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El fondo de privatización, símbolo de la capitulación helena contra el ‘Grexit’

Los socios exigen a Atenas medidas adicionales y la participación del FMI

A cambio, ofrecen alivio de deuda e inversiones

Angela Merkel, durante su intervención tras lograrse el acuerdo. REUTERS

Cuando los jefes de Estado y de Gobierno llevaban más de 12 horas reunidos, un elemento estuvo a punto de arruinar la negociación. El controvertido fondo de privatizaciones enfrentó duramente a la canciller alemana, Angela Merkel, con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Estas son las claves de ese instrumento y del resto de medidas exigidas a Grecia como precio para mantenerse en el euro.

Fondo de activos. Se trata de una idea alemana que data de 2011 y que se aplicará ahora en Grecia. Con el fin de hacer menos oneroso el rescate y de garantizar con activos la reducción de la deuda griega (un 177% del PIB), Berlín propuso un fondo al que Grecia debería transferir todos sus activos susceptibles de ser privatizados. En una primera versión del texto, proporcionada por los ministros de Finanzas de la zona euro, figuraba que ese fondo se localizase en Luxemburgo, se dotara con 50.000 millones de euros y sus ganancias se destinaran a la reducción de la deuda.

Para lograr el visto bueno —aunque a regañadientes— de Tsipras, se suavizó la redacción para que la mitad de ese instrumento fuese a recapitalizar los bancos, otro 25% a reducir deuda (pero medida sobre el PIB, lo que facilita el descenso si el país crece) y otro 25% a inversión productiva. Está por ver, eso sí, cuántos activos será capaz de aglutinar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó en la eurocumbre dudas de que pudiese captar más de 7.000 millones de euros. El fondo se quedará en Atenas, aunque “bajo la supervisión de las instituciones europeas relevantes”, aún por decidir.

El FMI a bordo. Atenas no ha logrado prescindir de esta institución, considerada más estricta que Europa para negociar, aunque también ha sido la primera en hablar de los riesgos de sostenibilidad de la deuda griega. La primera página del texto pactado este lunes establece que Grecia pedirá “continuo apoyo al FMI, supervisión y financiación, desde marzo de 2016”. El Fondo está dispuesto a volver a ayudar a Grecia.

Pensiones y otras urgencias. Tsipras se ha comprometido a legislar el 15 de julio para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, la reestructuración del IVA, la independencia de la oficina estadística griega y los recortes de gasto en caso de incumplimientos presupuestarios. El 22 de julio debe tener listas otras dos normas: una para agilizar la justicia y otra para trasladar a las normas helenas el marco europeo de resolución bancaria.

Mercado laboral. Grecia se compromete a aplicar “una revisión rigurosa y una modernización de la negociación colectiva” y de los despidos. Esa cesión probablemente difiere del deseo que manifestó Syriza al llegar al poder de restituir la negociación entre empresas y trabajadores (muy mermada por reformas anteriores) y de endurecer el despido.

• Sector financiero. Es una de las claves para Grecia por la debilidad de su banca, agravada por el corralito. Sobre el papel figuran medidas como actuar contra los préstamos impagados y evitar “las interferencias políticas” en el sector. En la práctica, fuentes europeas explican que Grecia podrá obtener más margen si aplica rápidamente las reformas requeridas. Recibiría así liquidez de los beneficios que los bancos centrales obtienen al operar con deuda griega y podría emitir más letras del Tesoro a corto plazo.

Deuda e inversión. Son las dos principales concesiones a Grecia y las que Tsipras empleará para convencer a su país de que el acuerdo merece la pena. Los socios mencionan por escrito, por primera vez en este proceso, la posibilidad de reestructurar la deuda, pero excluyen expresamente la quita. Solo habrá alargamiento de los plazos de pago y mayores periodos de gracia. Nada de ello ocurrirá antes de que Bruselas haga la primera revisión de las reformas comprometidas por Grecia.

Respecto a las inversiones, la Comisión Europea desembolsará 35.000 millones de euros en un máximo de cinco años para fomentar el crecimiento y el empleo. El grueso de esa cantidad, no obstante, corresponde a partidas ya previstas para Atenas bajo los programas comunitarios.

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