imsi Catcher. Con ellos, se pueden captar y registrar los datos de teléfonos u ordenadores de los sospechosos y de todos los que se encuentren a su alrededor. También podrán utilizar, ahora legalmente, micrófonos ocultos en lugares privados o balizas para seguir automóviles. Asimismo, podrán entrar en domicilios particulares si lo consideran necesario.

Solo los comunistas y ecologistas se han opuesto a la norma criticada también por organizaciones de defensa de derechos humanos

En el último momento, la Asamblea ha eliminado una cláusula introducida la semana pasada por iniciativa socialista, según la cual los extranjeros de visita en Francia podían ser espiados con la sola autorización del primer ministro.

Las solicitudes para realizar las prácticas de espionaje las podrán hacer los ministros de Defensa, Economía, Finanzas, Justicia e Interior. Las peticiones serán enviadas a una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (cuatro parlamentarios, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un informático). Si no ve obstáculos, la Comisión enviará las solicitudes al primer ministro, que tendrá la última palabra.

El sindicato de la magistratura, organizaciones de defensa de derechos y libertades o incluso el Defensor de Derechos de Francia, Jacques Toubon, han expresado su rechazo o sus reservas a la norma.

En la Asamblea Nacional, tanto el Gobierno como los principales grupos parlamentarios han defendido que la nueva ley es “urgente y necesaria” para luchar contra el terrorismo y que respeta los derechos de los ciudadanos. Solo los portavoces de los comunistas (15 escaños de un total de 577) y los ecologistas (18) han criticado la norma. Entre los primeros, Jean-Jacques Candelier ha asegurado que la ley supone “un retroceso democrático” y que funcionará incluso como “un cerrojo contra la revuelta ideológica”. Para la ecologista Isabelle Attard, la ley encierra “la misma doctrina” que ha aplicado el espionaje estadounidense.